La investigación, iniciada por una denuncia anónima y llevada adelante por el fiscal Nicolás Maglier junto a Prefectura Naval, culminó con un allanamiento que confirmó la venta de droga en dosis inferiores a un gramo. Los detenidos, Barreto y Zavala, permanecerán en prisión preventiva.
La Justicia imputó por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a dos personas tras una investigación por microtráfico que derivó en un allanamiento positivo en una vivienda de esta ciudad. El procedimiento se llevó a cabo el 13 de junio y permitió secuestrar 18 envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 15,35 gramos. Las dosis eran más pequeñas que las habituales, lo que evidencia un cambio en el modelo de venta callejera de drogas, según informó el fiscal del caso, Nicolás Maglier.
En diálogo con La Grieta, el fiscal explicó que todo comenzó a partir de una denuncia anónima el 24 de abril, lo que dio inicio a tareas de inteligencia y observación a cargo de la Prefectura Naval Argentina. “Se hicieron captaciones de video y seguimiento por lapsos alternativos para no alertar a los moradores”, detalló.
La intervención se produjo en el marco de una hipótesis de microventa de estupefacientes en el barrio Asunción. Durante el allanamiento nocturno se hallaron los envoltorios que, tras los narcotests, arrojaron resultado positivo para cocaína. Maglier precisó que las dosis eran “inferiores a un gramo”, algo que se repite en otras causas similares.
“Lo que venimos notando en distintas investigaciones es que hay una fragmentación aún mayor de las dosis. Esto puede explicarse por la crisis económica: el mercado del narcomenudeo también se adapta al poder adquisitivo de la población”, señaló el fiscal.
Además de razones económicas, Maglier sostuvo que estas dosis mínimas son también más fáciles de ocultar, transportar y descartar en caso de ser descubiertos.
Tras el procedimiento, el fiscal ordenó la detención de los dos ocupantes de la vivienda, Barreto y Zavala, quienes fueron formalmente imputados por tenencia con fines de comercialización, según el artículo 5 inciso c de la Ley 23.737.
La audiencia de medidas cautelares se celebró al día siguiente. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos, argumentando que el proceso se encuentra en su etapa inicial y que su libertad podría poner en riesgo la producción de pruebas.
“El juez entendió el riesgo y, pese a la oposición de la defensa, dictó la prisión preventiva”, confirmó Maglier.
Respecto a la participación de Prefectura en esta investigación, el fiscal señaló que es la segunda vez que trabaja con esa fuerza. En otras oportunidades lo ha hecho también con la Policía Federal. Explicó que existe una coordinación entre la Fiscalía General, la Fiscalía Regional y las fuerzas federales o provinciales, según la disponibilidad y la información inicial que motiva cada caso.
“Estas causas solían ser competencia exclusiva del fuero federal. Con la adhesión de Santa Fe a la Ley de desfederalización del microtráfico, muchos de estos hechos ahora son perseguidos penalmente desde la Justicia provincial”, explicó el funcionario del MPA.
Uno de los aspectos que más llamó la atención en la audiencia fue la presencia de efectivos de Prefectura con chalecos antibalas durante el traslado de los imputados. Consultado sobre ese despliegue, Maglier aclaró que no fue dispuesto por la Fiscalía: “Es parte de los protocolos internos de la fuerza, no una decisión nuestra. Lo que sí garantizamos es que los imputados comparezcan sin esposas ante el juez, como establece la ley”.
El caso continuará en etapa de investigación mientras se profundiza el análisis de comunicaciones y otros elementos obtenidos durante el allanamiento. La causa se inscribe en un esquema de creciente intervención de la Justicia provincial en delitos vinculados al narcomenudeo, donde los fiscales buscan adaptarse a las nuevas estrategias del microtráfico, cada vez más fragmentado y dinámico.
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