Denuncia penal contra dos funcionarios de Avellaneda

El reconocido activista y ciudadano de Avellaneda, Narciso Cantero, ha presentado una denuncia penal contra el Secretario de Gobierno, Esteban Zanel, y el Secretario de Deportes, Alejandro Buseghin, por supuesta falta a los deberes de funcionario público.

Cantero afirma que no recibió respuesta a dos notas en las que realizaba consultas al gobierno local, lo que considera una negligencia y un incumplimiento de las responsabilidades de los mencionados funcionarios.

Según la denuncia presentada ante la fiscalía de Avellaneda, Narciso Cantero sostiene que en dos ocasiones anteriores remitió notas formales a las respectivas oficinas de los secretarios de gobierno y deportes, planteando consultas y solicitudes de información relacionadas con asuntos públicos de interés general. Sin embargo, alega que nunca obtuvo respuesta ni atención por parte de las autoridades mencionadas.

Esta falta de respuesta por parte de los funcionarios ha llevado a Cantero a tomar acciones legales en busca de una explicación y, en su opinión, de una rendición de cuentas por parte de los representantes gubernamentales. La denuncia presentada acusa a los secretarios de gobierno y deportes de incumplir con los deberes que les corresponden como funcionarios públicos, lo que, según Cantero, perjudica la transparencia y el acceso a la información en el ámbito local.

La importancia de la denuncia radica en la necesidad de asegurar que los funcionarios públicos cumplan con sus deberes y responsabilidades en beneficio de la ciudadanía. La falta de respuesta a las consultas y solicitudes de información puede obstaculizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y socavar la confianza en las instituciones locales.

La fiscalía de Avellaneda deberá evaluar ahora la denuncia presentada por Narciso Cantero y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal sobre el caso. En caso de comprobarse que los secretarios de gobierno y deportes han incurrido en la falta a los deberes de funcionario público, podrían enfrentar consecuencias legales que podrían incluir sanciones administrativas o penales, dependiendo de la gravedad de la situación.