¿Cómo seguirá la causa penal con los directivos de Vicentin presos?

El Código Procesal Penal santafesino (Ley 12.734 y modificatorias) establece un proceso acusatorio con etapas definidas: Investigación Penal Preparatoria (IPP) a cargo del Ministerio Público de la Acusación, etapa intermedia (acusación formal y audiencia preliminar) y finalmente el juicio oral y público ante un tribunal. Durante la IPP, tras la audiencia imputativa (donde se formalizan los cargos), el fiscal puede solicitar medidas cautelares contra el imputado​. La prisión preventiva procede si hay elementos de convicción suficientes sobre la participación del imputado y riesgos procesales como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación​. El tribunal debe evaluar la gravedad del delito imputado, la pena esperable y la conducta del imputado para decidir la detención cautelar​. En este caso, los jueces consideraron acreditado un alto riesgo de entorpecimiento procesal y hasta el amedrentamiento a las víctimas por parte de los acusados, justificando la prisión preventiva.

Un aspecto crucial son los plazos de la prisión preventiva. El art. 227 del Código establece que la prisión preventiva no puede prolongarse más de 2 años, salvo prórroga extraordinaria de 1 año adicional a solicitud fundada de la Fiscalía​. Es decir, el límite máximo es de 3 años sin juicio; vencido ese plazo sin haberse iniciado el debate oral, la prisión preventiva cesa definitivamente​. Asimismo, la duración de la detención debe ser proporcional a la eventual pena en caso de condena. En delitos graves como asociación ilícita y defraudaciones millonarias (que conllevarían penas de cumplimiento efectivo), es esperable que la prisión preventiva se extienda dentro de esos márgenes legales sin considerarse desproporcionada. El Código prevé también otras medidas menos gravosas (fianzas, prohibición de salir del país, presentaciones periódicas, etc.) que deben preferirse si son suficientes​, pero en esta causa los jueces entendieron que solo la detención efectiva resguardaba el proceso. Al menos en los cuatro principales acusados de liderar la asociación ilícita.

Cronología del proceso penal contra exdirectivos de Vicentin

A continuación se reconstruye el recorrido judicial de la causa Vicentin –iniciada por presuntas maniobras fraudulentas de la agroexportadora Vicentin S.A.I.C., con sede en Avellaneda (Santa Fe) y operaciones en Rosario– desde sus inicios hasta la actualidad, destacando los hitos principales:

• Diciembre 2019: Vicentin declara el default de pagos, acumulando deudas por unos USD 1.300 millones. Este sorpresivo cese de pagos –el mayor default empresarial de la historia argentina en el sector– suscita denuncias de acreedores y la atención de la justicia​.

• Año 2020 – Inicio de la investigación: La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario (fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja) abre una investigación penal preparatoria por posibles delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta relacionados con el vaciamiento de Vicentin​. Se sospecha que el directorio de la empresa habría organizado un esquema criminal para ocultar la situación financiera real y defraudar a productores, acopios y bancos. La empresa queda “en la mira de la justicia” desde 2020​.

• 13 de Octubre de 2021 – Imputaciones iniciales: Tras más de un año de pesquisa, en octubre de 2021 se realiza una audiencia imputativa donde la Fiscalía imputa a 13 ex miembros del directorio de Vicentin por estafas a productores, acopiadores y bancos, defraudación y por la aprobación de balances falsos​. Según la acusación, desde 2017 operaba una asociación ilícita que simuló una solvencia financiera inexistente mediante balances e informes falsos para seguir captando granos y créditos bancarios, mientras se desviaban y malversaban fondos de la empresa. Entre los imputados figuran miembros de la familia fundadora Vicentin (como Máximo, Pedro y Sergio Vicentin, entre otros) y altos ejecutivos. En esta instancia, el juez dispuso medidas cautelares sin prisión efectiva: prohibición de salir del país, embargos y cauciones millonarias. De hecho, se descubrió luego que los directivos usaron dinero de la empresa (más de $40 millones) para contratar un seguro de caución con Sancor Seguros y así cubrir sus fianzas personales, evitando quedar detenidos tras aquellas primeras imputaciones.

• Abril de 2022 – Ampliación a empresas vinculadas: En abril de 2022, en una causa conexa, la Fiscalía imputó también a directivos de Vicentin y de la firma Renova S.A. por administración fraudulenta en perjuicio de otra empresa, Commodities SA, evidenciando que las maniobras investigadas se extendían a todo el entramado societario. Esta derivación complejizó aún más la investigación original.

