Cuenta regresiva para Vicentin: una decisión judicial podría sellar su destino este viernes

Vicentin al borde del abismo: la audiencia del 7 de marzo definirá si la empresa resurge o se hunde en la quiebra.

La agroexportadora Vicentin S.A.I.C., protagonista de una de las mayores crisis empresariales de Argentina en los últimos años, atraviesa un momento crítico. Tras cinco años de concurso de acreedores sin resolución definitiva, la empresa enfrenta una frágil situación financiera, deudas crecientes fuera del acuerdo concursal y la posible caída de contratos fundamentales para su operación diaria. En este contexto, el juez del concurso ha convocado para el 7 de marzo una audiencia decisiva con los directivos de Vicentin y sus potenciales inversores, a fin de esclarecer el futuro inmediato de la compañía. La falta de certezas sobre la continuidad de los acuerdos con sus “socios estratégicos” y el peso de los pasivos posconcursales impagos perfilan un escenario que podría derivar en la quiebra de la empresa si no se encuentran soluciones urgentes.

Antecedentes del caso

Del default de 2019 al concurso preventivo. Vicentin, fundada en 1929 y convertida en uno de los mayores exportadores de granos y subproductos del país, entró en crisis a fines de 2019. En diciembre de ese año, la firma incumplió pagos de manera sorpresiva, deteniendo su operatoria comercial y financiera. La deuda total declarada entonces rondaba los USD 1.350 millones, de los cuales aproximadamente USD 1.000 millones correspondían a bancos (el principal acreedor individual es el Banco de la Nación Argentina, con unos ARS 18.000 millones, equivalentes a cerca de USD 300 millones) y los USD 350 millones restantes a proveedores del sector agrícola​. En marzo de 2020, ante la cesación de pagos, Vicentin solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista a cargo del juez Fabián Lorenzini​. Se inició así un largo proceso judicial destinado a reestructurar sus obligaciones y evitar la quiebra, involucrando a 1.700 acreedores afectados por el default​.

Intento de expropiación y primeros planes de rescate. La magnitud del caso rápidamente trascendió lo judicial y ganó perfil político. En junio de 2020, el gobierno nacional de entonces (presidido por Alberto Fernández) anunció su intención de intervenir y expropiar Vicentin, argumentando la preservación de la empresa y sus puestos de trabajo. Sin embargo, esa iniciativa encontró fuerte resistencia social y legal, incluidas movilizaciones en Santa Fe y medidas judiciales que bloquearon la intervención. Finalmente, la expropiación no prosperó y la gestión de la compañía volvió a manos de sus directivos, aunque bajo la supervisión del juez concursal. No obstante, el caso se mantuvo bajo la lupa pública: Vicentin se convirtió en “protagonista de un intento de expropiación durante el gobierno de Alberto Fernández”​, y su situación financiera pasó a ser crítica para la región norte de Santa Fe, donde la empresa es un motor económico histórico.

Deudas bancarias e investigaciones penales. Paralelamente al concurso, surgieron cuestionamientos sobre la gestión previa de la empresa. Un grupo de bancos internacionales (acreedores de unos USD 500 millones) promovió investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y garantías. En 2020 se abrió una causa penal en Rosario por posible defraudación y balances falsos, que derivó en medidas cautelares: en particular, la inhibición de vender activos clave. Vicentin poseía una participación del 33% en Renova, una planta estratégica de procesamiento de soja, y planeaba venderla a su socia Viterra (ex Glencore) por USD 310 millones para obtener liquidez. Pero dos órdenes judiciales penales prohibieron esa venta, considerando que podía lesionar los derechos de los acreedores en el concurso​. Incluso, Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin en 2022, fue imputado penalmente por desobedecer esas órdenes al intentar avanzar con la transacción, debiendo pagar una caución de USD 500.000 para no quedar detenido​. Estas actuaciones en el fuero penal complicaron la estrategia de reestructuración, pues impidieron la disposición de activos destinados a pagar deudas, agregando otro frente de incertidumbre legal.

El acuerdo concursal y los “inversores estratégicos”. A pesar de las dificultades, Vicentin continuó buscando una salida negociada. Desde 2020 la empresa operaba de forma limitada, tercerizando su producción (trabajando “a fazón”) por falta de capital de trabajo propio​. En 2021 y 2022 encaró intensas negociaciones con acreedores y posibles socios. Para mediados de 2022, la compañía había alcanzado las mayorías de adhesión requeridas para una propuesta de acuerdo preventivo, gracias a una oferta de pago que involucraba el ingreso de tres compañías del sector como inversores. Según la presentación de Vicentin, con “la mayoría abrumadora de sus acreedores” a favor, Viterra, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Bunge acordaron un plan para capitalizar la empresa, asumir la continuidad del negocio e inyectar fondos destinados a pagar a los acreedores​. Estos socios estratégicos —dos multinacionales y una cooperativa local— se comprometían a garantizar la operación de todos los establecimientos de Vicentin, a cambio de una participación mayoritaria en el capital (se preveía que en conjunto podrían tomar hasta el 90% de las acciones, desplazando del control a la familia Vicentin)​. La oferta concordataria presentada contemplaba una quita significativa de la deuda: en promedio, el pago de alrededor del 30% del pasivo verificado, a ser cancelado en un plazo de hasta 12 años​. En algunos casos, la quita implicaba que los acreedores cobraran apenas el 20% de sus créditos originales (80% de quita)​, situación que generó resistencias en ciertos acreedores.

Aprobación judicial y freno de la Corte Suprema provincial. En septiembre de 2022, Vicentin informó haber logrado los porcentajes de conformidad exigidos por la Ley de Concursos (más de dos tercios de los acreedores, representando cerca del 71% del capital adeudado)​. Sin embargo, debido a las complejidades del caso, la homologación judicial del acuerdo preventivo sufrió dilaciones. Recién en marzo de 2024 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista, actuando como tribunal de segunda instancia, aprobó la propuesta de pago presentada por la cerealera​. Esta decisión allanó momentáneamente el camino para que los “inversores estratégicos” concretaran su ingreso al paquete accionario​ y Vicentin pudiera, tras cuatro años, empezar a salir del concurso preventivo. No obstante, la historia dio un nuevo giro. Varios acreedores disidentes (entre ellos el Banco Nación y un consorcio de compañías que habían comprado deuda concursada a precio vil) impugnaron la homologación por considerarla abusiva. La disputa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que el 18 de febrero de 2025 emitió un fallo clave: por mayoría, el máximo tribunal provincial revocó la homologación del acuerdo concursal​. La Corte admitió un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara de Reconquista, anulándola, y ordenó reenviar las actuaciones a un tribunal inferior para un nuevo pronunciamiento​. En la práctica, derivó el expediente a la Cámara de Apelaciones de Rafaela, abriendo nuevamente interrogantes sobre cómo seguiría el concurso. Importante es señalar que la Corte santafesina no ordenó iniciar un cramdown (proceso de salvataje por terceros previsto en la ley ante fracaso del acuerdo) de inmediato​, sino que dejó pendiente una nueva decisión en la órbita provincial. Vicentin, por su parte, obtuvo un plazo de 10 días hábiles para solicitar que el caso sea elevado a la Corte Suprema de la Nación​, intentando así llevar la pelea al ámbito federal. Esta saga judicial prolongada, que comenzó con la apertura del concurso en marzo de 2020 y se extendió por cinco años, dejó a la empresa en una situación precaria, atrapada entre la falta de definición legal definitiva y el deterioro de su realidad financiera.

