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Descabezamiento de la Policía de La Capital: investigan vínculos con el narcotráfico

Por el momento las investigaciones están en manos del Ministerio Público de la Acusación. Pero no se descarta que en pocas horas comience a intervenir la Justicia Federal.

La información oficial habla de irregularidades, de un recrudecimiento del delito a pesar de la cuarentena, de dos policías protagonizando un hecho escandaloso en la zona de la costa y de la fuga de presos en comisarías. Pero hay más. Y aunque por el momento las investigaciones se mantienen en reserva y los detalles se manejan con lógica cautela, la remoción de la cúpula de la Policía de la Unidad Regional I -departamento La Capital- y del Comando Radioeléctico tuvo como detonante, una vez más, al narcotráfico.

Esto no quiere decir necesariamente que el jefe desplazado, Daniel Filchel, fuera cómplice de los narcos. Pero sí que existen datos que avalan la hipótesis de que los narcos y ciertos sectores de la Policía del Departamento La Capital venían operando de manera coordinada.

Durante la noche del viernes 1 de mayo, se realizaron allanamientos en el Comando de Santa Fe y otras dependencias policiales. Se secuestraron libros de guardia y elementos importantes en el marco de investigaciones realizadas por Asuntos Internos y la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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No parece haber sido un hecho aislado. En estos momentos, los posibles delitos cometidos por policías del Departamento La Capital son investigados por el MPA. Y no se descarta que en pocas horas comience a intervenir la Justicia Federal.

En la Resolución 626 del Ministerio de Seguridad, por la que se dispone remover a la cúpula de la Unidad Regional I y del Comando Radioeléctrico de Santa Fe, se especifica que “que se evidencian graves falencias en la situación operativa del Departamento La Capital… Que lo descripto da cuenta de una situación de desorden de la Unidad Regional I, que se ha acentuado en los últimos dos meses, generando la imperiosa necesidad de abordar de forma urgente la cuestión, de manera de restablecer el normal funcionamiento y, además, a fin de obtener un cabal conocimiento del estado de situación no sólo en lo relativo al despliegue operativo, sino también a los órganos de administración de la Unidad, determinando la necesidad de un remedio institucional a través de la figura de la intervención”.

La interventora, Marcela Alejandra Muñoz, tendrá como misión principal reorganizar la Unidad y, específicamente, realizar una auditoría que incluya al Comando Radioeléctrico y a la División Logística de La Capital. El apartamiento de los mandos garantiza, entre otras cosas, que no se oculte información o se tomen decisiones que obstaculicen las investigaciones.

El proceso de intervención incluye áreas tales como la División Personal, la División Informaciones, la División Operaciones, la División Logística, la División Judicial y Administración y Finanzas.

 

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¿Dónde está el hueso?

Desde el Gobierno de Santa Fe se insiste en que la decisión política de la actual gestión es “ir hasta el hueso” con respecto a la corrupción policial. El problema es que, hasta el momento, nadie sabe con exactitud cuánto será necesario extirpar para alcanzar ese núcleo duro del problema. La catarata de recambios policiales también plantea un desafío: el número de efectivos en condiciones de dirigir es finito. O, dicho en otros términos, no existe una fábrica de jefes de Policía.

El 18 de diciembre de 2019, a poco de asumir como ministro de Seguridad, Marcelo Sain, anunció que el nuevo jefe de la Policía de Santa Fe sería Víctor Sarnaglia y planteó su decisión de pasar a retiro a más de 30 altos jefes policiales de distintas jurisdicciones. Se trató de un recambio general que abría la posibilidad de nuevos y mejores tiempos. Sin embargo, las expectativas no duraron demasiado.

Once días después de haber asumido como jefe de la Unidad Regional II, en el Departamento Rosario, el ministro Sain decidió relevar de su cargo a Claudio Romano. También dispuso cambios en la Unidad de Orden Público. Los cambios repentinos se debieron, según señalaron altas fuentes del Ministerio de Seguridad a Aire de Santa Fe, a que no se acataron las directivas de la cartera que conduce Sain. La salida de Romano se produjo luego de que se produjeran doce crímenes en nueve días en Rosario desde el inicio de 2020.

Algunas horas después, el lunes 13 de enero, el comisario mayor Javier Gorosito, flamante jefe de la Unidad Regional IX de Policía de Reconquista, también debió ser apartado de su cargo. Pocos días resultaron suficientes como para que Seguridad comprobase que no era la persona indicada para ocupar ese puesto. “Cuando los jefes no cumplen las directivas y no dan un servicio a la comunidad acorde a los medios con que cuenta, nosotros tenemos que hacer que se corra a un costado y el deje el lugar a otro que quiera, que sepa o que pueda cumplir con esos objetivos”, dijo Víctor Sarnaglia en Aire de Santa Fe.

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En el departamento La Capital, Daniel Filchel asumió el 4 de marzo como jefe de la Unidad Regional I. Su gestión apenas duró diez semanas. Y los resultados están a la vista: este jueves por al tarde, será reemplazado en su cargo Marcela Alejandra Muñoz.

Un dato más. En el departamento Castellanos, el comisario mayor Hernán Ariel Ferrero asumió como jefe de Policía a partir de la purga masiva ordenada por Sain a fines de diciembre. Duró en el cargo menos de cinco meses, hasta que debió ser reemplazado en medio de un recrudecimiento de la violencia en ciudades como Rafaela y Sunchales. Hace una semana lo reemplazó Claudio Romano, el mismo jefe que en Rosario apenas duró once días en el cargo debido a una ola desenfreanda de homicidios.

En definitiva, a menos de cinco meses de haber asumido la actual gestión y de haber dispuesto un recambio general de autoridades policiales, ya debieron ser reemplazados los jefes en las principales Unidades Regionales: La Capital, Rosario, Castellanos y General Obligado.

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