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$6.000 millones en títulos públicos para pagar deudas

El gobierno provincial lanzó un programa de pago de las deudas, principalmente en obras públicas, pero a los empresarios no les cierra la del todo la idea.

Omar Perotti formalizó la segunda operación de deuda desde que asumió, esta vez por 6.000 millones de pesos, que se suma a los 5.000 millones que le prestó el agente financiero a fines de marzo. En este caso, las herramientas de financiamiento elegidas son títulos de deuda (hasta 4.500 millones) y cheques de pago diferido (hasta 1.500 millones) que irán a manos de acreedores del Estado provincial que arrastran atrasos de cobro de hasta 10 meses en algunos casos. El grueso se concentra entre certificados de obra pública y proveedores de insumos de internet, librería, alimentos, entre muchos otros rubros.

La emisión títulos y cheques destinados a la “renegociación de contratos públicos y la cancelación de deuda consolidada y flotante al 31 de diciembre de 2019” consta en el decreto 415 del martes pasado, sobre el cual el gobierno provincial no informó a la prensa a pesar de la trascendencia del asunto. Tampoco hubo funcionarios que accedieran a dar información oficial

 

La operación

Los que se lleven títulos recibirán el pago de un interés trimestral (a tasa Badlar o un tope de 40%) por el monto de la acreencia. Y el capital se lo cancelarán en 8 cuotas, también trimestrales, con lo cual el plazo de amortización total del capital será de 24 meses. Hay un detalle: el decreto indica que la primera cuota “no puede ser anterior al 31 de diciembre de 2020”. Significa que no habrá pagos este año.

El decreto fue el primer paso, el salvoconducto que necesitaba el ministro de Economía Walter Agosto para pedirle autorización a Nación para emitir los bonos de deuda. Se descuenta que no habrá contratiempos y que a corto plazo la Secretaría de Hacienda de la Nación sacará la resolución que habilita la operación.

Una vez que eso ocurra, viene la siguiente etapa, en la que el Ministerio de Hacienda debe reglamentar el procedimiento. Se espera en ese sentido una negociación de la letra chica con los acreedores y el detalle de algunos plazos que no están del todo claros.

 

Fin de la discusión

El decreto con las firmas del gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía Walter Agosto da por cerrada la discusión sobre el nivel de deuda que heredó Perotti. A pesar de que en el fragor del debate por la ley de emergencia algunos funcionarios del gobierno llegaron a hablar de hasta de 29 mil millones, la cifra final se aproxima más a los 4.500/5.000 millones que reconoció el Frente Progresista.

Los 6.000 millones que dispuso Perotti en esta operación de deuda es el monto máximo autorizado por la Legislatura el 31 de marzo pasado para cancelar pasivos con contratistas y proveedores, sobre un total de 57 mil millones de pesos con diferentes destinos, incluidos los 15 mil millones de crédito que puede tomar para atender la emergencia suscitada por el coronavirus.

Los dos grandes grupos acreedores del Estado santafesino son los contratistas de obra pública y los proveedores de insumos médicos. Estos últimos no quedan comprendidos en esta operación de cancelación de deuda ya que sus acreencias habían comenzado a ser regularizadas ante la irrupción de la pandemia.

 

Empresarios enojados

Varios fueron los empresarios que se expresaron en las últimas horas en referencia a este tema y remarcan la “falta de diálogo” a la hora de tomar la decisión.

“Pagan a dos años, en 8 cuotas trimestrales. El IVA de lo facturado queda descalzado. Habría que ver los intereses devengados hasta la fecha de corte y los valores de mercado de los títulos y las transferencias de los títulos. En caso de las UT según Caja de Valores que no pueden ser titulares de Títulos Públicos (porque no es Personería Jurídica) habría que ver cómo se instrumenta, quizás a las empresas miembro. En obras finalizadas hay que ver cómo cerrar la UT”, comentó a ReconquistaSF uno de los empresarios de la región que espera cobrar al gobierno por obras que quedaron adeudadas.

“Lo más grave es el estilo autoritario y carente de consensos mínimos y cómo resolver cuestiones que se susciten habla de un estilo de gobierno”, finalizó.

 

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