Tierras públicas para explotación ilegal: cómo Bolsonaro pone en jaque (de nuevo) a la Amazonia

Está siendo ilegalmente usurpado por empresarios, políticos locales o personas con el suficiente capital económico para talar y quemar la selva con el objetivo de instalar una actividad económica y hacerse con la propiedad.

Unas 11,6 millones de hectáreas de tierras públicas localizadas en la Amazonia, un área casi del tamaño de toda Grecia, están ocupadas ilegalmente por propietarios privados. Estas parcelas, que corresponden al 23 % del total de áreas forestales del Estado todavía no categorizadas con una destinación jurídica específica, han sido declaradas como inmuebles rurales particulares en el Catastro de Propiedad Rural (CAR). Mientras la verificación no se realice, los ocupantes continúan explotando estos terrenos, según ha revelado un estudio realizado por la Universidad Federal de Pará (UFPA) y el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), publicado a finales de junio en la revista Land Use Policy bajo el título ‘Tierra sin ley en la tierra de nadie: las áreas forestales públicas no destinadas de la Amazonia brasileña’. El artículo científico afirma que esta ocupación es “una fuente de deforestación, explotación predatoria de recursos naturales, actividades económicas insostenibles y violencia en el campo”.

Demostrar una actividad productiva, como la ganadería, en la tierra pública ocupada es un requisito indispensable para que el Estado pueda acabar concediéndole un día el título de propiedad a este ocupante. “Todos los casos de ocupación ilegal de tierras se producen para talar la selva y colocar pasto y ganado”, explica Claudio Ángelo, coordinador de comunicación del Observatorio del Clima de Brasil. Algunos pueblos indígenas, comunidades tradicionales y una pequeña minoría de productores familiares sin tierra esperan por la homologación de un pedazo de tierra pública donde poder vivir. Mientras tanto, un quinto de estas tierras públicas está siendo ilegalmente usurpado por empresarios, políticos locales o personas con el suficiente capital económico para talar y quemar la selva con el objetivo de instalar una actividad económica y hacerse con la propiedad.

Esta ocupación ilegal es conocida en Brasil como ‘grilagem’ porque, en ocasiones, los ocupantes falsifican escrituras de propiedad que guardan durante un tiempo en cajones con grillos para que los excrementos de los insectos amarilleen los papeles y les den una apariencia de documentos antiguos. En otros casos ni siquiera es necesario falsificar las escrituras, ya que sucesivas amnistías ambientales y medidas políticas, la última de ellas tuvo lugar en 2018 bajo el Gobierno de Michel Temer, pueden acabar fallando a favor del ocupante ilegal, que acaba ganando el título de propiedad de una tierra que muchos alegan que estaba abandonada por el Estado.

Actualmente, la Amazonia enfrenta una multiplicación del riesgo de ocupación ilegal, deforestación y regulación de la privatización de tierras públicas motivada por el discurso antiambientalista del actual presidente, Jair Bolsonaro, que además pretende aprobar una ley para regular la concesión al uso privado de las tierras públicas forestales de la Amazonia brasileña. El Gobierno presentó en mayo un decreto de ley provisional que quería aprobar de forma urgente. Debido a la presión de la sociedad civil, tanto brasileña como a nivel internacional, que argumentó la irresponsabilidad de aprobar una medida de este tipo sin consulta pública y en medio de la urgencia sanitaria provocada por el coronavirus, la propuesta acabó expirando sin ser tramitada para votación con la diligencia esperada. No obstante la regulación de ocupación de tierras públicas continúa avanzando por una vía más lenta en forma de proyecto ley regular (PL 2633/2020) que “dispone sobre los registros públicos, a fin de ampliar el alcance de la regulación fundiaria y otras providencias”, según el texto de la propuesta que aguarda una fecha para ser votada en la Cámara de los Diputados.

Un pedazo de selva amazónica del tamaño de España está en riesgo de usurpación

Casi 50 millones de hectáreas de la región amazónica brasileña, un territorio del tamaño de toda España, corresponden a tierras públicas no destinadas a un uso específico. Esto quiere decir que son susceptibles de ser ilegalmente ocupadas. Son áreas forestales y muchas de ellas están en proceso para ser delimitadas y adjudicadas a una categoría pública específica que permita su conservación, como Tierra Indígena, tierra de otras poblaciones originarias como ‘Quilombolas’ (afrodescendientes) o Unidad de Conservación Ambiental, entre otras. Estas funciones permitirían que las tierras continúen siendo públicas y estén ambientalmente protegidas, mecanismo potencialmente capaz de evitar el fraude de apropiación ilegal.