Actores involucrados. Desde el inicio, múltiples actores han jugado un papel en el caso Vicentin. Los acreedores financieros incluyen grandes bancos nacionales e internacionales: el Banco Nación (mayor acreedor individual, con ~USD 300 millones) se ha mostrado abiertamente crítico del acuerdo por la elevada quita, llegando a manifestar que impugnaría cualquier homologación por considerarla “extremadamente desfavorable” para la entidad​. Por otro lado, un grupo inversor conformado por Commodities SA / CFS (Grupo CIMA) y la corredora Grassi SA adquirió en 2023 aproximadamente USD 450 millones en créditos bancarios internacionales de Vicentin, pagando solo 11 centavos por dólar. Este grupo, tras comprar cerca del 40% del pasivo concursal a precio muy bajo, se erigió como uno de los principales opositores al acuerdo, tildándolo de abusivo en sede judicial​. Vicentin ha respondido que su propuesta de repago del 30% supera ampliamente ese valor de compra de la deuda en el mercado secundario, defendiendo que no hay tal abusividad​. Los acreedores comerciales (productores agropecuarios, acopios y cooperativas a quienes Vicentin adeudaba entregas de granos) en su mayoría apoyaron el acuerdo, priorizando alguna recuperación antes que una quiebra que probablemente los dejaría sin nada. El Gobierno nacional tras el fallido intento de expropiación mantuvo cierta distancia, aunque el caso siguió de cerca por sus efectos económicos y sociales; eso sí, a través del Banco Nación continuó presionando en la vía legal. El Gobierno provincial de Santa Fe se involucró especialmente en la arista judicial: primero ofreciendo facilitar acuerdos (incluso se barajó crear un fideicomiso provincial en 2020), y luego mediante la actuación de su Corte Suprema. Los sindicatos, en particular el gremio de Aceiteros, han estado alerta para defender los salarios y puestos de trabajo: realizaron medidas de fuerza cuando peligró el cobro de haberes, pero también negociaron acuerdos temporales para mantener la paz social. Finalmente, los “socios estratégicos” (ACA, Viterra y Bunge) se convirtieron en actores cruciales: inicialmente como salvadores dispuestos a entrar con capital fresco si el plan avanzaba, pero luego como posibles damnificados del limbo legal, evaluando si sostener su compromiso o retirarse. Todos estos actores confluirán, directa o indirectamente, en la próxima fase crítica del caso.

Situación actual: finanzas asfixiadas y contratos en la cuerda floja

Al inicio de 2025, la realidad operativa y financiera de Vicentin es sumamente delicada. La empresa sólo puede trabajar “a fasón”, es decir, procesando materia prima de terceros por una tarifa, ya que carece de capital para comprar granos por cuenta propia​. Desde la apertura del concurso en 2020, Vicentin debió adaptarse a este esquema para generar ingresos mínimos: procesa maíz en su planta de Avellaneda para producir etanol, y en sus plantas de San Lorenzo y Ricardone muele oleaginosas (soja, girasol) para clientes que luego comercializan los productos finales​. Este modelo de negocio de emergencia le permitió continuar funcionando, pero con márgenes muy ajustados. Además, la prolongación del proceso concursal ha tenido un costo económico enorme: en los últimos 27 meses (2022 hasta fines de 2024), Vicentin perdió unos USD 47,4 millones de capital de trabajo, consumidos en pagos de deudas posconcursales privilegiadas y gastos del propio concurso​. A eso se sumaron los costos fijos operativos de mantener su estructura: solo en salarios y cargas sociales desembolsó alrededor de USD 106,3 millones en ese período​, pese a que su nivel de actividad estaba muy por debajo de la normalidad histórica.

La falta de financiamiento externo agravó la situación. A diferencia de otras empresas en reestructuración, Vicentin no pudo acceder a crédito para recomponer capital de trabajo, dado su estado concursal y la incertidumbre legal. Sus únicas fuentes de fondos han sido la generación propia (muy limitada) y algunos adelantos otorgados por los futuros inversores para cubrir costos básicos. En efecto, en virtud de los contratos de fazón vigentes, compañías como ACA, la Unión Agrícola de Avellaneda y Bunge adelantaron a Vicentin unos USD 3,13 millones (más IVA) para contribución a costos fijos, según consta en informes de la sindicatura​. Si bien esos fondos ayudaron a sostener momentáneamente la caja, resultaron insuficientes frente al continuo drenaje de efectivo. La sequía de 2023 y la escasez de granos en el mercado interno también le pasaron factura: ante la falta de soja disponible, Vicentin debió detener una de sus plantas el año pasado, reduciendo aún más sus ingresos​.

A comienzos de 2025, la empresa presenta un cuadro de endeudamiento posconcursal alarmante. De acuerdo a la sindicatura, al 21 de febrero de 2025 Vicentin acumulaba obligaciones vencidas por más de ARS 5.000 millones (cinco mil millones de pesos) que no había podido pagar​. Entre esos compromisos impagos figuran facturas de servicios e insumos esenciales para la operatoria diaria. Por ejemplo, la proveedora de energía eléctrica CAMMESA ya intimó formalmente a Vicentin por falta de pago del suministro​. Otros proveedores de servicios también tienen facturas vencidas sin cobrar, aunque hasta esa fecha no habían iniciado acciones judiciales agresivas. Según la información de los síndicos, la empresa dio prioridad al pago de salarios y obligaciones impositivas para evitar conflictos mayores​, relegando pagos comerciales que ahora se acumulan peligrosamente. Este desfasaje financiero llevó a que la posición de caja de Vicentin se deteriore al punto de poner en riesgo la continuidad inmediata de sus operaciones, tal como advirtieron los síndicos en sus reportes​.

Otro aspecto crítico es la situación de los contratos vigentes y la materia prima para procesar. Hasta enero de 2025, Vicentin se mantenía activa gracias a algunos contratos de fazón de granos oleaginosos: completó la molienda de girasol de la campaña 2024/25 y la de soja de la campaña 2023/24, así como la de semillas especiales (cártamo, camelina), pero todos esos contratos finalizaron en enero de 2025. En la actualidad, el único contrato de procesamiento aún vigente es el de maíz para producción de etanol, a través de un acuerdo con la firma Bioenergía Agropecuaria​. Sin embargo, incluso ese contrato enfrenta incertidumbre debido al clima de desconfianza sobre el futuro de la compañía​. Los clientes/dadores de granos están cada vez más reticentes a entregar materia prima a una empresa cuyo destino es incierto: temen que una quiebra interrumpa el proceso o que la firma no pueda cumplir con las condiciones pactadas. El mes de enero ya mostró señales de alarma en este sentido: el gremio aceitero realizó paros por demoras en pagos de una gratificación anual, lo que impidió el ingreso de granos a las plantas y provocó la caída de contratos de fazón, profundizando la falta de ingresos​. La situación llegó a tal punto que Vicentin pidió la intervención del Ministerio de Trabajo para encauzar el conflicto.

