La relación entre la agroexportadora Vicentin y sus empleados atraviesa su momento más crítico. La empresa comunicó a los sindicatos que “no podía asegurar el pago de los salarios de febrero” y mencionó incluso la posibilidad de frenar la producción y cerrar sus plantas en Santa Fe. Ante esta amenaza de incumplimiento salarial –la principal obligación de cualquier empleador–, los gremios aceiteros declararon el estado de alerta y advirtieron que, de concretarse la suspensión de pagos, iniciarán un plan de lucha con paro nacional que paralizaría todas las plantas aceiteras del país. “No permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario. No seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentín, cuyos principales responsables son sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra”, expresaron en un comunicado conjunto el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación nacional del sector.
La dramática situación se precipitó en los últimos días, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anulara la homologación del concurso de acreedores de Vicentin. Ese revés judicial frenó la implementación del plan de rescate que la empresa había acordado con un consorcio de compañías (Viterra-Glencore, Bunge y la cooperativa ACA) para inyectar capital y reactivar sus operaciones. Según la propia Vicentin, al caerse dicho acuerdo quedó en jaque el ingreso con que venía sosteniéndose la firma: a fines de este mes, Bunge y ACA dejarán de contratar los servicios industriales y portuarios de Vicentin, dejándola virtualmente sin facturación. En una reunión realizada el lunes pasado, directivos de la compañía admitieron estar “al borde del abismo” y reconocieron que no sabían si podrían pagar los sueldos de febrero. El encargado de transmitir esa noticia a los delegados gremiales fue el gerente de Recursos Humanos, Carlos Iglesias, quien “incluso llegó a mencionar la posibilidad de frenar la producción o cerrar las puertas” de la planta, mientras otros altos ejecutivos presentes guardaban silencio.
Los sindicatos rechazan de plano la excusa empresaria. Señalan que Vicentin no mostró intención ni capacidad de buscar otros clientes o contratos para mantener activa la producción, pese a que existen alternativas en el mercado. Al mismo tiempo, cuestionan los privilegios que la cúpula directiva mantuvo durante la crisis, sin ajustar los elevados salarios de sus propios ejecutivos. Todo esto alimenta la sospecha de que la firma estaría “incentivando el conflicto laboral y social de manera voluntaria” como táctica de presión. Frente a la incertidumbre, los representantes de los trabajadores denunciaron la situación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y pidieron la intervención urgente del gobierno provincial. Han solicitado una audiencia con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, aunque hasta el momento “no obtuvieron respuesta”. Martín Morales, secretario gremial del SOEA San Lorenzo, advirtió que las autoridades políticas no pueden mirar hacia otro lado: “Pullaro no puede ser espectador como viene siendo, porque peligran más de 3 mil puestos de trabajo, que afectarían duramente a toda la provincia”. El dirigente subrayó que a los obreros “no nos interesan los negocios (de los dueños), pero sí que la empresa tenga continuidad y los puestos de trabajo sigan vigentes”. En caso de que Vicentin no deponga su actitud y no efectúe el pago de sueldos en tiempo y forma, los gremios ratificaron que avanzarán con medidas de fuerza que detendrían la actividad aceitera a nivel nacional.
Antecedentes: deudas millonarias y gestión bajo la lupa
Detrás de la crisis actual subyace una gestión empresaria fuertemente cuestionada en los últimos años. Vicentin SAIC, fundada hace más de 90 años, llegó a ser uno de los principales conglomerados agroindustriales de Argentina, pero su derrumbe financiero a fines de 2019 sacudió al sector. En diciembre de ese año la firma dejó de pagar sus deudas, aduciendo “estrés financiero”, e incurrió en una cesación de pagos por alrededor de USD 1.350 millones. La moratoria provocó “un significativo perjuicio en el sector agroexportador, al sector cooperativo, al fisco y a la banca pública”, resultando afectadas numerosas cooperativas, productores y empresas proveedoras, además del propio Estado por impuestos impagos. Su principal acreedor resultó el Banco de la Nación Argentina (BNA) –el banco público– con préstamos impagos por unos $18.500 millones. Buena parte de esos créditos le habían sido otorgados a Vicentin durante 2019, en la recta final del gobierno de Mauricio Macri, en condiciones que luego serían objetadas por la justicia. De hecho, documentos judiciales revelaron que, semanas antes del default, directivos de Vicentin gestionaron la salida de millones de dólares del país con la complicidad de exfuncionarios nacionales. Un informe del fiscal federal Gerardo Pollicita expuso, por ejemplo, que el 26 de noviembre de 2019 el Banco Nación aprobó en tiempo récord un nuevo préstamo de USD 6 millones para Vicentin a pedido expreso de dos de sus máximos directivos (Herman Vicentin y Máximo Padoán). Estas y otras maniobras –sumadas a la sospecha de un vaciamiento patrimonial– motivaron denuncias penales y alimentaron el rechazo social hacia la compañía en su localidad de origen, Avellaneda (Santa Fe), donde las deudas impagas afectaron gravemente a productores y economías de la zona.
