No les da la nafta

Por Rodrigo Corti

“Así como estamos, con estos números, a fin de año tenemos que cerrar la empresa”. Las palabras corresponden a Claudio Braidot, propietario de la empresa de colectivos JyM, durante una entrevista en el programa La Grieta (FM Central 94.5).

Los números de su empresa están en rojo desde que el gobierno de Javier Milei decidió cortar el Fondo Compensador al transporte para todo el interior del país mientras, en contrapartida, sus costos crecieron de manera exponencial. En materia de combustible, para citar un solo ejemplo, el aumento en lo que va del año trepó al 126%. La decisión del poder central fue que todos los argentinos paguen lo que vale el boleto porque “no hay plata”, salvo para los habitantes del AMBA a quienes sí les mantuvo los subsidios. ¿No hay plata para todos o sólo para algunos?

El Fondo Compensador al transporte comenzó a aplicarse en el año 2002, a partir del congelamiento de las tarifas dispuesto por el entonces presidente Eduardo Duhalde. El régimen de compensaciones para el transporte del interior comenzó en 2007 (hasta entonces, el Estado nacional podía otorgar ayudas a las provincias a través de convenios especiales), pero en 2019 (durante la gestión de Mauricio Macri -Cambiemos-) se modificó el sistema y se acordó que las provincias debían aportar, al menos, el 50% del valor de los subsidios recibidos en el año anterior.

“Milei mintió cuando dijo que iba a eliminar todos los subsidios a los colectivos urbanos. Se lo cortó a todo el país, pero al AMBA no solo se lo mantuvo sino que se lo duplicó” afirmó en el programa La Grieta el diputado y ex Ministro de Transporte, Diego Giuliano. Como podrá notarse en el gráfico, a la desigualdad en el reparto de fondos que ya venía de los gobiernos anteriores el actual ejecutivo lo exacerbó como nunca antes. Todo para la capital y zona; nada para el resto del país.

“¿Y cómo estamos? Mal”, es la respuesta rápida que nos tira cada uno de los transportistas consultados. “Viviendo el día a día para ver como seguimos”, te repiten en un tono que no suena demasiado alentador. JyM, City Bus (ex Ramelli) y MyM son las 3 líneas de colectivos que tenemos hoy funcionando en la ciudad. A ello hay que sumarle la Cooperativa de Transporte, que une las ciudades de Reconquista y Avellaneda. La antiguamente llamada Pantera ya atravesó una situación sumamente crítica, allá por el mes de marzo, cuando se vio obligada a dejar de circular por carecer de los fondos necesarios para el pago de combustible. La proveedora de entonces reclamaba una deuda cercana a los 3 millones de pesos para volver a venderle gasoil; no siendo ésta la única deuda que tuvieron que afrontar. El servicio volvió a funcionar cuando el municipio de Avellaneda decidió acertadamente, de forma extraordinaria y por el lapso de 2 meses, aportarle a la empresa 2 mil litros de combustible por mes. El período de gracia concluyó y esta empresa, al igual que las restantes, solo buscan quedar de pie cuando pase la tormenta. Ninguno, como la gran mayoría, tiene idea de cuándo podría ser que eso suceda. Una de las medidas que han llevado a cabo para hacerle frente a este crítico panorama es disminuir las frecuencias, a sabiendas de que ello termina afectando el servicio que prestan. “No es lo que queremos, pero no nos queda otra” aseguran.  

Sin subsidios del Estado, los números no dan  

En el cuadro anterior pueden apreciarse cada una de las vías de ingresos que tienen (mejor dicho, tenían) las empresas de transporte urbano del país. Para darle algo de precisión numérica a estos datos, fundamentalmente en lo que al subsidio provincial refiere, y sólo a modo de ejemplo: la empresa JyM recibió en el último mes cerca de $1.300.000 por parte del gobierno santafesino y la Cooperativa de Transporte una cifra que ronda los $2.700.000.     

El boleto tradicional en Reconquista llegó a los mil pesos, luego del último aumento que autorizó el Concejo allá por el mes de marzo. En el caso de la Cooperativa, la semana pasada cerraron con los municipios de Reconquista y Avellaneda un aumento del 60%. Algo de alivio en los transportistas al lograr llevar la tarifa a un número más acorde a sus costos; seguido de una decepción creciente al ver como baja el número de personas que utilizan el colectivo como medio de transporte urbano. No todos pueden afrontar el nuevo costo de transportarse en colectivo con bolsillos cada vez más flacos, ya que el aumento del boleto ha sido mayor al del salario promedio. Y en vacaciones, la situación es aún mucho más compleja para las empresas a raíz de la ausencia de sus pasajeros escolares. “Ya nos quedó bajo el último aumento. Hoy tendríamos que llevarlo al doble, pero si volvemos a aumentarlo tenemos miedo de que no suba más nadie a un colectivo. El tema es que, por otro lado, si seguimos manteniendo esta tarifa nos vamos a fundir igual”, el resumen perfecto lo da Claudio Braidot. La única salida a este callejón pareciera tenerla el Estado.

Dos semanas atrás se llevó a cabo en nuestra ciudad la reunión formal de la comisión de transporte de la Cámara de Diputados. Lucila De Ponti (PJ) manifestó: “La situación financiera es muy compleja en todas las empresas de colectivos de la provincia. Acá hay una clara discriminación al interior del país; pero además están incumpliendo con una normativa acordada entre las provincias y la nación, que fue refrendada por ley”. La diputada presentó en la legislatura santafesina un proyecto para que las grandes empresas cerealeras y oleaginosas, a través de un aumento del 2 al 4% en Ingresos Brutos, puedan financiar parte del transporte público. 

¿El gobierno nacional es el que “la ve” y el resto no? Habría que saber hacia dónde está mirando ya que en la mayoría de los países del planeta el transporte público recibe subsidios estatales. Y en algunas ciudades, el subsidio es total para que el boleto sea gratuito. Los argumentos que esgrimen los gobiernos que impulsan dichas políticas van desde la mejora en la producción laboral a la baja en la siniestralidad vial (y por ende en los costos de la atención sanitaria pública), pasando por la reducción del daño medioambiental. 

El sitio Free Public Transport engloba todos los países en donde existe al menos un sitio con un servicio de transporte público gratuito.

Europa

Bélgica, Escocia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Italia, Islas Faroe, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania.

Asia y Oceanía

Australia, China, Malasia, Tailandia, Taiwan, Turquía.

América

Brasil, Canadá, Estados Unidos.

Sacar los subsidios es impactar de forma directa a los sectores de menores ingresos. Y allí se encuentra “la casta” que viene castigando el gobierno de Javier Milei en lo que va de su mandato. Quienes pagan el mayor costo del ajuste fiscal y las medidas económicas son, una vez más, el sector de más bajos recursos al que se lo termina expulsando del uso del transporte público.

Para el final, otra duda me surge sin una respuesta contundente. ¿Vuelve a usar el colectivo quien pasó a movilizarse a través de un medio propio, como la moto por ejemplo?