Primer pedido de quiebra para Vicentín

La firma Gagliardo Agrícola Ganadera ingresó la solicitud en el juzgado Civil y Comercial 14 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Quaglia.

Poco después del mediodía de este jueves ingresó en los tribunales de Rosario el primer pedido de quiebra contra la empresa Vicentín, que realizó la firma Gagliardo Agrícola Ganadera en el juzgado Civil y Comercial 14, a cargo del juez Marcelo Quaglia.

Es el primer pedido de quiebra que afronta Vicentín desde que entró en cesación de pagos el 4 de diciembre pasado, debido, según informó la propia compañía que nació hace 90 años en Avellaneda, norte de Santa Fe, a una situación de “stress financiero”.

La firma Gagliardo Agrícola Ganadera tiene su sede central en Pérez, Santa Fe, pero nació en la Patagonia en un rubro distinto como es la construcción y las obras viales. A mediados de los años 70 se trasladaron a la provincia de Santa Fe, donde “fundaron en el año 1978, Obring S.A., continuación de Ecovial S.R.L, constructora fundada en la Patagonia”, según información institucional de la firma.

Este miércoles Vicentín emitió un comunicado para rechazar las versiones que circulaban sobre la posibilidad de que la empresa se presente en concurso de acreedores. Incluso, señalaron que la propuesta realizada a sus acreedores comerciales para saldar la deuda que la empresa mantiene con ellos “ha cosechado un gran número de adhesiones”, y aseguró que inició conversaciones con el Banco Nación.

Durante los últimos días se fueron sumando presentaciones en los tribunales de Rosario contra Vicentín. Once empresas, en su mayoría correacopios, entre ellas BLD, que es la más grande, presentaron cautelares para exigir el pago de las deudas que Vicentín tiene con ellos.

Las presentaciones recayeron en distintos juzgados, por lo que probablemente luego sean unificadas en una causa en un juzgado en particular. Pero ahora la presentación de este pedido de quiebra altera aún más la perspectiva de futuro de Vicentín, que afronta una deuda de más de 1.300 millones de dólares.

El principal acreedor de Vicentín es el Banco Nación, que otorgó durante la última década créditos millonarios a la empresa que el 4 de diciembre entró en default.

Las plantas de la empresa en San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda están paralizadas, porque la firma no está operando. Hace dos semanas la propia empresa admitió que negociaba empezar a reactivar las plantas para procesar girasol, con la modalidad fason, pero las negociaciones se cayeron.

Los 2.000 trabajadores que se desempeñan en las plantas de San Lorenzo y Ricardone, donde está el eje del negocio agroindustrial, se encuentran suspendidos, y sólo se realizan guardias mínimas en las fábricas.

La semana pasada la empresa comunicó un plan de pagos a los acreedores, pero esa oferta no termina de convencer sobre todo a las firmas a las que Vicentín les debe más de U$S 30.000. Esa oferta constó en que toda la deuda quedará dolarizada, sin quita. Se propuso hacer un pago inicial de 20% del crédito, con un mínimo de U$S 30.000 o la suma menor a la que ascienda el crédito, mientras que el 80% restante se pagará al final del octavo año contado desde la homologación, entre otros puntos. Al resto, a los acreedores que reclaman montos superiores a U$S 30.000 Vicentín les propuso pagar la deuda en un plazo de ocho años.

Según estimaciones, la deuda de Vicentin con acreedores comerciales alcanzaría los US$ 350 millones, mientras que el pasivo se ubicaría en torno a los US$ 1.300 millones.

En el comunicado difundido ayer, Vicentín ratificó que su intención es “salir de los problemas financieros actuales mediante un acuerdo con los acreedores en el menor tiempo posible, cualquiera sea la figura jurídica aplicable; y reactivar las plantas Industriales lo antes posible, garantizando en cualquier escenario el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

Directivos de la cerealera Vicentín y ex funcionarios del Gobierno nacional durante la gestión Cambiemos fueron denunciados ante la justicia federal porteña por la supuesta comisión del delito de “defraudación al Estado”, por la deuda contraída por esa empresa con el Banco Nación.

La denuncia la presentó el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, quien entre otros datos consignó que Vicentin fue “principal aportante de Juntos por el cambio”.