La resolución del Juez Fabián Lorenzini marca un antes y un después en la historia de la agroexportadora Vicentin. Con argumentos jurídicos y un detallado análisis de la crítica situación financiera, ordenó la intervención total del directorio, dejando a los históricos dueños sin control sobre la firma. La medida busca evitar la paralización definitiva, proteger fuentes laborales y garantizar la continuidad operativa, aunque admite la posibilidad de una futura quiebra. Se abre así una nueva etapa para la concursada, con fuerte presencia del Estado y control judicial sobre cada decisión empresarial.
Una resolución sin precedentes: intervención y desplazamiento del directorio
A 96 años de su fundación, la agroexportadora Vicentin SAIC dejó de ser dirigida por sus tradicionales dueños. El 22 de abril de 2025, el Juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó una resolución que marca un hito judicial y empresarial: intervino el órgano de administración de la concursada, suspendió por 120 días a los integrantes del directorio —Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Estanislao Bougain— y designó como interventores a los hasta entonces veedores judiciales, el contador Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg.
La resolución, que se extiende por más de 200 páginas, establece una intervención plena sobre todas las decisiones estratégicas, contractuales, financieras y laborales de la empresa. Los interventores, que tendrán las mismas atribuciones que el directorio desplazado, deberán presentar en 10 días un plan de trabajo, con objetivos, prioridades y líneas de acción para intentar revertir el colapso que vive la empresa.
Las razones de una decisión drástica
La resolución llega en un contexto de extrema gravedad para la empresa. Tal como detalla el fallo, desde diciembre de 2024 el pasivo posconcursal creció sin control, alcanzando a abril de 2025 los $30.545 millones. A eso se suma una deuda salarial mensual superior a los $4.000 millones y la falta absoluta de caja para cumplir con obligaciones básicas. Las plantas de Avellaneda, Ricardone y San Lorenzo se encuentran paralizadas, sin mantenimiento técnico, sin contratos industriales vigentes, sin nuevos socios estratégicos ni planes de continuidad.
El juez destaca que los accionistas no adoptaron ninguna medida frente a esa realidad. En la asamblea del 4 de abril solo aprobaron el balance y la memoria de 2024, y horas después el directorio decidió el cierre de las plantas sin consultar a los socios. “Naturalizan un escenario de parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvamento externo o un pedido de quiebra”, critica la sentencia.
Lorenzini argumenta que el proceso concursal no puede permitir la destrucción de una empresa que aún posee activos, personal y potencial industrial. Por ello, ordena la intervención con base en el artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras y en los artículos 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial, que obligan a prevenir daños y proteger derechos fundamentales como el trabajo, la propiedad y la producción.
Los ejes de la intervención judicial
La intervención tiene tres grandes objetivos:
-
Prevenir un daño irreversible, aunque el cierre parezca inevitable.
-
Proteger a la empresa viable, con posibilidad real de funcionamiento.
-
Evitar que una futura quiebra liquidadora destruya puestos de trabajo y activos productivos.
Los interventores deberán gestionar contratos de fazón, asociaciones temporales, alquileres industriales o fideicomisos que permitan volver a operar las plantas. También podrán disponer bienes si ello contribuye a preservar la actividad.
En simultáneo, se ordenó una medida inhibitoria preventiva de 60 días: ningún proveedor (ni de gas, energía, seguridad o insumos esenciales) podrá interrumpir servicios. Esta “tutela anticautelar” busca dar estabilidad a la empresa durante la transición.
El fracaso del directorio y la pasividad de los socios
Uno de los ejes centrales de la resolución es la crítica a la conducción empresarial. La administración de Foschiatti, Sartor y Bougain es acusada de omitir acciones, no prever escenarios, no mantener el funcionamiento de las plantas ni buscar alternativas. La resolución indica que no solicitaron ninguna medida judicial de asistencia, ni convocaron a una Asamblea Extraordinaria para debatir el cierre ni buscar nuevos socios, pese a las advertencias de los veedores y del propio juzgado.
En su descargo, el director Bougain justificó la paralización por la caída de confianza de los socios estratégicos (Bunge, Viterra y ACA) ante la falta de homologación judicial del acuerdo preventivo. Sin embargo, el fallo subraya que esta retirada ya se vislumbraba desde meses antes, por lo cual debieron buscarse nuevos aliados.
La situación judicial del concurso
A nivel procesal, la causa principal sigue sin definición definitiva. El 18 de febrero, la Corte Suprema de Santa Fe anuló la homologación del acuerdo preventivo y derivó el expediente a una nueva cámara para dictar nueva sentencia. Vicentin interpuso un recurso extraordinario federal, cuya admisión aún no fue resuelta. La empresa incluso evalúa una posible queja directa ante la Corte Suprema de la Nación. Este limbo judicial agrava la incertidumbre y empujó al juez a intervenir preventivamente.
Ofertas de reactivación desde afuera
Paradójicamente, mientras el directorio cerraba todo, en la audiencia del 11 de abril surgieron propuestas de reactivación desde terceros. La Unión Agrícola de Avellaneda ofreció reabrir las plantas de Ricardone y Avellaneda, incluso adelantando fondos. Bioenergías Agropecuarias SA propuso seguir operando la planta de bioetanol hasta diciembre. Ambas propuestas incluyen pago parcial de salarios y mantenimiento básico. También se advirtió que Buyanor SA, empresa externa, se ve afectada por el cierre, ya que depende del vapor generado por Vicentin.
Incluso operarios presentes denunciaron el riesgo de incendios por falta de ventilación en las celdas de girasol, y alertaron sobre posibles cortes de energía que podrían provocar siniestros.
La intervención como último recurso
Lorenzini deja en claro que la justicia no puede gerenciar empresas, pero que tiene el deber de preservar bienes y derechos amenazados. Cita a doctrinarios como Maffía, Boquín, Marcos, Gerbaudo y Graziabile, y apela a un derecho de la insolvencia moderno, que no se reduce a liquidar activos, sino que busca reestructurar, sostener y rescatar empresas con impacto social y económico.
Para ello, la intervención deberá:
-
Analizar deudas, activos y contratos.
-
Evaluar faltantes detectados (como las 2880 toneladas de maíz en Avellaneda).
-
Buscar nuevos negocios que aporten ingresos.
-
Preservar puestos de trabajo.
La sindicatura plural acompañará técnicamente el proceso. Los directores desplazados deberán colaborar con la transición, aunque no podrán cobrar sus sueldos durante el período de intervención.
Un nuevo capítulo para Vicentin
Esta decisión marca el final de una etapa histórica: los herederos de la familia fundadora ya no tienen poder dentro de la empresa. Luego de cinco años de conflicto judicial y político, la compañía queda en manos de interventores designados por el Estado.
El futuro sigue siendo incierto: si los interventores no logran reactivar operaciones o alcanzar acuerdos, la quiebra será inevitable. Pero por primera vez en años, el control ya no está en quienes llevaron a la firma al default más grande del agro argentino, sino en un esquema mixto de control judicial y participación técnica.
La agroexportadora más emblemática del norte santafesino, nacida en 1929 en Avellaneda, enfrenta hoy el desafío de reinventarse. Su historia todavía está en pleno juicio.
Noticias relacionadas
¿Renuncian los abogados de la empresa Vicentin o cambian el rumbo como si nada?
La Corte Suprema de Santa Fe hunde el salvavidas de Vicentin y frustra su intento de llegar a la Nación
Miles de vecinos de Reconquista quedarán horas sin luz este martes