Joaquín Camilo Carrizo, de 23 años, es el joven detenido como autor del crimen del remisero Juan Carlos Martínez, ocurrido en la madrugada del sábado en barrio La Cortada de Reconquista. La conmoción que generó el hecho fue creciendo con el correr de las horas, no solo por la violencia del ataque, sino por el historial del agresor, que revela una cadena de decisiones judiciales que hoy están en el centro de la polémica.
Carrizo no era un desconocido para la Justicia. Ya había sido condenado por hechos graves, incluyendo una causa por apuñalar a una persona. Sin embargo, a pesar de su prontuario, se encontraba en libertad gracias a una serie de acuerdos judiciales avalados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según pudo reconstruir ReconquistaSF, si todas las causas que pesaban sobre él se hubiesen unificado y llevado a juicio, la pena no habría sido menor a seis años de prisión efectiva. No obstante, mediante mecanismos de negociación —llamados “procedimientos abreviados”— las condenas fueron reducidas y Carrizo terminó con una pena de solo dos años y con el beneficio de la libertad condicional.
El responsable último de revisar y aprobar estos acuerdos no es otro que el Fiscal Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial, Rubén Martínez. En su rol de máxima autoridad del MPA en el norte provincial, Martínez tiene la facultad —y la obligación— de supervisar las decisiones de los fiscales que actúan bajo su órbita. Ningún acuerdo judicial de este tipo puede ser concretado sin su visto bueno.
La muerte de Juan Carlos Martínez reabre así un debate profundo sobre la forma en que se administran los casos penales en Reconquista y la responsabilidad de los actores judiciales. ¿Quién responde cuando un condenado por hechos violentos termina nuevamente en la calle, y vuelve a matar?
Desde hace tiempo, ReconquistaSF viene señalando en soledad las inconsistencias del accionar del Fiscal Regional. Mientras otros medios locales prefieren callar para asegurarse el acceso privilegiado a información de causas penales, este medio ha documentado reiteradas situaciones en las que acuerdos judiciales perjudicaron a las víctimas y dejaron impunes a agresores reincidentes.
La ciudadanía, golpeada por una escalada de violencia creciente, empieza a comprender que la inseguridad no se combate solamente con más patrulleros: también se construye —o se destruye— en los escritorios judiciales donde se deciden libertades y penas. Y en este caso, las decisiones que permitieron la libertad de Carrizo tienen nombre y apellido.
Hoy, con una víctima más sobre la calle, las preguntas vuelven con fuerza: ¿cuántos casos como este se han negociado sin trascender? ¿Cuántas tragedias podrían haberse evitado si se aplicara la ley con el rigor que corresponde? ¿Y cuánta complicidad hay en el silencio de quienes deberían investigar y controlar?
La respuesta, por ahora, no está en los tribunales. Está en la calle. Y exige justicia.
Bueno días leo mí pregunta es xq siempre lo dejaron en libertad abra gatos escondido como dice el refrán