
Hoy, 7 de marzo de 2025, a las 9:00 horas, se llevará a cabo una audiencia crucial en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe, que podría determinar el destino de Vicentin S.A.I.C., una de las principales agroexportadoras de Argentina. El juez Fabián Lorenzini ha convocado a esta sesión con el objetivo de evaluar la continuidad operativa de la empresa, en medio de un proceso concursal que se ha extendido por más de cinco años y que ha sido objeto de múltiples controversias legales y financieras.
Contexto histórico del proceso concursal de Vicentin
La crisis de Vicentin se hizo pública en diciembre de 2019, cuando la empresa anunció un “estrés financiero” que la llevó a incumplir pagos por más de 1.350 millones de dólares, afectando a una amplia gama de acreedores, incluyendo productores agrícolas, entidades financieras nacionales e internacionales y proveedores de servicios. Este default desencadenó un proceso concursal que se inició formalmente en marzo de 2020, con el objetivo de reestructurar su deuda y garantizar la continuidad de sus operaciones.
Desde entonces, el proceso ha estado marcado por una serie de eventos significativos:
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Intervención y propuesta de expropiación: En junio de 2020, el gobierno nacional anunció su intención de intervenir y expropiar Vicentin, argumentando la necesidad de preservar los puestos de trabajo y la producción nacional. Esta medida generó debates y protestas, y finalmente fue reemplazada por una propuesta de intervención provincial sin expropiación.
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Cambios en la administración: En octubre de 2020, se renovó el directorio de la empresa como parte de los esfuerzos por reestructurar su gestión y mejorar su situación financiera.
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Propuesta de acuerdo preventivo: En 2022, Vicentin presentó una propuesta de pago a sus acreedores, que incluía un plan de pagos a 12 años y la incorporación de inversores estratégicos como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra y Bunge, quienes asumirían el 95% del capital accionario de la compañía.
Desarrollos recientes y situación actual
A pesar de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo, el proceso concursal ha enfrentado obstáculos significativos en los últimos meses:
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Impugnaciones y decisiones judiciales: En septiembre de 2023, el juez Lorenzini rechazó la propuesta de acuerdo preventivo de Vicentin, argumentando que distribuía “en forma desigual” el esfuerzo derivado de la reestructuración del pasivo concursal. Posteriormente, en marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones de Reconquista homologó el acuerdo, decisión que fue impugnada por acreedores como Commodities S.A., alegando violaciones al principio de igualdad entre acreedores.
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Intervención de la Corte Suprema de Santa Fe: El 18 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revocó la homologación del acuerdo preventivo y ordenó que un nuevo tribunal analice el concurso de Vicentin, lo que añade incertidumbre al proceso y podría afectar la continuidad operativa de la empresa.
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Situación financiera crítica: Informes recientes indican que Vicentin acumula pérdidas por alrededor de 70 millones de dólares debido a costos operativos, cancelaciones de pasivos y gastos concursales. Además, la empresa opera a fasón por falta de financiamiento y acceso a crédito, y la escasez de soja ha llevado al cierre de una de sus plantas.
La audiencia del 7 de marzo: actores clave y puntos a tratar
La audiencia convocada para hoy reúne a actores fundamentales en el proceso concursal de Vicentin:
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Directores de Vicentin S.A.I.C.: Responsables de presentar la situación actual de la empresa, sus planes para garantizar la continuidad operativa y las estrategias para abordar las deudas postconcursales.
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Representantes de Bunge, Viterra y ACA: Estos potenciales inversores estratégicos han manifestado interés en adquirir una participación mayoritaria en Vicentin. Su compromiso y condiciones serán cruciales para definir el futuro de la empresa.
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Órgano sindical concursal y Comité de Control: Encargados de velar por los intereses de los trabajadores y supervisar el cumplimiento de las normativas laborales y concursales.
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Acreedores verificados y admitidos: Su participación es vital, ya que sus decisiones y acuerdos influirán en la viabilidad de cualquier propuesta de reestructuración.
Los temas centrales a abordar en la audiencia incluyen:
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Deudas postconcursales: La sindicatura ha informado la existencia de obligaciones vencidas por más de 5.000 millones de pesos al 21 de febrero de 2025. Aunque se ha priorizado el pago de salarios y retenciones impositivas, existen deudas significativas con proveedores y servicios, incluyendo una intimación de CAMMESA por provisión de energía. La falta de pago de estas obligaciones podría comprometer la operatividad de la empresa.
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Vencimiento de contratos clave: Se ha señalado la incertidumbre respecto a la prórroga de contratos que vencen hoy, lo que podría afectar la continuidad de operaciones esenciales para la empresa.
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Evaluación de la propuesta de acuerdo: Se analizará la viabilidad de la propuesta presentada por Vicentin y sus potenciales inversores, considerando las impugnaciones y las recientes decisiones judiciales que cuestionan su legalidad y equidad.
Posibles escenarios tras la audiencia del 7 de marzo
La audiencia de hoy es determinante para el futuro de Vicentin y existen varios caminos posibles en función de las decisiones que se tomen en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista. A continuación, se analizan los escenarios más probables y sus implicancias legales y económicas.
1. Continuidad del concurso preventivo con un nuevo plan
Si los directivos de Vicentin logran presentar una estrategia viable para garantizar la operatividad de la empresa, asegurando la renovación de los contratos de fazón y comprometiendo un plan de regularización de la deuda postconcursal, el juez Fabián Lorenzini podría optar por mantener abierto el proceso concursal.
Esto implicaría:
- Extender plazos para la presentación de una nueva propuesta de pago.
- Convocar a renegociaciones con los acreedores disidentes.
- Asegurar financiamiento por parte de los inversores estratégicos (Bunge, Viterra y ACA) para mantener la operatividad.
