
La delicada situación financiera de Vicentin S.A.I.C. ha alcanzado un punto crítico, lo que ha obligado a la justicia a tomar medidas urgentes para preservar los intereses de los acreedores y la continuidad de la empresa. A cinco años del inicio del concurso preventivo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista ha dictado una resolución clave que establece la designación de veedores de control sin desplazamiento de la administración y ordena medidas estrictas para garantizar la viabilidad de la compañía.
Un concurso preventivo sin soluciones concretas
El proceso concursal de Vicentin ha sido catalogado como uno de los más complejos en la historia empresarial argentina. Con una deuda superior a los 5.000 millones de pesos en obligaciones vencidas post-concursales y una falta evidente de liquidez para afrontar el pago de salarios, el futuro de la compañía es incierto. En la audiencia del 7 de marzo de 2025, los representantes de la empresa admitieron que solo podrían abonar el 30% de los haberes correspondientes al mes de febrero, incumpliendo su obligación con los trabajadores y profundizando el malestar entre empleados y acreedores.
Intervención de la Justicia y designación de veedores
Ante este panorama alarmante, el juez Fabián Lorenzini ha dispuesto la creación de una veeduría de control y seguimiento por un período inicial de 120 días, prorrogables según sea necesario. Los designados para esta tarea son el contador público nacional Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg, quienes tendrán la responsabilidad de fiscalizar la administración de la empresa y emitir informes detallados sobre su situación económica y financiera.
Entre las funciones asignadas a los veedores se destacan:
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Verificar la situación de caja y financiera de la sociedad.
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Evaluar la capacidad de pago de salarios y otras obligaciones inmediatas.
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Supervisar los contratos de molienda y fazón vigentes.
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Determinar el valor actual de las acciones de Vicentin en Renova S.A.
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Analizar el impacto del intercambio de activos (SWAP) en el balance patrimonial.
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Proponer mecanismos legales para garantizar la propiedad de los granos procesados en sus plantas industriales.
El rol del Estado y la intervención del Ministerio de Trabajo
Dada la gravedad de la crisis, el Ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roald Báscolo, ha intervenido directamente en la situación. En la audiencia del 7 de marzo, Báscolo informó que su cartera tuvo que mediar ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la transportadora CAMMESA para evitar el corte del suministro eléctrico en las plantas industriales de Vicentin, lo que habría significado un golpe letal para la operatividad de la empresa.
El ministro subrayó que la falta de liquidez no solo afecta el pago de salarios, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones contractuales y fiscales. La justicia ha instado a la empresa a iniciar gestiones inmediatas para el recupero de acreencias, especialmente aquellas vinculadas a empresas con las que mantiene relaciones comerciales o participaciones accionarias.
Compromisos incumplidos y desconfianza de los acreedores
Uno de los puntos más críticos expuestos en la audiencia es el incumplimiento del compromiso de aportar 50 millones de dólares para el repago de créditos verificados. Esta promesa, clave en la propuesta concordataria homologada, ya no se encuentra vigente según lo admitido por la propia empresa. La falta de cumplimiento de este compromiso ha generado un clima de profunda desconfianza entre los acreedores y ha impulsado a la justicia a reforzar los controles sobre la administración.
Además, persiste la incertidumbre sobre la situación de las plantas industriales de San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda, donde la falta de contratos de molienda a fazón compromete su funcionamiento. La justicia ha exigido a Vicentin que aclare las condiciones de la cesión de posición contractual en Renova S.A. y que detalle el estado de las negociaciones para reactivar su actividad productiva.
Medidas urgentes para evitar el colapso
El juez Lorenzini ha ordenado a Vicentin adoptar medidas inmediatas para intentar contener la crisis. Entre ellas se incluyen:
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La convocatoria urgente de una Asamblea de Accionistas para evaluar la situación financiera de la empresa.
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La presentación del balance y memoria del ejercicio 2024, aún pendiente de tratamiento.
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La entrega de documentación que respalde la prórroga de acuerdos con inversores estratégicos.
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La transparencia en la administración de fondos líquidos generados desde septiembre de 2024.
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La colaboración activa con los veedores designados para garantizar el acceso a la información relevante.
Además, se ha solicitado a la Sindicatura Concursal que elabore informes detallados sobre las deudas post-concursales y las contingencias legales que podrían afectar los activos de la empresa.
Conclusión: Un proceso concursal que sigue sin resolverse
A cinco años del inicio del concurso preventivo, Vicentin sigue sin mostrar señales concretas de recuperación. La empresa enfrenta una crisis de liquidez sin precedentes, un clima de incertidumbre entre sus trabajadores y acreedores, y un deterioro progresivo de su capacidad productiva. La intervención de la justicia, con la designación de veedores y la imposición de medidas de control, busca evitar el colapso definitivo de la compañía y garantizar cierta previsibilidad en su administración.
Sin embargo, las expectativas no son alentadoras. El incumplimiento en el pago de salarios, la falta de contratos de molienda y la imposibilidad de afrontar compromisos financieros clave ponen en jaque la continuidad de la empresa. En este escenario, el futuro de Vicentin dependerá de su capacidad para recuperar la confianza de sus acreedores y garantizar un flujo de fondos suficiente para sostener su operatividad. Mientras tanto, la justicia continuará monitoreando de cerca cada paso de la empresa en crisis.
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