En noviembre de 2024, la empresa había solicitado formalmente ante la autoridad laboral un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), buscando reducir costos laborales de común acuerdo con los trabajadores para evitar despidos. Bajo este paraguas, en enero de 2025 Vicentin logró un acuerdo con el sindicato de Aceiteros para ganar un respiro de 90 días: durante tres meses la compañía se comprometió a mantener el salario de bolsillo de los empleados, pero quedaría eximida de pagar ciertas contribuciones y extras (más allá del salario mínimo vital y móvil), excepto los aportes jubilatorios de los trabajadores próximos a retirarse​. Asimismo, acordaron un plan de pagos escalonado para la gratificación anual adeudada: abonaron la mitad pendiente el 5 de febrero, y el resto se dividirá en pagos el 21 de febrero y 5 de marzo​. Este pacto, junto con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, permitió levantar las medidas de fuerza y reactivar las plantas que habían quedado paralizadas​. Vicentin confía en que con la normalización transitoria de las relaciones laborales, los proveedores de granos recuperen la confianza y retomen las entregas para procesar​. De hecho, la empresa expresó que espera “regularizar su dinámica en marzo”​, aunque reconoce que todo depende de que se destrabe el frente judicial.

En cuanto a los recursos físicos, Vicentin contaba a fines de febrero con stock de granos remanente para moler en el muy corto plazo: según datos aportados al juez, al 26/02/2025 disponía de unas 26.803 toneladas de girasol, apenas 502 toneladas de soja y 4.726 toneladas de maíz en sus silos​. Estos volúmenes son bajos en términos de la capacidad industrial de la compañía, reflejando que está operando casi “día a día” con inventarios mínimos. La proximidad de la cosecha gruesa 2025 (soja y maíz) en el país abre una ventana de oportunidad para nuevos contratos de fazón, pero la empresa debe demostrar solvencia y estabilidad para que los productores u otras firmas confíen sus granos a sus plantas. De lo contrario, esos granos serán procesados por la competencia y las instalaciones de Vicentin podrían quedar ociosas.

Finalmente, un elemento clave de la situación actual es la incertidumbre sobre los contratos con los inversores estratégicos. Los acuerdos vinculantes firmados con ACA, Viterra y Bunge –que fueron la base del convenio concursal– vencían el 28 de febrero de 2025​. Hasta esa fecha, la empresa estuvo negociando a contrarreloj una prórroga de dichos acuerdos, indispensable para mantener alineados a los inversores mientras se resuelve el concurso​. La sindicatura, en su informe de fines de febrero, destacó la “necesidad de contar en forma urgente con una decisión” que asegure la continuidad de esos contratos​, ya que de caducar, los potenciales aportes de capital quedarían sin efecto. De momento, no hay confirmación pública de que la prórroga haya sido firmada, lo que añade tensión: si los socios estratégicos se retiran formalmente, la empresa perdería su principal tabla de salvación futura. En síntesis, Vicentin llega a la antesala de la audiencia del 7 de marzo con tesorería agotada, deudas posconcursales millonarias, contratos industriales agotados o pendiendo de un hilo, y sus prometidos inversores en compás de espera hasta que el panorama legal y operativo se aclare.

La audiencia del 7 de marzo: definición urgente ante el juez

Con este panorama, el juez Fabián Lorenzini –a cargo del concurso preventivo– convocó a una audiencia extraordinaria para el 7 de marzo de 2025 a las 9:00 horas​. Se trata de una instancia crucial en la que se pondrá sobre la mesa la supervivencia inmediata de Vicentin. A la cita fueron llamados a comparecer los principales responsables y actores de la situación actual: por un lado, los directores de Vicentin SAIC, es decir, la alta gerencia de la empresa que debe explicar la conducción de la concursada; por otro lado, representantes de las empresas Bunge, Viterra y ACA –los tres socios estratégicos–, cuyas decisiones de continuar o no trabajando con Vicentin serán determinantes​. Asimismo, el tribunal solicitó la presencia de la sindicatura concursal y de los miembros del Comité de Control de Acreedores, órganos que supervisan el concurso, para aportar su visión técnica. Incluso se notificó a todos los acreedores verificados (unos 1.700) que tienen la posibilidad de asistir, presencial o virtualmente vía Zoom, dada la trascendencia de la audiencia​. Esta apertura inusual al público concursal refleja la importancia del encuentro: el futuro de la compañía está en juego.

Según la resolución judicial de convocatoria, el objeto de la audiencia es que los convocados “se expidan sobre la actual situación operativa de la concursada, contratos en curso de ejecución, compromisos económicos pendientes de pago, propuesta concordataria, flujo de fondos necesario para atender la continuidad de la sociedad”, entre otros temas que el juez podrá requerir en el acto​. En otras palabras, el juez exigirá respuestas concretas a preguntas urgentes: ¿está Vicentin en condiciones de seguir operando día a día? ¿Qué contratos de procesamiento están vigentes y cuáles cayeron, y por qué? ¿Cuánto dinero se necesita para mantener funcionando a la empresa en los próximos meses y de dónde saldrá? ¿Siguen en pie los compromisos de los inversores estratégicos para aportar capital, o se han caído? ¿Cómo piensa la empresa cumplir (o reestructurar) los pagos posconcursales atrasados? Y, en última instancia, ¿qué perspectivas reales hay de que prospere un acuerdo concursal modificado, o habrá que pensar en alternativas como la quiebra o el salvataje por terceros?

La dinámica de la audiencia prevé que, en primer término, sea la empresa quien exponga su informe de situación, probablemente a través de sus directores o apoderados legales. Luego, se espera que los representantes de Bunge, Viterra y ACA tomen la palabra para definir su postura: ellos deberán aclarar si mantendrán sus contratos de fazón y su promesa de inversión pese a la demora en la homologación, o si consideran rescindidos esos acuerdos ante la incertidumbre jurídica. Su pronunciamiento es clave, ya que de la continuidad o retiro de estos “socios” depende prácticamente cualquier plan de rescate. La sindicatura seguramente complementará con datos actualizados de caja, deudas y actividad (muchos ya adelantados en sus informes escritos) para brindar al juez la visión objetiva del estado económico-financiero. El Comité de Acreedores, por su parte, podría expresar la posición de los acreedores en conjunto o de grupos particulares (por ejemplo, los que apoyan la propuesta vs. los que la rechazan).

