El juicio contra Ricardo Degoumois (padre), acusado de abuso sexual contra una menor, ha sido suspendido tras un escándalo judicial que sacudió los cimientos del foro local.
La detención de los cuatro abogados, tres defensores y el propio imputado, durante una audiencia, en circunstancias aún rodeadas de hermetismo, obliga ahora a reprogramar el proceso para 2025. Paralelamente, se abre una nueva causa judicial que investiga a los letrados por presunta extorsión.
El equipo fiscal y las detenciones
Los fiscales Valentín Hereñú, Giorgina Díaz y Alejandra Ríos Ayala lideran una causa que ha ganado relevancia institucional con la incorporación de esta última, proveniente de Santa Fe, para reforzar el equipo. Durante una audiencia cerrada, cuya declaración clave habría desencadenado las detenciones de Ricardo Degoumois (hijo), Daniel Barale, Andrés Ghío y el propio acusado principal, Ricardo Degoumois (padre).
Traslados a distintas localidades
En una medida inusual, los abogados detenidos fueron trasladados incomunicados a distintas localidades para pasar la noche: Daniel Barale fue alojado en Avellaneda, Andrés Ghío en Malabrigo, y los Degoumois (padre e hijo) en Vera. Este operativo generó un fuerte impacto en la comunidad jurídica, que exige mayor claridad sobre las acusaciones y las pruebas que motivaron estas acciones.
Nuevo expediente por extorsión
Además de la reprogramación del juicio por abuso sexual, ahora se deberá celebrar una audiencia imputativa para investigar a los abogados por presunta extorsión. Este nuevo expediente agrega un nivel de complejidad al caso, mientras la Oficina de Gestión Judicial trabaja en la reprogramación del juicio principal, que ya quedará postergado para el próximo año.
Repercusiones en el ámbito judicial
El caso Degoumois ya generaba alta sensibilidad, pero las detenciones de los defensores elevaron las tensiones a un nivel sin precedentes. La comunidad jurídica local se encuentra dividida: algunos cuestionan la proporcionalidad de las medidas adoptadas por los fiscales, mientras otros destacan la gravedad de los indicios que habrían motivado estas decisiones.
El Colegio de Abogados, hasta ahora, ha mantenido silencio público, pero se espera que pronto evalúe la situación de los letrados detenidos y tome una postura frente a las denuncias de extorsión y las detenciones.
Un caso histórico por sus implicancias
El retraso del juicio por abuso sexual representa un nuevo golpe para la búsqueda de justicia en un caso que ya enfrentaba múltiples desafíos. Ahora, las miradas están puestas en las audiencias que determinarán la responsabilidad de los abogados detenidos y en las decisiones que pueda tomar el juez Martín Gauna Chapero en un escenario de creciente presión institucional.
Con los ojos de la región puestos en este proceso, este escándalo judicial podría marcar un precedente no solo para los tribunales locales, sino también para la relación entre la ética profesional y la transparencia en los procesos judiciales.
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