En 2020, tras la asunción del nuevo gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández intentó una intervención estatal y eventual expropiación de Vicentin, argumentando la necesidad de salvar las fuentes de trabajo y evitar un colapso mayor en la cadena agrícola. Sin embargo, aquella iniciativa chocó con la resistencia de sectores políticos opositores y fue frenada en la Justicia. Aun así, en el marco de ese proceso, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe dejó asentadas duras críticas hacia la cúpula de la empresa: en un escrito presentado ante el juzgado concursal, el organismo provincial señaló que el directorio original de Vicentin “no está a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre el grupo empresario y dándoles tiempo para vaciar la compañía”. Pese a ello, la administración natural de Vicentin logró permanecer al mando durante la mayor parte del concurso de acreedores, bajo supervisión judicial.
La causa concursal de Vicentin se ha dilatado por casi tres años con innumerables idas y vueltas. La compañía consiguió en 2021 reanudar parcialmente sus actividades mediante contratos de fasón (servicios de procesamiento para terceras empresas) en sus plantas, a la espera de un salvataje definitivo. Recién en marzo de 2024 la Justicia de primera instancia aprobó un plan de pago a los acreedores, propuesto por Vicentin con quitas significativas de la deuda y respaldado por los inversionistas estratégicos mencionados (ACA, Bunge y Viterra). Sin embargo, ese acuerdo fue altamente controvertido: un grupo de acreedores denunció que Vicentin habría manipulado la votación favoreciendo a acreedores minoristas (ofreciéndoles pagos iniciales de USD 30.000 iguales para todos, sin distinguir el monto adeudado) para obtener las mayorías requeridas. La firma Commodities SA impugnó legalmente la homologación alegando “desigualdad” de trato, y finalmente la Corte santafesina le dio la razón revocando el acuerdo este mes. Ahora el proceso entra en terreno incierto: el fallo abre la posibilidad de un cramdown o salvataje de terceros, es decir, que otras empresas presenten ofertas para hacerse cargo de Vicentin compitiendo con el plan original. Mientras tanto, la empresa quedó sin el sostén financiero que le brindaban sus potenciales socios, y por eso sus directivos han lanzado esta nueva amenaza de dejar de pagar, que en la práctica podría precipitar la quiebra definitiva de Vicentin.
Impacto en los trabajadores y la economía regional
La crisis de Vicentin tiene en vilo a toda la región del norte santafesino y el cordón industrial del Gran Rosario. Unas 3.000 familias dependen del funcionamiento de la empresa, incluyendo aproximadamente 1.300 empleos directos y otros 1.700 indirectos asociados a su actividad. Si la compañía incurre en una cesación de pagos en pleno concurso, generaría una deuda post-concursal prohibida por la ley de Quiebras, dejándola al borde del colapso y poniendo en riesgo esas fuentes laborales. Los trabajadores temen por su futuro y reclaman respuestas urgentes. “Las autoridades nacionales, provinciales y locales creyeron que no involucrarse los salvaba del escándalo, pero el default de Vicentin los salpicó igual. Ahora, 3.000 familias esperan un guiño de la política para evitar el peor escenario”, resumió el dirigente gremial Martín Morales, enfatizando la necesidad de una solución de fondo. Por lo pronto, el tiempo apremia: a días de fin de mes, la pelota está en el terreno de Vicentin –y de los gobiernos– para evitar que este conflicto escale hacia un paro general del sector y un nuevo golpe social en la provincia.
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