Posibles escenarios en la audiencia. Dada la información que se conozca y las posturas de cada actor, el juez Lorenzini podría encaminar la definición hacia distintos cursos de acción:

• Apoyo de los inversores y plan de contingencia: Si las empresas ACA, Viterra y Bunge reafirman su compromiso y, eventualmente, acceden a extender los acuerdos vinculantes, se allanaría el camino para dar más tiempo al concurso. Podrían incluso plantearse medidas de emergencia para financiar la continuidad operativa: por ejemplo, nuevos adelantos de fondos para pagar insumos críticos o asegurar materia prima. En este escenario, el juez buscaría obtener garantías de que Vicentin podrá sostenerse hasta que la situación legal se resuelva (sea vía nueva homologación en la Cámara de Rafaela, o vía intervención de la Corte nacional). Es posible que se discuta la elaboración de un plan de contingencia a corto plazo, con compromisos concretos: pagos mínimos a proveedores esenciales, mantenimiento de cierta capacidad operativa y cumplimiento estricto de las obligaciones laborales, todo supervisado de cerca por el juzgado.

• Retiro de apoyo y colapso operativo: Si por el contrario los socios estratégicos manifiestan dudas o deciden no continuar vinculados (por ejemplo, si dicen que los contratos vencieron y no planean renovarlos sin un acuerdo firme), el panorama se torna sombrío. Vicentin se quedaría sin sustento para funcionar: sin contratos de fazón asegurados ni capital fresco a la vista, probablemente debería detener sus actividades en el muy corto plazo. Esto abonaría el camino hacia la declaración de quiebra, pues evidenciaría la imposibilidad de la concursada de cumplir con sus obligaciones posconcursales y de mantener el giro comercial. El juez, ante tal escenario, podría disponer medidas conservativas inmediatas (como prohibir nuevas contrataciones de deuda, ordenar a la sindicatura un informe urgente de liquidación, etc.) preparando el terreno para eventualmente decretar la quiebra en semanas.

• Reformulación de la propuesta concursal: Cabe la posibilidad de que en la audiencia la empresa proponga modificaciones al acuerdo preventivo original, buscando sortear las objeciones que llevaron a la Corte a frenarlo. Por ejemplo, podría insinuarse una mejora en la oferta a los acreedores (mayor porcentaje de pago u otras condiciones) si ello es factible con aportes adicionales de los inversores. O presentar un plan alternativo para atender a los acreedores que denunciaron abusividad, tal vez incorporándolos de alguna forma. No es el objeto principal de la audiencia definir la propuesta, pero cualquier señal en este sentido sería relevante para el juez al evaluar si vale la pena mantener vivo el proceso concursal.

• Intervención del Estado u otros terceros: Aunque no está en la convocatoria oficial, podría sobrevolar el debate la pregunta de si existe algún auxilio externo disponible. Por ejemplo, si algún organismo público (provincial o nacional) ofreciera líneas de crédito de emergencia, o si algún nuevo inversor asomara interesado en reemplazar a los actuales. Sin embargo, hasta el momento no han trascendido propuestas firmes fuera del trío ya conocido, y el clima político actual (con un nuevo gobierno nacional de perfil liberal desde finales de 2023) no sugiere inclinación a rescates estatales directos.

Es importante destacar que la audiencia del 7 de marzo en sí no implica una resolución inmediata del concurso ni la declaración automática de quiebra; se trata de una diligencia informativa y decisoria donde el juez recabará elementos para luego sí tomar determinaciones fundadas. Podría ocurrir que ese mismo día Lorenzini dicte alguna orden o plazo perentorio (por ejemplo, exigir a Vicentin presentar en días un plan de pagos de los pasivos urgentes, o intimar formalmente a los inversores a manifestar su continuidad por escrito). Pero la decisión de fondo –continuar con el concurso o abrir la quiebra– probablemente venga posteriormente, una vez evaluado todo lo expuesto en la audiencia. En cualquier caso, el 7 de marzo marcará un punto de inflexión: o se encamina una solución (aunque sea transitoria) para que Vicentin siga operando, o se acelerará su desmoronamiento definitivo.

Impacto: trabajadores, proveedores y el agro argentino en vilo

La crisis de Vicentin tiene un impacto que trasciende a la propia empresa y salpica a numerosos sectores:

Trabajadores y comunidad local: Vicentin emplea directamente a alrededor de 1.000 trabajadores en sus distintas plantas e instalaciones​, además de generar miles de puestos indirectos (transportistas, estibadores portuarios, contratistas de servicios, etc.) en la cadena agroindustrial de Santa Fe. Para la ciudad de Avellaneda y sus alrededores, donde la empresa tiene su sede histórica y una destilería de maíz, Vicentin es un pilar económico desde hace décadas. La posibilidad de una quiebra y cierre definitivo implicaría la pérdida masiva de empleos de calidad en la región, golpeando la economía local. Los trabajadores de Vicentin, nucleados en el sindicato de Aceiteros principalmente, ya han sufrido sobresaltos: han visto peligrar el cobro de sueldos y extras, y solo mediante huelgas lograron asegurar pagos atrasados recientemente​. En caso de quiebra, pasarían a ser acreedores laborales en el proceso (con privilegio para cobrar indemnizaciones y salarios adeudados, pero igualmente con enorme incertidumbre y espera). Además, muchos empleados podrían enfrentar dificultades para reubicarse dada la especialización de la industria (no hay muchas plantas equivalentes en el norte de Santa Fe). Por el contrario, si se logra evitar la quiebra e ingresar los inversores, la promesa es continuidad laboral aunque con reestructuración: el propio plan concursal preveía una reducción de plantilla una vez concretada la entrada de los nuevos dueños, ajustando el personal a la “nueva realidad” de la empresa​. Eso implicaría retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas, pero probablemente conservando una porción mayoritaria de los puestos, algo preferible al desempleo total que traería un cierre.

Proveedores y productores agropecuarios: Vicentin, antes de su default, era un actor central en la cadena de valor del agro. Compraba granos a miles of productores y cooperativas, a quienes luego pagaba al exportar sus productos. Tras el default de 2019, esos proveedores agrícolas quedaron con acreencias importantes (muchos figuran entre los 1.700 acreedores concursales). Durante el concurso, la empresa dejó de ser un comprador relevante y pasó a competir marginalmente por materia prima para fazón. Muchos productores tuvieron que cambiar de canal de comercialización, vendiendo a otras exportadoras o cooperativas. Si Vicentin lograra reestructurarse e incluso retomar operaciones propias en el futuro, podría nuevamente convertirse en una opción de mercado para los agricultores de la región, aumentando la competencia entre acopiadores y mejorando condiciones. Pero si la empresa quiebra, sus plantas podrían quedar paradas por un tiempo y eventualmente ser vendidas a otras firmas, reduciendo el número de compradores independientes en la plaza. En el corto plazo, la quiebra también complicaría a los proveedores de bienes y servicios que hoy tratan con Vicentin: empresas de logística, mantenimiento industrial, insumos (químicos, envases, repuestos, etc.) que ya vienen sufriendo atrasos en pagos verían extinguida la posibilidad de cobro de lo adeudado (pasarían a la lista de acreedores quirografarios en la quiebra, con recupero incierto). Para muchos de ellos, Vicentin era un cliente importante, por lo que su caída puede significar pérdidas difíciles de absorber.

