Braidot pide diálogo para evitar el colapso de la Cooperativa de Servicios Públicos

El intendente advirtió que la falta de previsión en las medidas judiciales y la deuda millonaria de Vicentín ponen en riesgo la estabilidad financiera de la Cooperativa de Servicios Públicos y pidió una mesa de trabajo inmediata para buscar soluciones.

El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, se refirió este viernes al grave conflicto que atraviesan la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda y la empresa Vicentín, en medio de un proceso concursal que sigue generando consecuencias económicas y sociales de gran magnitud para la ciudad.

En diálogo con La Grieta, Braidot explicó que la reciente decisión judicial que impide cortar el suministro eléctrico a Vicentín durante 60 días hábiles —lo que en la práctica equivale a más de 90 días corridos— podría llevar a la cooperativa a una situación financiera insostenible si no se toman medidas inmediatas.

“Si la cooperativa debe seguir prestando servicio sin cobrar durante todo este tiempo, estamos hablando de un riesgo financiero real que puede alcanzar una deuda de 1.500 millones de pesos”, advirtió el mandatario.

Un conflicto de arrastre y decisiones inesperadas

Según relató Braidot, el conflicto viene gestándose desde hace meses, pero se agravó esta semana debido a la falta de comunicación formal previa a la resolución judicial que ordenó no interrumpir el suministro eléctrico. Esto generó incertidumbre y temor, tanto en los empleados de Vicentín como en los asociados de la cooperativa.

“El problema fue que no hubo interlocutores válidos ni notificaciones formales. Nos enteramos por los medios. Esa falta de diálogo es muy grave cuando estamos hablando de decisiones que afectan no solo a una empresa, sino a toda una ciudad”, remarcó.

El intendente recordó que la cooperativa había logrado sostenerse a pesar de las deudas de Vicentín y que, hasta ahora, su situación financiera era sólida. Sin embargo, la imposibilidad de cortar el servicio sin recibir pagos por tres meses pone en jaque la estabilidad de la institución.

Las dimensiones del problema

La deuda de Vicentín con la cooperativa ya supera los 600 millones de pesos y, de mantenerse el consumo sin pago durante los próximos meses, podría trepar hasta 1.500 millones. Braidot remarcó que no se trata solo de un problema para la cooperativa, sino que su colapso impactaría en toda la prestación de servicios eléctricos a la ciudad de Avellaneda.

“No queremos que Vicentín deje de trabajar ni que los empleados pierdan su fuente de ingresos. Pero tampoco podemos permitir que la cooperativa se funda. Ambas cosas son igual de importantes para nosotros”, sostuvo.

Además, advirtió que la situación no solo afecta a la cooperativa, sino también a otros inversores y empresas locales como la Unión Agrícola de Avellaneda, que siguen apostando al sostenimiento de las unidades productivas.

La necesidad de mesas de diálogo y soluciones concretas

Para Braidot, la salida pasa por crear de forma inmediata una mesa de diálogo entre todas las partes involucradas: la cooperativa, los interventores de Vicentín, los trabajadores, la EPE (Empresa Provincial de la Energía) y las autoridades judiciales. “Hace falta seriedad, diálogo y compromiso para buscar alternativas de financiamiento y evitar que el problema escale”, reclamó.

Una de las soluciones planteadas sería que la EPE, que vende la energía a la cooperativa, otorgue plazos de pago especiales para el volumen destinado a Vicentín, evitando que la cooperativa deba asumir todo el costo de inmediato.

“Nadie pide que la energía sea gratis. La empresa debe pagar como cualquier ciudadano paga su factura de luz. Pero mientras tanto, hay que encontrar mecanismos financieros que permitan sostener el servicio sin quebrar a la cooperativa”, explicó Braidot.

La intervención judicial y la incertidumbre

El intendente también criticó la forma en que se llevó adelante la intervención de Vicentín. Si bien coincidió en la necesidad de preservar los puestos de trabajo, cuestionó que no se haya considerado el impacto en terceros como la cooperativa.

“No es lo mismo obligar a una empresa estatal o a una gran distribuidora de energía a sostener el servicio que a una pequeña cooperativa donde los dueños son los propios vecinos que pagan su cuota cada mes”, subrayó.

Braidot insistió en que las resoluciones judiciales deben contemplar la capacidad financiera real de las partes involucradas para evitar efectos secundarios devastadores.

Un problema estructural que puede empeorar

El jefe comunal dejó en claro que si no se encuentran soluciones inmediatas, la situación puede tener un efecto dominó sobre toda la economía local. La pérdida de estabilidad de la cooperativa afectaría a comerciantes, industrias y vecinos que dependen del servicio eléctrico para sus actividades diarias.

Finalmente, expresó su deseo de que el reciente “susto” sirva para encaminar el conflicto hacia una salida razonable: “Ojalá esta situación haya sido una llamada de atención. Necesitamos mesas de diálogo permanentes y un compromiso real de todos los actores para preservar el trabajo y los servicios básicos en Avellaneda.”