Vanina Gisela Oliva era empleada de la Municipalidad de Reconquista, Santa Fe. En medio de la pandemia fue designada a trabajar en los cajeros automáticos para mantener el distanciamiento social. Ella simulaba ayuda a los que tenían complicaciones y les robaba la tarjeta y les tramitaba créditos de cietos de miles de pesos.
Este miércoles fue condenada la ex empleada de la Municipalidad de Reconquista Vanina Gisela Oliva, de 43años.
La mujer era empleada municipal destinada a la atención de los parquímetros que están ubicados en la ciudad de Reconquista, norte de la provincia de Santa Fe, pero con la llegada de la pandemia fue destinada a trabajar en los bancos. Su trabajo era mantener el distanciamiento social en las colas de los cajeros automáticos, que colapsaban los días en que había pago de la IFE mas la mayoría de los salarios habituales de los trabajadores.
El banco donde Oliva realizaba las estafas está frente a la Unidad Regional IX de Policía pero nadie sospechaba de la mujer que, con el uniforme colocado, mostraba una apariencia de una mujer paciente y predispuesta a colaborar con los que llegaban al banco y tenían problemas para retirar el dinero.
No se pudo determinar cuántas estafas realizó, pero se pudo probar en las que surgieron como víctimas María Delia Batistuta, Ramona Luján Roda y Juan Domingo Pagura.
El banco entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se pudo ver claramente la maniobra de la mujer. Se arrimaba a sus víctimas y las ayudaba a colocar la clave, dos o tres veces, hasta aprenderla de memoria, luego realizaba el trámite correspondiente y al finalizar hacía un movimiento rápido de manos y con el tiket que otorga el propio banco entregaba una tarjeta que no era la suya. Un rato más tarde la mujer volvía al cajero y tramitaba créditos por más de $100.000 y retiraba en varios días posteriores.
Las víctimas contaron que ellos no revisaban la tarjeta hasta que tenían que volver a usar y eso era varios días después de ocurrida la estafa.
La condena a dos años de prisión de ejecución condicional fue alcanzada mediante juicio abreviado por acuerdo de las partes entre el Fiscal Rodrigo González, el Defensor Público Orlando Toniolo y los abogados Roberto Pagura y Maximiliano Deletieres, que representaban a las víctimas.
La sentencia fue firmada por la Jueza Norma Senn, terminando así el proceso judicial para la ex empleada municipal, echada por el gobierno de Reconquista.
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