Acreedores financieros e inversores: El desenlace de esta crisis definirá cuánto recuperan o pierden finalmente quienes le prestaron dinero a Vicentin. Si se reconduce el concurso y se concreta el acuerdo (u otro similar), los acreedores cobrarían solo una porción de sus créditos (aprox. 30%) a muy largo plazo​, pero al menos habría una restitución parcial garantizada por los nuevos dueños. En cambio, la quiebra implicaría la liquidación de activos y distribución de lo obtenido según las prioridades de ley: primero los laborales, luego los fiscales y bancarios con garantía, etc., y al final los comerciales sin garantía. Dado que la deuda total supera los USD 1.400 millones​, es casi seguro que los bienes de Vicentin no alcancen para saldar todo (de hecho, uno de los principales activos es el 33% de Renova, cuyo valor referencial era USD 310 millones​; otros activos son las plantas industriales, cuya valuación en realización forzada sería mucho menor que su valor en funcionamiento). Banco Nación, por ejemplo, podría ver esfumarse gran parte de sus $18.000 millones si no hay acuerdo (ya ha provisionado esa pérdida en sus balances). Los bancos internacionales que vendieron sus créditos asumirían pérdidas del orden del 89% (aunque quienes compraron esa deuda barata, como el Grupo CIMA, podrían incluso lucrar si en una quiebra logran cobrar más del 11% que pagaron). Por eso, existen acreedores con intereses encontrados: algunos prefieren el escenario de continuidad (aunque cobren poco, cobrar algo y mantener vivo un cliente), y otros quizás apuestan a una liquidación (con la expectativa de adquirir activos o maximizar recupero a precio de remate). Esta tensión se ha visto claramente en las posiciones ante la justicia: mientras Vicentin advertía que no homologar el acuerdo significaría “el cierre definitivo” y la pérdida total para todos​, el Banco Nación y otros pedían no avalar la propuesta por considerarla perjudicial​.

Mercado agroindustrial argentino: Vicentin fue históricamente el sexto exportador de granos y derivados del país y el primero de capitales nacionales. Su caída prolongada ya ha tenido efectos en el sector. Competidores internacionales ocuparon parcialmente su lugar en las exportaciones. Viterra (Glencore), ex socia minoritaria, incrementó su posición en el negocio de crushing a través de Renova. COFCO (China), Cargill, Louis Dreyfus, ADM, Bunge, entre otros, ajustaron sus cuotas de mercado. La pérdida de un jugador importante puede derivar en menor competencia al comprar materia prima a productores, potencialmente afectando precios locales. También la capacidad ociosa industrial aumentó: las plantas de Vicentin en San Lorenzo y Ricardone no han podido aprovechar plenamente los volúmenes de cosecha, lo que en años de buena producción podría ser un cuello de botella para la molienda nacional. Un cierre definitivo de Vicentin consolidaría la tendencia de concentración del sector en empresas multinacionales y cooperativas grandes. Por el contrario, su supervivencia (de la mano de ACA, por ejemplo, que es una cooperativa argentina) mantendría cierto balance entre capitales nacionales y extranjeros en la agroindustria. Además, Vicentin tiene diversificaciones (algodón –Algodonera Avellaneda–, carnes –frigorífico Friar–, biodiésel, jugos) cuyo destino también preocupa: esos negocios podrían venderse por separado en una quiebra, alterando aún más el mapa productivo regional.

Reputación país y confianza en el mercado: Este caso emblemático también impacta en la confianza de los mercados. La prolongación del concurso de Vicentin, con idas y venidas judiciales, refuerza una imagen de incertidumbre jurídica en Argentina, especialmente en la provincia de Santa Fe. Inversores extranjeros observan con atención si se respetan las reglas y tiempos en los procesos de restructuración de deuda. La eventual quiebra de Vicentin, tras haber logrado mayorías de acreedores, podría ser vista como un fracaso del sistema concursal en encontrar soluciones ante un default corporativo de gran magnitud. Por otro lado, muchos en el sector productivo miran con preocupación la posibilidad de un “efecto dominó” social: la desaparición de Vicentin significaría no solo pérdidas económicas, sino también un golpe anímico en la región, comparable a lo que fue la caída de la láctea Sancor años atrás, u otras firmas emblemáticas.

En síntesis, el impacto de lo que suceda con Vicentin excede a sus accionistas. Cualquier decisión –sea sostenerla en pie o liquidarla– tendrá consecuencias directas en trabajadores, proveedores, acreedores e incluso en la dinámica del mercado agroexportador argentino. Esto explica por qué el caso es seguido de cerca no solo en los tribunales, sino también en despachos gubernamentales, cámaras empresarias y sindicatos, todos preocupados por mitigar daños.

Posibles salidas para evitar la quiebra

Frente a la encrucijada actual, se barajan pocas alternativas viables para rescatar a Vicentin de la cesación definitiva. Estas son las opciones que se vislumbran, cada una con sus obstáculos:

1. Renegociación y prórroga con los inversores estratégicos: La vía más directa sería lograr que ACA, Viterra y Bunge mantengan su compromiso de inversión y colaboración operativa por un tiempo adicional, aún sin una homologación firme. Esto implicaría firmar una nueva prórroga de los acuerdos vinculantes, extendiendo la fecha límite más allá del 28 de febrero vencido. A cambio, el juez y la empresa podrían ofrecer ciertas garantías o seguridades jurídicas (por ejemplo, mantener la prioridad de estos inversores en cualquier escenario futuro, o facilitarles algún control sobre la gestión mientras se espera la definición judicial). Si los inversores aceptaran, podrían incluso aportar financiamiento de emergencia: nuevos adelantos de fondos o créditos puente para que Vicentin pague sus deudas urgentes (proveedores clave, energía, etc.) y compre materia prima mínima para continuar operando. Esta alternativa, sin embargo, depende de la confianza: los inversores ya han prorrogado sus contratos al menos dos veces ​y podrían estar reacios a seguir dilatando la situación sin una resolución concreta a la vista. Mucho dependerá de si perciben que hay luz al final del túnel (por ejemplo, si la Cámara de Rafaela u otra instancia da señales de convalidar el acuerdo en un plazo razonable, o si la Corte nacional decide tomar el caso, lo que podría darles expectativa de un resultado favorable). En términos prácticos, una prórroga podría dar oxígeno hasta, digamos, mitad o fines de 2025, tiempo en el cual se debería sí o sí destrabar la reestructuración.

