El Gobierno de Santa Fe ha anunciado que destinará $170.000 millones para la compra de equipamiento y tecnología destinados a las fuerzas de seguridad, incluyendo armamento, cámaras, vehículos y mejoras penitenciarias. Este anuncio se realizó durante la Junta Provincial de Seguridad en Rosario, donde se resaltó la magnitud del gasto como una medida para enfrentar la inseguridad, a pesar de que especialistas y sectores sociales sostienen que este tipo de iniciativas perpetúan un enfoque represivo y no abordan las causas estructurales de la violencia y el delito.
El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que estos recursos permitirán, entre otras cosas, la construcción de 4.280 nuevas celdas en los próximos cuatro años, una iniciativa que busca descongestionar las comisarías. Pullaro sostuvo que esta ampliación ayudará a mejorar las condiciones carcelarias y reducir el hacinamiento, pero la sociedad civil ha cuestionado si la construcción de más cárceles y la adquisición de armas son realmente el camino para una seguridad duradera y sostenible en la provincia.
Un gasto millonario que deja de lado la prevención y la inclusión
El gasto, que incluye 960 patrulleros, 600 motos, pistolas de conversión, y cámaras de inteligencia artificial, ha sido criticado por no considerar un enfoque preventivo ni incluir inversiones significativas en programas sociales que fomenten la inclusión, la educación y el empleo. Voces especializadas afirman que esta asignación de recursos se enfoca en la represión, cuando la verdadera solución a la inseguridad debería apuntar hacia una mayor equidad social y económica.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció que los índices de seguridad no han alcanzado niveles óptimos, pero defendió el gasto en equipamiento como “pasos iniciales” para enfrentar la violencia en la provincia. Sin embargo, sectores críticos consideran que, en lugar de priorizar armamento y tecnología de vigilancia, los fondos deberían haberse destinado a programas de empleo y desarrollo social, educación de calidad y fortalecimiento de la seguridad social.
Más equipamiento, menos inversión en desarrollo social
La Subsecretaría de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Seguridad destacó la compra de armas no letales, chalecos balísticos, y la incorporación de escáneres en los penales para controlar las visitas y evitar el ingreso de objetos prohibidos. El secretario Armando Faraoni resaltó el nuevo esquema de mantenimiento vehicular a través de una red de talleres en toda la provincia como una medida de ahorro en el gasto de seguridad. Sin embargo, no se presentaron proyectos significativos en áreas como la prevención del delito desde la raíz, a través del apoyo a sectores vulnerables y de la creación de oportunidades de trabajo digno.
La decisión de destinar una suma multimillonaria para equipos de represión ha sido cuestionada también por su enfoque de control social, sin atacar las causas estructurales de la inseguridad. Muchos señalan que la provincia debería destinar esos recursos millonarios en proyectos que promuevan una distribución equitativa de la riqueza, generando políticas públicas que incluyan a todos los sectores de la sociedad y que aborden el desempleo, la pobreza y la exclusión.
En definitiva, mientras el Gobierno provincial apuesta por el gasto en seguridad a través del equipamiento de las fuerzas, sigue en debate la necesidad de una inversión real en desarrollo humano, políticas de empleo, seguridad social y medidas de inclusión que fortalezcan el tejido social y eviten la violencia desde sus causas más profundas.
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