CICR: situación humanitaria de Colombia empeoró en 2022

Según el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia hubo más de 58.000 desplazamientos por el conflicto armado.

La situación humanitaria por cuenta del conflicto armado en Colombia “empeoró” por quinto año consecutivo en 2022, denunció este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que registró en su informe anual un aumento en las víctimas de artefactos explosivos y desplazamientos forzados.

Los choques entre las fuerzas estatales y cinco grupos armados rebeldes -que también se enfrentan entre sí- dejaron 515 víctimas de “artefactos explosivos” (56 de ellas letales) y al menos 58.010 desplazamientos forzados de diez o más familias en este periodo.

Son las peores cifras desde que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) entregó las armas al Estado en 2017 tras un acuerdo de paz. En 2021, los indicadores habían llegado a 486 y 53.000 eventos, respectivamente, detalló el CICR.

“Desafortunadamente en 2022 continuó el deterioro de la situación humanitaria en buena parte del país que hemos notado desde 2018”, señaló Lorenzo Caraffi, jefe de la rama del organismo en Colombia durante la presentación del documento en rueda de prensa.

Unas 39.000 personas “estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas (…) en su territorio”, según el informe, que también da cuenta de 348 casos de desaparición forzada en 2021.

En un esfuerzo por desactivar el conflicto de casi seis décadas, el presidente de izquierda, Gustavo Petro (en el cargo desde agosto de 2022), lanzó una política de Paz Total, que plantea negociaciones políticas con las guerrillas y el sometimiento a ley de las bandas narcotraficantes.

“El CICR saluda el diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y los diferentes grupos armados no estatales y espera que esto pueda transformarse en hechos concretos que alivien a la población civil”, expresó la organización en un boletín.

Hasta el momento, el Gobierno ha acordado treguas bilaterales con dos facciones de rebeldes exFARC que se apartaron del histórico pacto de paz y adelanta negociaciones con la guerrilla del ELN, que se rehusó a participar en el cese al fuego.

El pacto de no agresión ha disminuido “los enfrentamientos entre los grupos armados y la fuerza pública (…) lo que no hemos observado es una disminución substancial en la lucha por el control territorial entre grupos armados”, dijo Caraffi.

La principal banda narcotraficante, el Clan del Golfo, estuvo en la tregua hasta 19 de marzo, cuando Petro ordenó reanudar operaciones ofensivas contra ese cartel, alegando varios incumplimientos al cese. El CICR se dijo “preocupado” por las posibles consecuencias humanitarias de esa ruptura.