2. Modificación de la propuesta concordataria (más pagos, nuevos términos): Otra salida potencial sería reformular el acuerdo con acreedores para hacerlo más aceptable para los opositores y así encaminar una homologación definitiva. Esto podría significar mejorar la oferta de pago. Por ejemplo, elevar el porcentaje a pagar (pasar del 30% a un porcentaje mayor) o acortar los plazos de 12 años, o combinar efectivo con algún instrumento (acciones, pagos contingentes, etc.). El problema es que cualquier mejora sustancial requiere más fondos: los inversores estratégicos tendrían que estar dispuestos a poner más capital o a asumir una deuda mayor. Dado que la capacidad de generación de Vicentin hoy es nula, lo que se ofrezca extra vendría directamente del bolsillo de ACA, Viterra y Bunge (o de nuevos socios que se sumen). No está claro que exista margen para mucho más: recordemos que la propuesta original ya contemplaba alrededor de USD 300 millones para los acreedores (coincidentemente, el valor del 33% de Renova). Tal vez se pueda incorporar a Banco Nación u otros acreedores duros en el esquema de propiedad (por ejemplo, ofreciéndoles una participación minoritaria en la empresa reestructurada o en el fideicomiso de pago, para alinearlos). O aprovechar que el Grupo Grassi/CIMA, al comprar el 40% de la deuda a 11%, podría obtener una ganancia incluso si se sube la oferta al 33% – Vicentin ha argumentado justamente que su oferta ya es mayor al precio de compra de esos créditos​. Convencer a esos fondos especulativos de aceptar un arreglo tal vez requiera negociación directa (podrían buscar un beneficio adicional). En resumen, una acordada extrajudicial con los principales objetores, plasmada luego en un ajuste de la propuesta concursal, sería una vía para destrabar la homologación. No obstante, lograr consenso en este punto medio demandaría tiempo y voluntad de todas las partes, algo escaso en este estadio.

3. Intervención del Estado mediante financiamiento o avales: Si bien el actual gobierno nacional se ha mostrado reticente a intervenciones empresariales, no puede descartarse del todo algún salvataje público dada la importancia sistémica de Vicentin en la región. Una alternativa podría ser que bancos públicos u organismos (por ejemplo, BICE –Banco de Inversión y Comercio Exterior–) otorguen un crédito de emergencia a Vicentin, con garantía estatal parcial, destinado exclusivamente a mantener operaciones unos meses y pagar pasivos urgentes. Esto sería algo similar a un rescate temporario, probablemente condicionado a que la empresa logre luego su reestructuración privada. También el gobierno provincial de Santa Fe podría involucrarse a través de un fideicomiso de apoyo, como llegó a proponerse informalmente en 2020, juntando fondos de productores locales o de la propia provincia. Sin embargo, políticamente estas opciones son complejas: la experiencia fallida de la expropiación dejó un costo, y hoy la administración nacional (de signo distinto) difícilmente quiera cargar con Vicentin. Además, legalmente, inyectar dinero público a una empresa concursada y con acusaciones penales sensibles es polémico. No obstante, si el escenario es quiebra inminente, podría argumentarse la necesidad de preservar la fuente de trabajo y activar algún tipo de ayuda bajo ese paraguas.

4. Procedimiento de salvataje (cramdown) con terceros: La Ley de Concursos argentina prevé que, si un concurso preventivo fracasa (no logra homologación), el juez puede abrir un proceso de salvataje por terceros (conocido coloquialmente como cramdown). En ese procedimiento, cualquier interesado (incluidos acreedores u otras empresas) puede presentar una propuesta para quedarse con la empresa, pagando a los acreedores según un nuevo plan, usualmente con una quita. En el caso Vicentin, la Corte de Santa Fe evitó declarar directamente esta instancia​, pero no está descartada a futuro si no se consuma el acuerdo actual. Un posible escenario es que, ante la imposibilidad de homologar con Vicentin al mando, se dé oportunidad a otros de proponer un plan. ¿Quiénes podrían estar interesados? Teóricamente, los mismos ACA, Viterra y Bunge podrían presentarse en un salvataje (de hecho ya tienen avanzado un plan). También podría aparecer algún competidor o inversor nuevo, aunque es menos probable dado que los activos principales ya están parcialmente comprometidos (por ejemplo, Viterra seguramente pujaría por Renova, ACA por la parte industrial). El cramdown abriría el juego, pero conlleva más tiempo y litigios. Además, si la empresa pierde a sus inversores actuales en ese ínterin, quizá llegue muy debilitada al salvataje, reduciendo su valor y el interés. Aun así, es una alternativa legal existente: evitar la quiebra vía salvataje permitiría mantener la continuidad operativa bajo otra gestión y satisfacer a los acreedores con la mejor oferta de mercado disponible.

5. Venta de activos o reestructuración parcial dentro del concurso: Otra posibilidad es intentar monetizar activos por fuera del plan general para aliviar la situación de caja. Por ejemplo, si se lograse consensuar con el juzgado penal alguna fórmula, vender la participación en Renova a Viterra u otro comprador, y destinar esos fondos a crear un fondo fiduciario para pagar deudas posconcursales y eventualmente a los quirografarios. Esto requeriría que el juez penal de Rosario levante la inhibición de venta o autorice la operación en beneficio del concurso, lo cual no es seguro pero podría explorarse argumentando que de lo contrario el activo perderá valor en una quiebra. Asimismo, Vicentin podría desprenderse de otras unidades no estratégicas (por ejemplo, su bodega de vinos o sus negocios de miel o algodón) para obtener liquidez. Cualquier reestructuración parcial de este tipo tendría que ser aprobada por el juez concursal y coordinada con la sindicatura, velando por que el producido se distribuya equitativamente. No salvaría por sí sola a la empresa, pero podría ganar tiempo y achicar pasivos para hacer más viable un eventual nuevo acuerdo.

En definitiva, todas las salidas no liquidativas dependen de un factor común: tiempo. Tiempo para negociar, tiempo para que entren fondos, tiempo para que se resuelva la disputa legal. Lamentablemente, ese es el recurso más escaso que tiene Vicentin. La empresa ya acudió a la herramienta del PPC para comprar 90 días de paz laboral​, pero a nivel financiero cada día que pasa sin solución aumenta el riesgo de colapso. Si ninguna de las alternativas anteriores prospera rápidamente, la única salida será la quiebra y liquidación.