• Año 2022-2023 – Investigación y concurso de acreedores: Paralelamente al proceso penal, Vicentin transitaba un concurso preventivo de acreedores en el fuero civil comercial. La Fiscalía continuó recopilando evidencia contable (más de 500 páginas de documentación) sobre cómo el default no fue repentino, sino el resultado de un proceso de endeudamiento encubierto con balances adulterados​. Hacia fines de 2023, los fiscales concluyen que los exdirectivos no solo provocaron el colapso de 2019, sino que continuaron operando la empresa “desde las sombras” aun tras apartarse formalmente del directorio, con el fin de sustraer activos y garantizar su impunidad.

• Diciembre 2023 – Nueva denuncia: En diciembre de 2023, los fiscales Moreno y Narvaja presentan una ampliación de la denuncia acusando que la organización criminal siguió funcionando después del default y del recambio de autoridades, para “masticarse hasta el último grano de Vicentin” en palabras del fiscal​. Señalan que entre diciembre de 2019 y fines de 2024, a través de maniobras de administración fraudulenta, los acusados detrajeron ilegalmente unos $890 millones (valor nominal, actualizable) de las empresas del grupo​. Fondos de filiales como Algodonera Avellaneda, Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, etc., habrían sido utilizados para pagar gastos personales de los exejecutivos (incluyendo honorarios de abogados, viajes en avión, e incluso las fianzas judiciales mencionadas)​. Esta nueva evidencia impulsa a la Fiscalía a solicitar medidas más drásticas contra los principales implicados.

• 21 de Marzo de 2025 – Allanamientos y detenciones: A pedido de la Fiscalía, el 21/3/2025 se realizaron más de 20 allanamientos simultáneos en Rosario, Reconquista, Avellaneda y Buenos Aires, con apoyo de Gendarmería​. En dichos operativos se detuvo a dos ex altos ejecutivos: Daniel Buyatti (ex presidente de Vicentin) y Roberto Gazze (ex director), y se libraron órdenes de captura para otros dos: Omar Scarel (otro ex presidente de la firma) y Alberto Macua (exdirectivo)​. La hipótesis es que estos cuatro formaban el núcleo dirigencial que lideró la asociación ilícita para vaciar la empresa​. Scarel y Macua inicialmente permanecieron prófugos.

• 22 de Marzo de 2025 – Entregas voluntarias: Al día siguiente, 22/3/2025, Omar Scarel y Alberto Macua se entregan voluntariamente y quedan detenidos en Rosario, completando así la detención de los cuatro principales imputados​. Estos ingresos elevan a 4 el número de acusados en prisión preventiva, mientras que los demás permanecen en libertad con las restricciones impuestas en 2021 (y pendientes de nuevas medidas).

• 27 a 29 de Marzo de 2025 – Audiencia imputativa ampliada: Se celebra una extensa audiencia imputativa de tres días de duración para formalizar las nuevas acusaciones contra los exdirectivos detenidos y varios imputados más. La audiencia comenzó el jueves 27/3 en horas de la tarde y se extendió hasta el viernes 28/3, con los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno exponiendo un detallado relato de las maniobras ilícitas recientes y pretéritas de Vicentin. La defensa intentó sin éxito postergar la audiencia alegando falta de tiempo para analizar la imputación, que constaba de cientos de folios y les fue notificada horas antes​. Durante la exposición fiscal, se describió cómo, tras el default de 2019, los acusados continuaron manejando de facto la empresa concursada para desviar fondos a su favor, pagando gastos particulares (seguro de caución, honorarios legales, etc.) con dinero de la compañía​. Se los acusó formalmente de estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita agravada en carácter de jefes u organizadores. En total, 19 personas quedaron imputadas en la causa (los 4 detenidos como presuntos jefes de la asociación ilícita, y otras 15 como miembros o partícipes necesarios).

