Carrera contrarreloj para legalizar la marihuana en México

Comisiones del Senado aprobaron un dictamen que es rechazado por activistas que denuncian que no se reconocen derechos humanos y sólo se promueven fines comerciales.

Las políticas de drogas están a punto de transformarse de manera radical en México con la iniciativa de regulación de la marihuana, que crea un organismo que supervisará el cultivo, la producción, la comercialización, la exportación y la comercialización del cannabis, y que está semana fue aprobada en comisiones en el Senado.

A primera vista, la legislación parece revolucionaria ya que resquebraja la estigmatización que se expandió sobre la planta desde el siglo pasado. También horada las políticas prohibicionistas que fracasaron y que solo derivaron en una guerra contra el narcotráfico que desató altos grados de violencia, en particular en México, que es país productor de marihuana y amapola.

Pero los activistas no están de acuerdo. Diversas organizaciones ya denunciaron que el dictamen del Senado no reconoce los derechos de los usuarios. Al contrario, mantiene la criminalización porque establece topes de autocultivo y posesión e impone penas en caso de que se incumplan.

A pesar de las críticas, la iniciativa se votará en el pleno la semana próxima, luego se enviará para su análisis y aprobación en la Cámara de Diputados y finalmente deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

Todo ello debe ocurrir antes del 30 de abril, ya que ese día vence el segundo y último plazo que la Suprema Corte de Justicia le otorgó al Congreso para que reforme la Ley General de Salud que en su capítulo sobre sustancias sicoactivas todavía prohíbe todos los usos del cannabis.

Fue precisamente la Corte la que allanó el camino de la regulación. Hace dos años falló a favor de consumidores que habían interpuesto un amparo para poder usar marihuana con fines personales, no medicinales.

“El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar… ese derecho no es absoluto y podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta”, afirmó el máximo órgano de justicia en una sentencia que sentó jurisprudencia. Es decir, la volvió obligatoria.

La Corte validó así por primera vez en la historia el derecho a consumir la planta y determinó que el Poder Legislativo tenía de plazo el 31 de octubre de 2019 para emitir una ley que reconociera los usos del cannabis. Pero la fecha no se cumplió y se estableció una prórroga que vence el último día del periodo de sesiones ordinarias del Congreso del primer semestre de 2020. O sea, el próximo 30 de abril.

Los parlamentarios saben que están a contrarreloj. Por eso, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos aprobaron esta semana la inédita Ley para la Regulación de la Cannabis con 26 votos a favor, siete en contra y ocho abstenciones. Aunque están a punto de someterla al pleno, siguen debatiendo cambios en diferentes artículos de una ley que impulsará una nueva, poderosa y millonaria industria legal.

La ley: licencias y sanciones
El proyecto crea el Instituto Mexicano del Cannabis, un organismo que deberá entrar en funciones a más tardar el 1 de enero de 2021 y que será el encargado de otorgar, modificar, renovar, suspender o renovar licencias para la producción y comercialización de la planta. Solo habrá cinco tipos de licencia y ninguna persona física podrá obtener más de una.

También define los mecanismos para la adquisición de la semilla y los mecanismos de control de siembra, cultivo, cosecha, así como la investigación para la transformación, preparación, fabricación y producción del cannabis y la venta al público de productos derivados de la marihuana. Para exportarlos o importarlos, se tendrá que precisar el destino u origen de la mercancía.

Activistas del Movimiento Cannábico Mexicano (MCM) y Autocultivo Medicinal en México ya advirtieron que en la redacción de la iniciativa predominan los intereses comerciales, ya que las grandes empresas se verán favorecidas, no así los autocultivadores que no tienen fines de lucro.

Por ejemplo, el proyecto permite tener cuatro plantas de cannabis en un hogar en el que vive una persona. Si lo habitan más de dos, el tope aumenta a seis plantas. Con esta norma no se toman en cuenta las libertades de consumo, que es lo que dictó la Corte, ni las necesidades específicas de cada usuario.

En el mismo sentido apunta el diseño de las Asociaciones que el dictamen autoriza con un mínimo de dos y un máximo de 20 personas que deberán registrarse si quieren tramitar permisos para sembrar, plantar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y consumir marihuana. Solo podrán tener cuatro plantas por cada asociado al año. Pepe Rivera, representante del MCM, preguntó en una conferencia de prensa en el Senado por qué entonces no existe un registro de usuarios de alcohol o de tabaco.

Las críticas aumentan con las especificaciones sobre portación de marihuana. El proyecto autoriza 28 gramos por persona, pero los activistas denuncian que a las fuerzas de Seguridad no les importan los topes supuestamente legales porque siempre les “siembran” más sustancias para poder extorsionarlos.

Y luego vienen las multas. La nueva ley establece que quien esté en posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de cannabis sin autorización se le impondrá una multa de 20 a 60 dólares. Esto implica la continuidad de la criminalización.

“El senado está regulando intereses, lo nuestro son derechos- Queremos cultivo sin fines de lucro, sin límite de plantas, el problema no son las cantidades… están legislando desde prejuicios. Se equivocan de debate, no es de sustancias, es de derechos humanos”, insistió Rivera en nombre de los activistas que están en plantón permanente desde enero afuera del Senado.

El debate continúa. Ni siquiera entre las bancadas parlamentarias hay un acuerdo total sobre el proyecto, aunque sí se prevé su aprobación porque hay que cumplir el mandato de la Corte.