No obstante, el actual Gobierno de Brasil ha ignorado las demandas pendientes de homologación de estas tierras públicas para usos socioambientales en todo el año y medio que lleva de Gobierno. Bolsonaro, durante su campaña electoral, ya anunció que no reconocería ni un centímetro más de tierras indígenas y en repetidas ocasiones ha corroborado su posición a favor de la explotación económica de los recursos naturales amazónicos, en detrimento de la conservación medioambiental. “Todo el sector productivo tendrá un aumento de la eficiencia, con menos regulación y burocracia”, añadió Bolsonaro en referencia a la actividad agropecuaria, a la que dedicó una mención especial durante su discurso de investidura, el 1 de enero de 2019.

El grupo de presión parlamentar rural, conocido en Brasil como ‘bancada del buey’, es uno de los principales apoyos del actual Gobierno brasileño, que pretende allanarle el camino al agronegocio, una de las principales fuentes que alimentan el PIB brasileño. El precio de este modelo de expansión de la agropecuaria en áreas forestales se traduce en un deterioro medioambiental que, con regulación política, podría ser evitado. “Existen numerosas parcelas de tierra deforestadas en Brasil con potencial para ser mejor reaprovechadas por esta industria”, según explica Ángelo, y cada vez más experiencias de agroforestería demuestran que el sector de la agropecuaria también puede ganar dinero sin destruir la selva.

Una parte de los incendios en la Amazonia ocurren en tierras públicas ocupadas ilegalmente

Las preocupaciones frente a esta práctica van más allá del hecho de que estas tierras públicas pasen a manos privadas: al encontrarse en área forestal amazónica estos territorios albergan hábitats de flora y fauna con una indispensable función climática. Según informa el Instituto de Investigaciones Académicas (IPAM), el 30 % de la deforestación y de los incendios que tuvieron lugar a mediados de 2019, y que se hicieron eco mundialmente, tuvieron lugar en tierras públicas no destinadas que estaban siendo ilegalmente ocupadas. Los usurpadores destruyen la vegetación para instalar una actividad de agropecuaria intensiva. Esta práctica comienza a prender de nuevo ahora que se avecina la época seca con menores lluvias en Brasil, el momento más idóneo para talar, quemar y ocupar estás parcelas de la Amazonia.

De acuerdo con el estudio referido, solo hasta 2018 se registraron 2,6 millones de hectáreas (cada hectárea corresponde a un tamaño aproximado de un campo de fútbol profesional) completamente deforestadas en terrenos públicos. Una cifra que se estima que se haya multiplicado en los dos últimos años como resultado de la impunidad contra crímenes ambientales que defiende el actual Gobierno. En este mes de mayo, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) registró 82.900 hectáreas deforestadas, un récord mensual en relación a los últimos cinco años; esto confirma un crecimiento continuado de la deforestación en los últimos 13 meses y un aumento total del 78 % en relación al periodo anterior de 2018 para 2019. Asimismo, la tala ilegal dentro de Tierras Indígenas en 2019 aumentó un 80 % en relación a 2018. En incendios forestales, Brasil también alcanza otro récord al registrar 2.248 focos de incendios en la Amazonia en este mes de junio, el mayor dato desde 2007.

“Si lo que llega en estos lugares es un discurso de que ahora vale todo, es la luz verde que falta para que comiencen a ser distribuidos los motosierras”, declara Claudia Azevedo-Ramos, profesora del Núcleo de Altos Estudos Amazônicos de la Universidad Federal de Pará UFPA y coautora del estudio citado, en entrevista al medio brasileño ((o))eco. “Si el propio Gobierno, que debería estar fiscalizando estas áreas que son públicas, está transmitiendo un mensaje de que no les va a pasar nada (a los usurpadores), que sus tractores no van a ser quemados o confiscados, que la Policía Federal no les va a controlar, que pueden entrar en Tierras Indígenas, pueden extraer minerales a gusto… Es tierra sin ley, definitivamente”, añade.