La Cámara de Casación Federal determinó que la mujer era víctima de violencia de género, estaba sin empleo formal y no tenía secundario completo por lo que ese contexto la condicionó.
La Jueza Ángela Ledesma, de la Cámara de Casación Penal, confirmó la sentencia de primera instancia que absolvió a una mujer que actuó como “mula” con el objetivo de juntar algo de dinero para pagar una cirugía que necesitaba su hija.
Según figuran en los detalles de la causa, la mujer estaba a cargo de la mantención, cuidado y contención emocional de sus dos hijos menores de edad y que además era víctima de violencia de género, no tenía trabajo formal ni obra social y tampoco contaba con estudios secundarios completos. La magistrada entendió que ese contexto influyó en su decisión de meterse en el mundo del tráfico de drogas.
La magistrada compartió los argumentos del tribunal de primera instancia que consideró que no se puede desconocer la situación de necesidad que primó sobre la imputada, que “se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de la familia”.
Además la jueza agregó que fallar en contra sería “caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal”.
Pese a que el Ministerio Público Fiscal buscaba una condena, Ledesma entendió que la causa requería ser analizada desde “un enfoque integrador que incluya la perspectiva de género en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.
“No me queda más que coincidir con los argumentos expuestos en el Amicus Curiae por los defensores públicos Julieta Di Corleto y Gabriel Ignacio Anitua, que razonablemente ponen foco en los condicionamientos por género, pobreza y violencia que afectaron a M.C.R. y condicionaron sus posibilidades de actuar conforme a derecho”, expresó la jurista.
El fallo destacó que se debe priorizar el contexto de violencia y vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer, quién “eligió un mal menor para salvar la integridad psicofísica de su hija“.
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