Arranca la reforma judicial

A través de una conferencia de prensa, Alberto Fernández presentó el proyecto de reforma judicial. Acompañado por los miembros del comité asesor asignado para el proceso, el presidente expresó que “el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”.

El Juez Federal de Reconquista acaba de firmar una resolución donde acepta la competencia para tramitar el DNU 520/20 que interviene la firma Vicentín por parte del Presidente de la Nación.Desde Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández realizó hoy la presentación de la reforma judicial que enviará al Congreso en las próximas horas. Estuvo acompañado por los miembros del Consejo Consultivo conformado para evaluar la posible ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”, expresó el jefe de Estado al arrancar su discurso. Agregó que el objetivo principal de esta iniciativa es “organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la Justicia Federal con competencia penal”.

Entre las medidas anunciadas se destaca la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Dichos tribunales funcionarán con una de las dos Secretarías que actualmente tiene, mientras que la restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

Según expresó el presidente, será para evitar que “el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”.

Para que comience a funcionar cuanto antes, se creará un sistema de subrogancias “que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados, donde intervendrán la  Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado, que deberá dar los acuerdos correspondientes”.

El proyecto también buscar transferirle a la Ciudad “la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente”.

Respecto a las provincias, la iniciativa preve desdoblar los juzgados federales y crear nuevos. Uno para exclusivamente los temas penales y otro para el resto de las causas.

Asimismo, se pretende la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.

Por último, el proyecto también dedica unas páginas a “una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces federales”, como por ejemplo “evitar comportamientos que indiquen favoritismos”; “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones” y “comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia”.

En caso de incumplimiento, se constituirá una causa grave de mal desempeño y estará sujeto a sanciones administrativas y penales.

Comité Asesor

Fernández nombró a 11 juristas para que se dediquen a estudiar la posibilidad de aumentar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los elegidos son Carlos Beraldi, ex fiscal federal, ministro de seguridad bonaerense y actual abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner;  el ex camarista del juicio a las juntas y también titular de la cartera de seguridad Leon Arslanian,

Además, formarán parte del grupo integrantes de Superiores Tribunales como Inés Weinberg de Roca, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, quien estuvo candidateada para ocupar el cargo de Procuradora General de la Nación; su par en la Corte Suprema de Tucumán, Claudia Sbdar;  Hilda Kogan, actual ministra de la Suprema Corte Bonaerense, y María del Carmen Battaini del Superior Tribunal de la Provincia de Tierra del Fuego. A ellos se les suma Omar Palermo, de la Suprema Corte de Mendoza.

Los abogados y profesores de Derecho Constitucional Raúl Gustavo Ferreyra y Andrés Gil Domínguez, de Derecho de Familia, Marisa Herrera, y de Derecho Penal, Enrique Bacigalupo, completan la integración.