Es la primera oferta conjunta que presentan el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC), el Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange; sostienen que la última propuesta que hizo el país es insuficiente.
Los tres principales grupos de acreedores de la Argentina presentaron una nueva oferta para reestructurar la deuda que ofrece “importantes concesiones económicas y legales”, en un último intento por llegar a un acuerdo definitivo entre los inversores y el Gobierno que saque al país del default.
La nueva oferta es la primera propuesta conjunta del Comité de Acreedores de la Argentina (ACC, según sus siglas en inglés), el Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange, los tres grupos que han negociado con el Gobierno, y que poseen más de un tercio de los bonos emitidos en el último canje y durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los fondos proponen los mismos bonos y plazos de la última oferta del ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque con un cupón de intereses promedio mayor, del 3,4%, y con modificaciones en el lenguaje del contrato, o indenture, de los títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera.
La oferta ofrece un alivio de US$ 35.000 millones en nueve años.
La movida de los fondos puede marcar un punto de quiebre definitivo en la larga reestructuración de la deuda, que llevó al país a su noveno default.
El gobierno de Alberto Fernández había logrado avances en las negociaciones con el ACC, que a su vez estaba vinculado a Gramercy y Fintech, los dos únicos fondos que respaldaron públicamente la última oferta oficial. Pero el equipo liderado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, había chocado en reiteradas oportunidades con los otros dos grupos, los dos más importantes, Ad Hoc, integrado por BlackRock, Ashmore y Fidelity, entre otros grandes fondos, y el Grupo Exchange, timoneado por Monarch.
El Grupo Ad Hoc, el Comité de Acreedores de de la Argentina y el Grupo Exchange anunciaron ahora en un comunicado que se unieron “para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”.
“La propuesta conjunta representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada del indenture de 2016”, indica el comunicado.
Al presentar la nueva oferta, los tres grupos le bajaron el pulgar a la última oferta oficial. El Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange ya habían dicho públicamente que no podían respaldar esa propuesta, pero el Comité de Acreedores se mantenía, hasta el momento, en silencio. Ahora, los tres grupos crearon un solo frente detrás de la nueva propuesta, en un último intento por terminar de cerrar la brecha económica entre lo que pretenden los fondos y lo que aspira a pagar el Gobierno, además de acordar un nuevo lenguaje para el contrato de los bonos, o indenture.
La discusión legal sobre el contrato de los bonos había cobrado enorme importancia para los fondos en las últimas rondas de negociaciones. Los fondos ahora proponen una “versión modificada del indenture de 2016”.
Ante la resistencia de los acreedores, el Gobierno había dejado la puerta abierta para recurrir a una estrategia de canjes secuenciales, un recurso legal llamado “redesignación”, que los expertos bautizaron con el nombre “Pac Man”. Era un antecedente que los fondos querían evitar a toda costa. Para los fondos del Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange, esta estrategia estaba arraigada en una lectura “abusiva” de las cláusulas de acción colectiva, o CAC. Esas cláusulas se diseñaron para evitar juicios de fondos “buitre” como el que litigó la Argentina durante más de una década en el tribunal de Thomas Griesa en Nueva York.
“Los indenture de 2016 y 2005 y los términos de los nuevos bonos incluirán una restricción calificada a la re-designación”, propone la nueva oferta.
Los fondos dijeron que su última propuesta “proporcionará el alivio a corto plazo que la Argentina necesita con urgencia”, además de brindar “una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital”, y proporcionar “el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida”.
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