Economistas destacan el realismo de las metas de crecimiento y déficit previstas en el Presupuesto 2023

Diversos especialistas afirmaron que el proyecto muestra algunas metas cumplibles para el Gobierno, aunque mostraron diferencias sobre la inflación proyectada.

Diversos economistas afirmaron que el proyecto de Presupuesto 2023 presenta metas de crecimiento y reducción del déficit fiscal que puedan ser cumplidas por el Gobierno, aunque mostraron diferencias sobre la inflación proyectada.

“Desde lo macro tenemos un crecimiento módico (previsto en 2%), lo cual suena bastante racional debido a que es muy probable que haya un límite respecto del acceso a las importaciones en buena parte de los sectores productivos”, afirmó Sergio Chouza, director de la Consultora Sarandí.

Asimismo, señaló que dicha meta es cumplible, ya que es “un recibimiento apenas por arriba del vegetativo” y no posee el “arrastre estadístico (del rebote registrado en 2021) como ocurrió a principios de este año”.

Del mismo modo, el economista consideró acorde la proyección de déficit primario, la cual será equivalente al 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para este año, en línea con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo pasado.

“La convergencia fiscal es promisoria y es un ancla. No es un objetivo muy severo ya que son 0,6 puntos y con (la reducción de subsidios al) transporte y energía se debería hacer todo el trabajo”, precisó el economista, al recalcar que “no se ve en la vocación del Ejecutivo una intención de ajustar mediante las asignaciones presupuestarias ni una vocación expansiva, que sería irresponsable”.

Del mismo modo, se mostró a favor de la posibilidad de eliminar algunos beneficios impositivos -entre otros, la excepción del pago del Impuesto a las Ganancias en jueces-, con lo que, de concretarse, “podría haber un sobrecumplimiento en materia fiscal”, estimó.

En este mismo sentido, se expresó la economista del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, Mara Pedrazzoli, quien sostuvo que la exención de ganancias del sector judicial “es un aspecto novedoso” y “una manera inteligente y a su vez desafiante de sobre cumplir con la meta del FMI en materia fiscal”.

En relación a la “separata fiscal” que añadió el Gobierno al proyecto de presupuesto, Pedrazzoli planteó que “(el Gobierno) se la juega en el sentido de traer una discusión política que nadie había traído al debate, que es toda la serie de beneficios y subsidios impositivos que tienen determinados grandes sectores concentrados de la economía, como la exención de ganancias del sector judicial, por ejemplo”.

Por otra parte, la economista afirmó que “los supuestos macroeconómicos son un poco más realistas, ya que veníamos con presupuestos con inflación del orden del 30%, cuando terminamos en 90%, si bien este presupuesto supone una desaceleración fuerte pero bueno, también supone un enfriamiento de toda la economía fuerte”.

Para Claudio Caparulo, director de la consultora Analytica, “es interesante que el Gobierno ponga en la discusión el tema de las exenciones impositivas” aunque es “poco optimista” a que “se avance en eso” en el Parlamento.

Para Caparulo, se trata de un “presupuesto bastante realista a comparación de lo que se venía viendo y acorde a un cumplimiento del acuerdo con el FMI”, aunque consideró, en contraste con Chouza, que es “claramente un presupuesto de ajuste”.

“Hay partidas de varios ministerios que ya, con un escenario de inflación del 60%, van a crecer por debajo de esto sobre todo en gastos corrientes y no tanto en salarios”, remarcó y citó, como ejemplo, el incremento de 37% previsto en el Ministerio de Turismo, al igual que lo proyectado en Transporte y Educación, entre otras carteras, aunque remarcó que es necesario leer la letra chica de las partidas.

En tanto, Alfredo Curutchet, investigador del Conicet, indicó que se trata de “un ajuste fiscal gradual” y subrayó: “No es una cosa enorme ni un ajuste fiscal draconiano”.

Por su parte, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), Nicolás Zeolla, dijo que el presupuesto es “muy relevante por el contexto en el que se presenta”.

“Estamos en el medio de la tercera revisión de los datos al segundo trimestre del acuerdo con el FMI y se conecta mucho con lo que es el presupuesto, porque hay metas en lo fiscal, lo monetario y alguna cuestión más relacionada con la acumulación de reservas”, señaló Zeolla.

A su vez, puntualizó como “incógnitas” el hecho de “cómo se va a lograr este resultado fiscal primario teniendo en cuenta que va a ser un año electoral y, en principio, el Gobierno plantea un desafío político y económico que es atravesarlo con una profundización de la reducción del déficit”.

“Eso limita mucho la capacidad de despliegue de las políticas fiscales y, en principio, habría que prestar bastante atención cómo es la previsión de subsidios, de obra pública y cómo se está previendo la expansión de los recursos”, destacó el economista.

El economista Julián Cuenca, de la consultora “Economía y Sociedad” apuntó a que “la primera lectura del proyecto muestra un sesgo de ajuste, en línea con lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional” en marzo pasado.

“No es algo ‘violento’, de hecho, la obra pública se mantiene como 0,3% del PBI, pero toda partida que no se ajuste al menos 60% estará por debajo de la inflación proyectada”, dijo Cuenca a Télam, tras destacar que en el plano macroeconómico “el 2% de crecimiento del PBI es realista, pero una inflación de solo el 60% parece difícil de conseguir, debido al ajuste de tarifas y suba proyectada del dólar”.

El economista también destacó el anexo presentado para quitar varias exenciones impositivas a empresas y sectores, cuyo ahorro sería de 2,4% del PBI, según estimaron fuentes del Palacio de Hacienda.

En donde los economistas expresaron más dudas es en la meta de inflación del 60%.

“Claramente se está subestimando la meta de inflación ya que es un objetivo muy ambicioso mientras que un crecimiento del 2% es acorde”, opinó Caparulo, mientras que Chouza señaló que “los números de inflación son más agresivos: 35 puntos a la baja es un escenario donde, por un lado, se agradece que se haya sincerado, pero con una meta “desafiante” con las restricciones macroeconómicas actuales.

“El presupuesto es acorde a lo que estipula el acuerdo con el FMI. La duda que me genera es si realmente se va a lograr bajar la inflación al 60%”, proyectó, por su parte, Curutchet, al entender “fundamental” es no “cometer el mismo error” de subestimarla.

En tanto, Zeolla sostuvo que “hay que ver como el Gobierno atraviesa ese gran desafío. Para mantener la inflación o bajarla es muy importante conseguir dólares para tener el sector externo equilibrado, sino cualquier tipo de proyección de la inflación es abstracta”.

Pedrazzoli, en cambio, planteó que tiene dudas sobre la vialibilidad de “bajar 35 puntos la inflación”. “Pero -añadió- si veo viable un proceso de desaceleración y eso me parece que ya es un montón en el marco en el que estamos”.

Asimismo, Zeolla señaló que “hay un componente del gasto que está indexado por fórmula jubilatoria, que tiene que ver con la asistencia de seguridad social y el despliegue de ayuda social, la AUH y el resto de esas partidas que son la parte más sustanciosa del gasto”.