- Establecer medidas cautelares para evitar ejecuciones individuales de deudas postconcursales.
Este escenario brindaría una ventana de oportunidad para que la empresa evite la quiebra y reorganice su estructura financiera, pero dependerá del nivel de compromiso que demuestren los actores clave, especialmente los inversores y los acreedores con mayor peso en la causa.
2. Inminente declaración de quiebra
Si el juez considera que Vicentin no puede garantizar su operatividad en el corto plazo, que el pasivo postconcursal es insostenible y que los contratos estratégicos no serán renovados, la opción más drástica sería la declaración de quiebra.
Fundamentos jurídicos para la quiebra:
- Fracaso del concurso preventivo: La Corte Suprema de Santa Fe revocó la homologación del acuerdo anterior, dejando sin efecto la reestructuración de deuda aprobada.
- Cesación de pagos postconcursales: La empresa ya tiene más de $5.000 millones en obligaciones vencidas y CAMMESA ha iniciado intimaciones por falta de pago del suministro eléctrico, lo que pone en riesgo la continuidad operativa.
- Falta de garantías sobre la prórroga de contratos: Si los inversores estratégicos deciden retirarse o no garantizan el financiamiento necesario para mantener la producción, la compañía quedará sin respaldo financiero inmediato.
Consecuencias de la quiebra:
- Desplazamiento de los directivos: La administración de Vicentin pasaría a manos de la sindicatura, que iniciaría un proceso de liquidación de activos.
- Venta forzosa de activos: Las plantas industriales, la participación en Renova y otras unidades de negocio serían subastadas para cubrir parte de la deuda.
- Impacto en los trabajadores: Más de 1.000 empleados quedarían en riesgo de despido, y los sindicatos buscarían negociar indemnizaciones en un proceso que podría extenderse por años.
- Pérdidas para los acreedores: La liquidación en quiebra suele implicar recuperaciones muy bajas para los acreedores quirografarios, lo que afectaría especialmente a productores agropecuarios y bancos con créditos no garantizados.
3. Apertura de un cramdown (salvataje por terceros)
Otra alternativa es que el juez decida abrir la etapa de salvataje (cramdown). Esta opción se activa cuando el concurso preventivo fracasa y permite que otros actores (nuevas empresas, fondos de inversión, incluso los mismos acreedores) presenten propuestas para hacerse cargo de la compañía.
Posibles interesados en el salvataje:
- Los mismos inversores estratégicos (Bunge, Viterra y ACA) podrían buscar tomar el control accionario directamente sin la intermediación de Vicentin.
- Grupos de acreedores organizados, como el Banco Nación o fondos que adquirieron deuda en el mercado secundario, podrían intentar estructurar una propuesta.
- Otros jugadores del sector agroexportador podrían aparecer interesados en adquirir los activos de Vicentin a través de un proceso competitivo.
El cramdown, sin embargo, es un proceso largo y litigioso, lo que podría generar más incertidumbre y deteriorar aún más la situación financiera de la empresa mientras se define un comprador definitivo.
Impacto económico y social de una posible quiebra
La crisis de Vicentin no solo afecta a la empresa y sus acreedores, sino que también tiene implicancias para la economía regional y nacional.
1. Pérdida de empleos y colapso en la cadena de valor
Vicentin ha sido históricamente uno de los mayores empleadores del sector agroindustrial en el norte de Santa Fe. Su quiebra implicaría:
- Cierre de plantas industriales, lo que dejaría sin empleo directo a más de 1.000 trabajadores.
- Efecto cascada en proveedores y transportistas, quienes dependen de la operatividad de la empresa para sostener su actividad.
- Tensiones sindicales, con posibles paros y bloqueos en las plantas de procesamiento.
2. Concentración del mercado agroexportador
Si Vicentin deja de operar, el mercado de exportación de granos y subproductos quedaría aún más concentrado en manos de multinacionales como Cargill, Louis Dreyfus y ADM. Esto reduciría la competencia en la compra de granos, lo que podría afectar a productores agropecuarios.
3. Impacto en el sistema financiero
La quiebra de Vicentin generaría pérdidas millonarias para entidades financieras que prestaron dinero a la empresa, incluyendo el Banco Nación, que tiene la mayor exposición con un crédito de aproximadamente $18.000 millones.
Aspectos legales a considerar
Desde el punto de vista jurídico, el caso Vicentin plantea varios desafíos:
- Posible extensión de quiebra a directivos: En caso de quiebra, el juez podría analizar si hubo maniobras fraudulentas en la administración de la empresa y determinar la extensión de la quiebra a los accionistas y directivos, lo que los obligaría a responder con su patrimonio personal.
- Investigaciones penales en curso: Varios exdirectivos de Vicentin están imputados en causas por administración fraudulenta, lo que podría derivar en sanciones adicionales.
- Revisión de operaciones previas: En un proceso de quiebra, la sindicatura podría analizar operaciones realizadas en los últimos años para determinar si hubo desvío de activos o perjuicio a los acreedores.
Conclusión: ¿Última oportunidad para evitar la quiebra?
La audiencia de hoy marcará un punto de inflexión para Vicentin. Si la empresa logra convencer al juez de que puede continuar operando con el respaldo de los inversores estratégicos y una nueva propuesta de pago, aún existe una posibilidad de evitar la quiebra. Sin embargo, si no hay acuerdo y los acreedores rechazan la reestructuración, el camino hacia la liquidación será difícil de evitar.
Mientras tanto, el sector agroindustrial, los trabajadores y la comunidad de Reconquista siguen con atención cada detalle de este proceso, conscientes de que el desenlace del caso Vicentin tendrá repercusiones que van mucho más allá de los tribunales.
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