Diputado también propone estatizar Vicentín

El Diputado Provincial Carlos Del Frade pidió además que se investigue a la empresa Vicentín por “lavado de dinero”.

El legislador emitió un video y un documento donde expresa su opinión sobre la crisis financiera de la sexta empresa más importante del país que entró en default el 5 de diciembre de 2019 y le debe, entre otros, al Banco Nación $18.000 M.

Ante la crisis de Vicentín, recuperar soberanía económica y política para desarrollar la Argentina

Ante la situación planteada en la empresa Vicentín S.A desde el *Frente Social y Popular* creemos fundamental la intervención virtuosa del estado, principal acreedor de la empresa, para garantizar la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas, que no se corte la cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior, pero también entendemos que es una oportunidad inmejorable para que el estado vuelva a ser protagonista en uno de los sectores fundamentales de nuestra economía, hoy dominado mayormente por empresas de capital extranjero.

El lugar que la empresa ocupa en la economía nacional y en particular en el sector exportador (sexto mayor exportador, de cereales, oleaginosas y sus derivados con una participación del 9 por ciento de todo el mercado y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites) señalan la necesidad de que el estado en todos sus niveles intervenga en la crisis, pero no de cualquier manera. Tenemos la experiencia histórica del manejo de estas grandes empresas que ante situaciones similares, con el estado como acreedor, han aprovechado la oportunidad para licuar sus deudas haciendo cargo al conjunto de los argentinos y argentinas de las mismas.

Compartimos lo que desde diferentes sectores se vienen proponiendo en torno a posibles intervenciones como la expropiación de una parte de la empresa por parte del estado nacional o la creación de una empresa mixta.

Sobre la base de entender que sin soberanía económica no habrá soberanía política ni posibilidad de justicia social, y en el marco de la crisis que vive nuestro país y que ha llevado a declarar la emergencia alimentaria a nivel nacional y provincial, estamos convencidos que existen mecanismos posibles para intervenir de manera inteligente, cuidando los intereses de los trabajadores y trabajadoras, así como los de la provincia y la nación.

Vemos fundamental también que en la definición de cualquier solución además de las representaciones estatales y privadas deberían poder tener un lugar importante las organizaciones de los trabajadores así como las representaciones sociales y políticas de la región y la provincia para aportar la experiencia y el conocimiento desde la cercanía.

La vuelta de la participación estatal en este sector de la economía no solo es el único resguardo que hoy existe de la continuidad laborar de los trabajadores y trabajadoras sino que además podría aportar a un cambio que hoy es imprescindible en el modelo productivo argentino.

Con el estado y las organizaciones participando se podría:

👉Mejorar las condiciones de trabajo. 123 accidentes laborales por día en Santa Fe, 1 muerto cada 4 días en la provincia y 2 trabajadores muertos diarios en el país*

👉Garantizar un mejor control de los precios de los alimentos surgidos de la comercialización de este sector (trigo, maíz, etc)*

👉Redirigir la renta que hoy iba a la timba financiera y dirigirla a una política de credito blando para los pequeños y medianos productores*

👉Precios mínimos a los productores evitando la especulación*

👉Evitar el “traspaso de impuestos” que hoy realizan las agroexportadoras a los productores haciendo muy complejo una política tributaria progresiva*

👉Control real y puesta en práctica de una producción industrial y agraria ambientalmente sustentable*

👉Mayor control sobre la moneda a través del manejo directo de una parte del ingreso de divisas (2 de cada tres dólares que ingresan a la Argentina ingresan por este complejo)*

👉Generar la posibilidad de que las ganancias de la agroindustria (Vicentín facturo en 2018 $118.000 millones) puedan volcarse en parte nuevamente a la región en obras e infraestructura urbana y social y a un modelo productivo diversificado y sustentable apuntalando la industria nacional y la generación de más fuentes de trabajo*.

Llamamos a las organizaciones sociales, políticas y gremiales de la región a conformar una mesa de discusión y trabajo sobre el tema para aportar desde el conocimiento cercano y la participación directa en el sector.

Creemos que no es momento de mezquindades políticas, ni maniobras mediáticas, sino de aprovechar la oportunidad histórica (si realmente hay voluntad estatal en ese sentido) de darle una nueva dirección a parte de la economía nacional y nos ponemos a disposición para avanzar en ese sentido.