Continúa hoy la audiencia contra los ex directivos de Vicentin

La Fiscalía amplió la acusación por asociación ilícita y estima un perjuicio patrimonial de $890 millones. La audiencia continuará este viernes y se prevé un pedido de prisión preventiva.

Este jueves comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario una audiencia clave en la causa que investiga a exjerarcas de la empresa Vicentin por presuntas maniobras fraudulentas. Se trata de la imputación formal contra Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua, todos exdirectivos del holding cerealero al momento del default declarado en diciembre de 2019. Según los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, los acusados no solo ocultaron la real situación financiera de la empresa para obtener créditos y granos que no devolvieron, sino que, incluso después del colapso financiero, continuaron operando en perjuicio del patrimonio societario.

La audiencia, que fue interrumpida cerca de las 20 y continuará este viernes, giró en torno a la ampliación de la figura de asociación ilícita ya denunciada en diciembre de 2023. De acuerdo a la acusación, los cuatro exdirectivos detenidos habrían seguido manejando los hilos de la empresa tras el default, coordinando maniobras junto a los nuevos miembros del directorio surgido tras la cesación de pagos.

El perjuicio estimado por los fiscales entre fines de 2019 y fines de 2024 asciende a $890 millones, lo que equivale —según señalaron— a 20.400 salarios mínimos en el momento de las maniobras denunciadas. El daño se habría producido a través de una estructura de administración fraudulenta que vinculó a los antiguos responsables de Vicentin con los actuales, afectando tanto a la firma Vicentin SAIC —“la empresa del holding a la que eligieron cargarle todas las deudas”, señalaron— como a compañías vinculadas como Sir Cotton, Oleaginosas San Lorenzo, Sottano y Algodonera Avellaneda.

Entre las operaciones señaladas por el Ministerio Público Fiscal figuran la venta de una aeronave, el pago de consultorías, fianzas, servicios periodísticos y honorarios de abogados. Según la acusación, algunos de esos pagos millonarios habrían sido destinados a financiar la defensa de los propios imputados en el proceso penal. Este punto generó controversias en la sala, ya que los abogados defensores denunciaron una afectación a la privacidad de sus clientes. El conflicto fue parcialmente zanjado con la eliminación de las cifras concretas durante la exposición oral de la Fiscalía, aunque los fiscales insistieron en que se trató de gastos por “cientos de millones de pesos”.

La audiencia, que había sido convocada para las 14, comenzó finalmente una hora más tarde. Luego debió suspenderse nuevamente por dos horas debido a las dificultades logísticas en el traslado de Scarel y Macua, alojados en la cárcel de la Order bajo protocolo de alta peligrosidad. Los abogados defensores plantearon además que recién recibieron el escrito acusatorio a las 3 de la madrugada del jueves, y que las trabas administrativas impidieron un correcto acceso a la documentación por parte de los detenidos. Si bien estaba prevista la participación virtual, finalmente se acordó que la audiencia se realizara de forma presencial.

Durante la extensa jornada también se debatieron cuestiones procesales, como el tratamiento de nuevas querellas y la admisibilidad de pruebas vinculadas a la facturación de los abogados defensores. El tribunal, integrado de manera poco habitual por una terna de jueces —Nicolás Fopiani, Gonzalo Fernández Bussy y Valeria Pedrana—, resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes.

Se espera que en la reanudación de la audiencia, los fiscales soliciten medidas cautelares como la prisión preventiva. Luego será el turno de las defensas, que ya anticiparon que plantearán la nulidad de algunos tramos de la acusación por considerarlos violatorios de garantías constitucionales.

La causa penal por estafa y asociación ilícita contra Vicentin tiene su origen en las denuncias formuladas tras el colapso económico del holding, en diciembre de 2019. En 2023, los fiscales Moreno y Narvaja imputaron a una docena de exdirectivos, entre ellos Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Omar Scarel, Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio y Pedro Vicentin, Yanina Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza. Ahora, la Fiscalía busca ampliar la acusación sumando a la estructura posdefault, con nombres como Estanislao Bourgain y Carlos Sartor, que habrían actuado en coordinación con los antiguos jerarcas para continuar con las maniobras fraudulentas.

De fondo, lo que está en juego es no solo el futuro procesal de los imputados, sino también el alcance real de la investigación penal sobre una de las mayores crisis empresariales de la historia reciente en la Argentina. La audiencia continúa este viernes y se anticipa otro capítulo clave en una causa que sigue sumando tensión judicial, política y mediática.