En el marco de una investigación por presunta extorsión, la Policía de Investigaciones realizó este miércoles 9 de octubre de 2024 un allanamiento en el domicilio de la familia Agustini, ubicado en calle 45 al 962, Barrio Chapero.
Durante el operativo, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación requerida por el Ministerio Público de la Acusación, según la orden judicial.
El caso se originó a partir de la denuncia de una mujer que presentó pruebas que implicarían a Pablo Agustini, quien presuntamente le exigía dinero en dólares o euros para no divulgar ciertas fotografías. Entre las pruebas, se menciona al menos una imagen donde la denunciante aparece con el torso desnudo, lo que sería utilizado como presión para obtener el pago.
El fiscal regional Rubén Martínez fue quien solicitó el allanamiento, mientras que el fiscal Valentín Hereñú es el encargado del caso y deberá determinar si califica el hecho como extorsión o chantaje. En las próximas horas se espera que Hereñú decida si Agustini será imputado y si permanecerá detenido.
La otra denuncia que complica a Pablo Agustini, en este caso en la Justicia Federal
Al menos 40 personas denuncian haber sido estafadas por Pablo Agustini por una suma cercana a los 500.000 dólares, según informaron los damnificados. Entre las víctimas se encuentran personas de la Región Reconquista y también amigos del denunciado que viven en Rosario. Los denunciantes aseguran que Agustini ofrecía tasas de interés mensuales del 3, 4 y 5%, pero dejó de cumplir con sus promesas, lo que generó una cadena de pérdidas.
Los afectados sostienen que Agustini “fingía poder y respaldo” mediante la invención de mensajes de supuestos contactos con poder económico para generar confianza entre sus inversores. Así, lograba que algunos de los mismos damnificados hicieran propaganda de su “negocio”, asegurando que cumplía con los pagos. Sin embargo, el esquema colapsó cuando dejó de hacerlo, revelando la magnitud del fraude.
El fiscal Nicolás Maglier analizó la denuncia, pero determinó que no configuraba el delito de estafa, aunque sí podría tratarse de intermediación financiera ilegal, un delito de competencia federal. Debido a esto, se declaró incompetente, y la jueza penal Claudia Bressán confirmó esta decisión. Las denuncias ahora serán remitidas a la justicia federal, y será el fiscal federal Roberto Salúm quien determinará si acepta la competencia para investigar el caso.
Los testimonios recogidos revelan pérdidas que van desde los 3.000 hasta los 60.000 dólares. Varias de las víctimas han contratado al abogado Andrés Ghio, quien informó que, aunque aún no tiene claro qué delito configuraría el accionar de Agustini, presentará pruebas en los próximos días. Entre las evidencias se mencionan mensajes de texto y audio, pagarés y la transferencia de un vehículo Toyota Corolla, que fue secuestrado por tener una deuda pendiente.
La desesperación de algunos damnificados es evidente, pues creen que Agustini ya no posee el dinero. Según un informante cercano, el acusado habría invertido el dinero en criptomonedas (USDT) y perdido la contraseña para acceder a los fondos. Actualmente, estaría intentando recuperar el acceso mediante una empresa internacional especializada. Otros simplemente creen que la tiene escondida y que esto solo se trata de una estrategia para estafar a sus confiados acreedores.
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