Perspectiva legal: proceso judicial y responsabilidades de la gestión

El caso Vicentin se ha convertido en un laberinto legal que combina el derecho concursal, el penal y hasta elementos de orden público por su impacto socioeconómico. A continuación, un análisis de las aristas legales más relevantes:

Proceso concursal atípico y prolongado: Un concurso preventivo en Argentina suele resolverse, para bien o mal, en plazos mucho más breves que cinco años. La Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522) establece períodos de exclusividad durante los cuales el deudor debe lograr un acuerdo, y si no lo consigue, abre la posibilidad de cramdown o quiebra. En Vicentin, los plazos se fueron extendiendo mediante diversas medidas (prórrogas judiciales, acordadas especiales por la pandemia de COVID-19 en 2020, etc.) y por la propia dinámica de negociaciones complejas. Hubo incluso momentos de incertidumbre sobre la jurisdicción: al ser Vicentin una firma de gran porte y existir denuncias de fraude, circuló la idea de federalizar el concurso (llevarlo a la Justicia Federal), pero finalmente prevaleció la órbita provincial santafesina. La intervención de la Corte Suprema de Santa Fe en 2021 y 2022 –suspendiendo plazos, revisando decisiones– dilató aún más la definición. Como resultado, el expediente concursal se volvió excepcional: abierto en marzo 2020, con acuerdo recién aprobado en 2024 y ahora nuevamente en revisión en 2025. Este prolongamiento fue señalado por Vicentin en su pedido de PPC, donde aludió a “reiteradas y persistentes dilaciones procesales” que le impiden lograr una homologación firme​. El precedente no es menor, pues sienta una señal de alerta para futuros concursos de grandes empresas: la judicialización extrema puede vaciar de contenido cualquier acuerdo si toma demasiado tiempo.

Decisión de la Corte Santafesina y vías recursivas: El fallo de la Corte Provincial del 18/02/2025 dejó técnicamente sin efecto la homologación del acuerdo preventivo, devolviendo el caso a fase de definición. Al enviarlo a la Cámara de Rafaela, se espera que este tribunal reanalice la propuesta concordataria a la luz de las objeciones de abusividad. Podría confirmarla, rechazarla, u ordenar medidas adicionales (por ejemplo, que se mejoren las condiciones para ciertos acreedores). Mientras tanto, Vicentin prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación para que ésta tome el caso​. Si la Corte nacional decidiera intervenir, podría unificar criterios sobre la legalidad del acuerdo. No obstante, la admisión de un recurso así no es automática ni rápida: primero la Corte santafesina debe autorizar la elevación, y si no lo hace, la empresa tendría que interponer una queja directa en Buenos Aires, cuyo trámite es incierto y puede demorar meses. En suma, la pelea judicial de fondo podría alargarse bastante más, a menos que en paralelo surja un nuevo consenso que cierre el concurso.

Quiebra: causales y consecuencias legales: Legalmente, ¿bajo qué causales podría declararse la quiebra de Vicentin en este contexto? Una posibilidad es la “quiebra indirecta”: si se considera fracasado el concurso preventivo (por falta de homologación válida y expiración de plazos razonables) el juez puede dar por terminada la etapa concursal y decretar la quiebra. Otra causal sería el incumplimiento de obligaciones posconcursales: la ley establece que la empresa en concurso debe atender regularmente sus nuevas deudas; si no lo hace y cae en cesación de pagos de éstas, cualquier acreedor posconcursal (por ejemplo CAMMESA u otro proveedor) podría solicitar la quiebra. Incluso el propio deudor podría pedirla si reconoce que no puede continuar (aunque Vicentin difícilmente lo haría voluntariamente). Dada la constatación de pasivos posconcursales impagos por ARS 5.000 millones​, existe fundamento para que el juez considere que la empresa perdió la capacidad de cumplimiento y active el proceso falencial. La quiebra implicaría el desplazamiento inmediato de la administración: los actuales directores perderían control y la sindicatura se transformaría en síndico de quiebra, asumiendo la gestión y comenzando la liquidación de activos en beneficio de los acreedores. Además, se podrían retrotraer o revisar operaciones realizadas en los últimos años (acción revocatoria concursal) si se entiende que perjudicaron la prenda común de acreedores.

Responsabilidad de los directivos y accionistas: Una cuestión crucial en la perspectiva legal es la posible responsabilidad patrimonial o penal de los gestores de Vicentin. Por un lado, en la eventual quiebra, la ley prevé la clasificación de la quiebra en fortuita o culpable (o fraudulenta). Si se determina que hubo maniobras dolosas o temerarias de los administradores que condujeron a la insolvencia, el juez podría declarar la quiebra culpable y extender responsabilidad a los directores o socios que las cometieron. Esto podría incluso habilitar la acción de responsabilidad patrimonial contra ellos, haciendo que sus bienes personales respondan por parte del déficit. Dado que ya existen acusaciones previas –por ejemplo, el expediente penal investiga si Vicentin continuó tomando créditos cuando ya estaba insolvente en 2019, o si fugó divisas–, no es descartable que se intente probar conductas irregulares. No obstante, son procesos separados: la sindicatura concursal podría impulsar alguna investigación interna, pero mayormente es el síndico de quiebra quien evaluaría iniciar demandas contra los ex administradores si detecta perjuicios a la masa de acreedores.

En el plano penal, la causa judicial en el fuero criminal de Rosario sigue su curso. Varios ex directivos (miembros de la familia Vicentin y ejecutivos) fueron imputados en 2021 por supuestas estafas a los bancos y desvío de fondos, aunque el proceso avanzó lentamente. El bloqueo de la venta de Renova y la imputación de Scarel en 2022 por desobediencia son parte de esa trama. Si se comprobara penalmente una defraudación, podría haber condenas que incluso inhiban a los acusados para ejercer comercio, sumando otro matiz al caso. Para la empresa como tal, esas responsabilidades penales no resuelven la insolvencia, pero sí influyen en la valoración pública y política: por ejemplo, Banco Nación ha sido enfático en tildar de fraudulenta la conducta de Vicentin, posiblemente para justificar su postura dura en el concurso​.

Rol del Estado y marco normativo: Legalmente, el Poder Ejecutivo no tiene intervención directa en un concurso privado, más allá de lo que hagan sus entidades acreedoras (como BNA) o del cumplimiento de normas laborales. Sin embargo, el caso Vicentin tensó esa frontera en 2020 con el DNU de intervención que luego naufragó. Desde entonces, la discusión pasó a ser institucional: el gobierno respetó el trámite judicial pero ahora, con la crisis social latente (por el PPC y posibles despidos), organismos como el Ministerio de Trabajo tuvieron que involucrarse para mediar en conflictos (ej: dictar conciliación obligatoria)​. También AFIP (fisco) como acreedor privilegiado fiscal, y la Provincia (por deudas impositivas locales), están siguiendo el asunto. El marco normativo concursal enfrenta aquí un desafío: ¿Cómo proteger la continuidad de la empresa (objetivo de cualquier concurso) cuando la solución de fondo se entrampa? La propia ley ofrece herramientas (prórrogas, salvataje) pero ninguna garantiza el éxito si no hay acuerdo económico viable. Por eso el juez recurre a mecanismos como la audiencia del 7 de marzo, que si bien no están detallados en la ley, se sustentan en sus facultades para conducir el proceso y prevenir un mal mayor.

Un ángulo legal interesante es el de los contratos de fazón y los inversores: jurídicamente, si esos contratos vencieron el 28/2 sin prórroga, Vicentin se queda sin sustento contractual. No obstante, nada impide que las partes celebren nuevos contratos temporales mientras se define el concurso. El juez podría hasta instar a las partes a firmar convenios transitorios (por ejemplo, un contrato de fasón por un mes) para no paralizar la actividad, amparándose en el principio de conservación de la empresa en marcha que inspira la ley concursal.

