Exfiscal de Reconquista condenado a tres años e inhabilitado por ocho años para ejercer funciones judiciales

Rodrigo Germán González, exfiscal adjunto de Reconquista, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitado especialmente por ocho años para ejercer como magistrado o empleado en los Poderes Judiciales de la provincia de Santa Fe y de la Nación.

La jueza Claudia Bressán dictó la sentencia tras un juicio abreviado llevado a cabo en los tribunales de Reconquista, con la intervención del fiscal Eduardo Lago, de la Fiscalía Regional 3.

González, de 55 años, fue removido de su cargo en 2021 por la Legislatura santafesina, la cual también le impuso una inhabilitación de diez años para acceder al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los hechos ilícitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2014 y 2018, durante su gestión en la Unidad Fiscal Reconquista de la Fiscalía Regional 4.

Entre los cargos en su contra, se le atribuyó no haber denunciado ni investigado actividades de juego ilegal en las ciudades de Vera, Avellaneda y Reconquista. Según el fiscal Lago, González conocía que los administradores de estas salas formaban parte de una asociación ilícita liderada por Leonardo Peiti, figura clave en la explotación del juego clandestino en la región.

Además, González fue hallado culpable de sustraer legajos fiscales bajo su custodia en 2018, y de retener indebidamente sumas de dinero correspondientes a multas judiciales entre 2014 y 2018. Dichas multas estaban vinculadas a suspensiones de juicio a prueba, y no fueron depositadas en las cuentas correspondientes, violando así las normativas internas del Ministerio Público de la Acusación.

Otro de los hechos por los cuales fue condenado incluye amenazas coactivas realizadas a un empleado de la Unidad Fiscal en noviembre y diciembre de 2018. Según la investigación, González intimidó a la víctima mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, generando un clima de temor.

El exfiscal reconoció su culpabilidad en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas coactivas, encubrimiento y violación de registros y documentos. Asumió su propia defensa como abogado y accedió al procedimiento abreviado, aceptando tanto la calificación legal de los hechos como el monto de la pena impuesta.

Este fallo resalta la importancia de la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función pública, donde las infracciones a los deberes del cargo pueden derivar en sanciones penales significativas, reforzando la confianza en las instituciones judiciales. La condena a González envía un mensaje claro sobre las responsabilidades y consecuencias para aquellos que abusan de su posición en el sistema de justicia.

En términos legales, los delitos cometidos por González se enmarcan en los artículos del Código Penal argentino que regulan el incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248), amenazas coactivas (art. 149 bis), encubrimiento (art. 277) y violación de medios de prueba (art. 255). La pena de prisión condicional implica que González no cumplirá la condena en prisión efectiva a menos que cometa nuevos delitos durante el periodo de prueba, lo que refleja un enfoque del sistema judicial en balancear la sanción con el contexto de los hechos.

Este caso se inscribe en una serie de procesos judiciales que buscan erradicar la corrupción en la función pública y garantizar un sistema judicial que actúe conforme a los principios de legalidad y transparencia.