• 29 de Marzo de 2025 – Medidas cautelares: El Tribunal colegiado de Rosario (jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy) dio a conocer su resolución el 29/3/2025. Tras evaluar la evidencia preliminar y los riesgos procesales, dispuso la prisión preventiva por 120 días para los cuatro exdirectivos de la cúpula (Buyatti, Gazze, Scarel y Macua)​. Los magistrados consideraron que existían indicios fuertes de que la asociación ilícita continuó operando posdefault, con potencial de entorpecer la investigación y riesgo de fuga, por lo cual la detención temporaria era justificada​. Respecto de los otros 15 imputados (ex directores y colaboradores), se les impusieron medidas cautelares no privativas: prohibición de salir del país y obligación de comparecencia mensual ante la justicia​. Además, a 12 de ellos se les exigió una fianza de USD 200.000 cada uno, y a los 3 restantes una fianza de USD 500.000 (según su nivel de involucramiento), como garantía de su sujeción al proceso​. El tribunal denegó, no obstante, un pedido fiscal de inhabilitar provisionalmente a los imputados para ejercer cargos o contacto con la empresa, al entender que ello excedía el alcance de las medidas cautelares permitidas​. Con estas decisiones, la IPP se dio por concluida con la imputación formal, quedando la causa a las puertas de la etapa intermedia camino al juicio. La Fiscalía ahora está en condiciones del requerimiento de elevación a juicio, es decir, el pedido formal para llevar el caso a debate oral​

¿Puede la causa llegar a juicio oral antes de fines de 2025?

Aunque la investigación ya lleva más de tres años y la imputación está formalizada, es incierto que el juicio oral comience antes de fin de 2025. Varios factores inciden en los plazos procesales:

• Etapa intermedia pendiente: Tras la imputación fiscal, corresponde realizar una audiencia preliminar ante un juez de la IPP, donde se depurará la prueba que será admitida en el juicio y se resolverán planteos (como eventuales sobreseimientos, nulidades o acuerdos abreviados si los hubiera). Dada la magnitud de la causa (19 acusados, cientos de pruebas documentales, peritajes contables, testimonios de numerosos damnificados y testigos), esta audiencia podría demandar bastante tiempo de preparación y realización. Es probable que se fije en los próximos meses (mediados de 2025); si no surgen dilaciones excepcionales, podría concluir antes de fin de año. Solo tras superarse esta instancia, el caso quedará en condiciones de ser elevado a juicio.

• Carga de trabajo judicial: Los tribunales penales de Rosario manejan una agenda nutrida de juicios. Agendar un debate oral con casi 20 imputados (y sus defensas respectivas), más un equipo fiscal y decenas de testigos, implica reservar una sala y un tribunal por varias semanas consecutivas. En causas complejas, es común que el juicio se programe con varios meses de anticipación. Si la audiencia preliminar se resuelve a fines de 2025, difícilmente el juicio pueda iniciarse inmediatamente; lo más factible sería fijarlo para algún momento de 2026, dependiendo de la disponibilidad del tribunal.

• Precedentes de megacausas: Los casos económicos con múltiples imputados tienden a extenderse. Por ejemplo, la Causa Bolsafé o procesos por fraudes bancarios en la provincia han tomado entre 1 y 2 años desde la acusación hasta el inicio del juicio oral. En este caso Vicentin, la propia Fiscalía destacó que ya existe un requerimiento de elevación a juicio desde antes de los últimos allanamientos, lo que muestra su intención de avanzar con celeridad. Sin embargo, la incorporación de nuevas acusaciones en marzo de 2025 podría abrir espacio a planteos defensivos que demoren un poco más el trámite (por ejemplo, pedidos de nulidad o de más tiempo para preparar la defensa frente a la “acusación ampliada”).

• Complejidad probatoria: El tribunal que juzgue el caso necesitará tiempo para analizar la abundante prueba (balances contables, movimientos bancarios, contratos, etc.). Es esperable que la defensa solicite peritajes adicionales o presente excepciones que dilaten el inicio del debate. Además, podrían unificarse en el juicio otras causas vinculadas (como la de Renova/Commodities de 2022), lo que agregaría más volumen al expediente a ventilar.

En síntesis, viendo el estado actual, lo más probable es que el juicio oral no comience sino hasta 2026, una vez concluida ordenadamente la etapa intermedia durante 2025. Un escenario optimista sería lograr iniciar el debate a fines de 2025, pero considerando las circunstancias mencionadas, luce poco factible. Es importante señalar que el proceso penal santafesino impone ciertos límites para evitar demoras indebidas: por ejemplo, establece el plazo máximo de la prisión preventiva y controles de duración del proceso. No obstante, tratándose de una causa compleja (“de trámite complejo” en terminología legal), los plazos suelen flexibilizarse dentro de lo razonable. Mientras se respeten garantías y no se supere el límite de 3 años de detención preventiva sin juicio, la demora no implicaría automáticamente la caída de la causa. La existencia de un concurso de acreedores en paralelo y posibles negociaciones extrajudiciales tampoco afectan directamente los tiempos penales, aunque sí añaden presión para resolver el asunto de fondo.