Por último, la transparencia y control del proceso está siendo observada. La participación de la sindicatura y del Comité de Acreedores en la audiencia sugiere que el juez quiere sustento técnico y consenso antes de tomar decisiones drásticas. De hecho, la sindicatura ha jugado un rol clave al informar puntualmente la gravedad de la situación (fue su informe el que motivó la convocatoria judicial urgente)​. En cuanto a la gestión de Vicentin, hasta ahora ha mantenido el manejo de la empresa durante el concurso, pero su actuación no ha estado exenta de críticas (por ejemplo, se cuestionó si actuaron con la diligencia debida para minimizar deudas posconcursales, o si debieron ajustar más rápido la estructura de costos). Cualquier paso en falso podría derivar en sanciones en el expediente –por ejemplo, el juez podría remover preventivamente al órgano de administración si entendiera que su continuidad agrava la quiebra, nombrando un interventor–, aunque por ahora no se vislumbra tal medida.

En síntesis, desde la perspectiva legal, el caso Vicentin transita la delgada línea entre un concurso preventivo prolongado y una posible quiebra de gran escala, con numerosas implicancias jurídicas en responsabilidad, derechos de acreedores y orden público económico. La próxima jugada dependerá tanto de factores legales (decisiones judiciales, cumplimiento de normas) como de la buena fe y cooperación de las partes involucradas para encontrar una solución dentro del marco normativo vigente.

Conclusión y escenarios futuros

El destino de Vicentin S.A.I.C. está a punto de definirse tras un lustro de agonía financiera y litigios. Los próximos días, marcados por la audiencia del 7 de marzo, serán cruciales para determinar si la empresa logra continuar en alguna forma o si, por el contrario, se encamina a la disolución. A grandes rasgos, se vislumbran dos escenarios extremos, con matices intermedios:

Escenario de continuidad (concurso reconducido): Este escenario se daría si se logra evitar la quiebra mediante un entendimiento entre la empresa, los inversores y los acreedores, bajo la tutela judicial. Implica que tras la audiencia, Vicentin obtenga los apoyos necesarios para seguir operando. Podría ser a través de un acuerdo transitorio que mantenga los contratos de fazón y algún financiamiento mínimo, y en paralelo una hoja de ruta para sacar del limbo el concurso (sea vía homologación en Rafaela o negociación de un nuevo acuerdo). En la práctica, significaría ganar tiempo hasta lograr la inyección de capital de ACA, Viterra y Bunge en condiciones seguras. Si todo esto prospera, quizás en el transcurso de 2025 Vicentin finalmente concretaría su reestructuración: los nuevos socios tomarían control accionario, la familia Vicentin se retiraría, se capitalizaría la empresa y se activaría el pago a acreedores conforme lo acordado. La compañía podría entonces volver a operar con normalidad (ya no solo a fasón, sino comprando granos y exportando por cuenta propia), aunque seguramente más pequeña y enfocada que en el pasado. Habría una reorganización interna: se ajustarían estructuras, posiblemente se unificarían plantas o se venderían algunas unidades no estratégicas, y se resetearían las relaciones comerciales. Los acreedores, si bien resignarían parte de sus créditos, tendrían la certeza de cobrar la porción pactada en plazos establecidos. Los trabajadores conservarían sus empleos bajo la nueva administración, aunque podría haber reducción de personal vía retiros. Este sería, sin duda, el escenario ideal para minimizar daños: Vicentin, refundada de algún modo, seguiría aportando al tejido productivo regional, y el caso se convertiría en un ejemplo de rescate exitoso tras una crisis severa.

Escenario de quiebra y liquidación: Es el desenlace que nadie buscaba al iniciar el concurso, pero que se ha vuelto una posibilidad real. Sucedería si tras la audiencia queda claro que no hay viabilidad inmediata (por falta de contratos, falta de dinero y falta de acuerdo legal). El juez, agotadas las instancias, podría decretar la quiebra en el corto plazo. Esto conllevaría la cesación de actividades de Vicentin como tal. La sindicatura pasaría a liquidar los activos: buscaría vender las plantas industriales (seguramente otras empresas del sector pujarían por ellas), el stock remanente de granos, la participación en Renova (que muy posiblemente Viterra compraría si se levanta la restricción, dado su interés manifiesto), las filiales y participaciones (como Algodonera Avellaneda, Friar, etc., que podrían venderse por separado o integradas a algún paquete). El proceso de venta de estos bienes podría tomar meses o años, dependiendo de la complejidad, pero dada la importancia, es factible que haya interesados rápidamente. Los acreedores cobrarían con el producido de las realizaciones, por orden de privilegios: es probable que los bancos y comerciales recuperen porcentajes ínfimos de sus acreencias, confirmando el peor escenario para ellos. Los trabajadores serían acreedores privilegiados por indemnizaciones, pero aún así podría haber brechas si los fondos no alcanzan. En la región, la quiebra sería sentida como un golpe social: más de mil personas quedando sin empleo directo y sin la certeza de reubicación inmediata. Las plantas en sí quizás volverían a operar en el futuro, pero bajo otra bandera (por ejemplo, no es descabellado pensar que ACA o algún gigante internacional adquiera la de San Lorenzo/Ricardone para expandir su capacidad, o que Viterra consolide Renova). En ese caso, podría haber recontratación de parte del personal, pero ya dentro de nuevas estructuras, probablemente con condiciones laborales diferentes. En definitiva, Vicentin como empresa desaparecería, quedando su nombre asociado a uno de los mayores defaults privados en la historia argentina.

Escenarios intermedios: Entre esos dos polos, podría darse un salvataje vía cramdown que evite la quiebra pero igual implique un cambio de control. En ese caso, Vicentin podría continuar pero ya completamente en manos de quien gane el salvataje (posiblemente los mismos estratégicos u otros), pagando a los acreedores tal vez un porcentaje distinto al original. Sería una continuidad relativa, ya que la familia y gestión actual también quedarían desplazadas. Otra posibilidad es que, incluso declarada la quiebra, el juez disponga la continuación de la explotación (figura legal que permite seguir operando temporariamente para conservar valor, por ejemplo manteniendo las plantas activas mientras se busca comprador). Eso podría amortiguar el impacto inmediato y dar margen para ventas en marcha.

En cualquier caso, las próximas semanas serán decisivas. Vicentin enfrenta el momento más delicado de su historia casi centenaria. Las palabras que surjan en la sala de audiencia el 7 de marzo y las decisiones que las sigan podrían poner fin a años de incertidumbre. Sea un final ordenado con un renacer empresarial o un final de liquidación y adiós definitivo, el caso Vicentin dejará lecciones imborrables sobre la gestión del riesgo, la importancia de la transparencia y la necesidad de celeridad judicial en las crisis. Por lo pronto, todos los involucrados –empleados, acreedores, directivos, inversores y autoridades– aguardan con expectativa y tensión la definición de este capítulo culminante de la crisis de Vicentin SAIC.