La propuesta se podría realizar en coincidencia con las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que el Gobierno impulsará en el Congreso un proyecto para que en octubre, en coincidencia con las elecciones regionales y municipales, se haga una consulta popular para que la ciudadanía apruebe o rechace una eventual reforma de la Constitución.
“Haremos llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que apruebe que a través de una cedula se consulte al pueblo, en las elecciones regionales y municipales, si está o no de acuerdo con nueva Constitución”, señaló Castillo.
Después, la cuenta oficial de la Presidencia en Twitter ratificó la iniciativa para los comicios de este año.
El mandatario dijo que sabe que es el Parlamento el que tiene en sus manos la potestad de aprobar la propuesta, al cerrar en Cusco el Sexto Consejo de Ministros Descentralizado.
“Nosotros haremos llegar ese proyecto ley, que vamos a trabajar inmediatamente”, prosiguió, según el sitio del diario La República.
Según afirmó Castillo, el proyecto de ley plantearía que en las elecciones del 2 de octubre se agregue la consulta sobre si la ciudadanía desea que se convoque a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta magna.
Castillo asumió el poder en julio de 2021 por Perú Libre (izquierda) y entre sus promesas de campaña estaba el cambio de la Constitución de 1993, a la que considera “neoliberal”.
Por otro lado, subrayó que no se distraerá con “ciertos shows” que se hacen contra su Gobierno.
“El pueblo sabe. Felicito y agradezco que hoy el tiempo nos ha dado la razón, que los peruanos de a pie y las familias más humildes saben lo que está haciendo este Gobierno y no se dejan sorprender con noticias falsas, con algunos escándalos”, aseveró.
Ya al asumir, en julio del año pasado, Castillo adelantó que impulsaría una reforma, y en noviembre último envió al Congreso un proyecto de ley para modificar cinco artículos de la Constitución para eliminar la incapacidad moral como causal para la destitución de un presidente y modificar la llamada cuestión de confianza hacia los integrantes del gabinete.
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