¿Seguirán detenidos los imputados hasta el momento del juicio?

Actualmente cuatro exdirectivos (Buyatti, Gazze, Scarel y Macua) están con prisión preventiva efectiva, decretada inicialmente por 120 días (hasta julio de 2025). Es poco probable que continúen detenidos durante todo el período pre-juicio y lleguen al debate oral privados de libertad. Los fundamentos y normativa que los tienen detenidos son:

• Riesgos procesales vigentes: El tribunal evaluó que existe peligro cierto de fuga y entorpecimiento si estos imputados permanecen en libertad​. Cabe recordar que Scarel estuvo prófugo un día antes de entregarse, lo cual confirma riesgo de evasión. Asimismo, se detectó que, aun fuera del directorio, los acusados seguían manejando fondos y podrían obstaculizar la investigación o influenciar testigos. Estos factores difícilmente desaparezcan en el corto plazo pero de ahí a poder probar la influencia mucho tiempo es otra cosa. Mientras persistan, el Código Procesal permite mantener la cautelar más gravosa.

• Reevaluación periódica: Al agotarse los 120 días iniciales, la Fiscalía seguramente solicitará prórrogas. De hecho, la resolución judicial ya prevé prórroga automática de la prisión preventiva si se amplía la acusación​, cosa que podría interpretarse como cubierta con la acusación formal ya presentada. Tras la audiencia preliminar, es usual que se extienda la prisión preventiva hasta el comienzo del juicio, bajo control judicial. Los defensores podrán pedir revisiones, pero considerando la gravedad de los cargos, el debate será duro pero es probable que una vez aseguradas las pruebas la preventiva se elimine.

• Proporcionalidad y plazo legal: Los delitos imputados (asociación ilícita, estafa agravada, defraudación al Estado y al público) conllevan penas potencialmente elevadas (podrían superar los 10 años de prisión en caso de comprobarse liderazgo de una asociación ilícita y perjuicio patrimonial masivo). Por ello, mantener a los acusados presos preventivamente por uno o dos años no vulnera el principio de proporcionalidad (no sería más tiempo del que podrían purgar si son condenados)​. Además, el plazo máximo absoluto para tenerlos detenidos sin inicio de juicio es de 3 años​, es decir hasta marzo de 2028 aproximadamente. Todo indica que el juicio comenzará mucho antes de esa fecha, por lo que no se alcanzaría el vencimiento de la medida cautelar por plazo.

• Antecedentes: En Santa Fe ha ocurrido que imputados en causas complejas permanezcan detenidos durante toda la etapa preliminar. Por ejemplo, en causas de corrupción o asociación ilícita de alto perfil en Rosario, los jefes imputados han llegado al juicio en prisión preventiva, dado que los tribunales de alzada ratifican dichas detenciones al evaluar que el riesgo procesal no se atenúa con el paso del tiempo si el proceso avanza con normalidad. En este caso, ya en la imputación de 2021 se habían impuesto cauciones altísimas y aún así los directivos hallaron forma de afrontarlas con dinero de la empresa​, lo cual evidencia recursos para eludir a la justicia. Ahora, con la detención efectiva, los incentivos a fugar pueden incluso ser mayores, de modo que liberar a alguno antes del juicio sería visto como un riesgo injustificado.

En conclusión, es poco probable, más no imposible, que los cuatro exdirectivos continúen detenidos hasta el juicio oral. Solo un cambio drástico en las circunstancias (por ejemplo, que el juicio se dilatara más allá de los límites legales, o que una instancia superior revierta la medida por entender que ya no hay peligro procesal) podría modificar este panorama. La normativa del Código Procesal Penal de Santa Fe respaldará su permanencia en prisión preventiva mientras persista la sospecha fundada y el riesgo, con el límite temporal de 2 años prorrogable a 3​. Dado el estado avanzado y la prioridad de este caso, es de esperar que el debate ocurra dentro de ese lapso, garantizando que los acusados enfrenten el juicio detenidos, tal como la Fiscalía lo requirió y los jueces lo han convalidado hasta ahora​.