“El juez pretende que el Estado sea corresponsable de la quiebra de Vicentín”

Diputados de la Comisión de Seguimiento de las causas de Vicentín le recomendaron a Omar Perotti que no acepte la intervención realizada por el Juez Fabián Lorenzini. Consideran que sería una trampa para hacer que el Estado quede como responsable de la quiebra.

La intervención impuesta por Fabián Lorenzini no conforma a nadie y solo suma críticas, fundamentalmente por lo extemporánea de la medida.

Ahora son los Diputados de la Comisión de Seguimiento de las causas de Vicentín los que se expresaron y le recomendaron al gobierno de la provincia que no acepte la decisión y no integre la intervención de Vicentín.

De acuerdo con la información emanada en la Casa Gris el gobernador no designará al “subinterventor” que pidió el Juez Lorenzini ni tampoco aceptará que la titular de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), María Victoria Stratta, ocupe ese cargo.

“El gobernador no debe aceptar esa propuesta, que convierte a la provincia en convidada de piedra”, dijo el presidente de la comisión, Luis Rubeo.

Sus colegas Fabián Palo Oliver (UCR), Rubén Giustiniani (Igualdad) y Carlos del Frade (Frente Popular) coincidieron en el planteo. “Es inaceptable para la provincia (que hace seis meses) pidió la intervención y el desplazamiento de los directores, que ahora designe sólo al subinterventor”, dijo Giustiniani.

“Si Perotti acepta, sería un error muy grande. Porque el juez pretende que el Estado sea corresponsable de la quiebra de la empresa”, alertó Palo Oliver.

Rubeo dijo que el gobierno de Perotti debe rechazar la “subintervención” de Vicentin que le propuso el juez Lorenzini. “Primero, porque ya pasaron seis meses desde que estaba planteado el escenario de intervención en otro contexto, cuando la provincia propuso constituir un fideicomiso, que los accionistas cedieran sus acciones para constituirlo y sumar nuevos actores”. “Ahora, Lorenzini designó un interventor (Andrés Shocron) que tiene la responsabilidad junto con el directorio actual de llevar adelante las acciones que quieran y la provincia será convidada de piedra. El gobernador no debería aceptar esto, de ninguna manera, y retirarse del pedido de intervención”, agregó.

Giustiniani coincidió que el operativo de Lorenzini “es inaceptable”. “A diez meses de iniciado el concurso y la cesación de pagos más importante de la historia de la provincia, el juez intenta mostrarse imparcial: interviene la empresa con un interventor propuesto por un sector del Comité de Acreedores”, pero no desplaza al directorio. Lorenzini “se contradice” en su sentencia. En los “fundamentos cuestiona las actitudes de los directivos de Vicentin”, y en la parte resolutiva “los deja en la conducción de la empresa”. “Es inaceptable para la provincia que pidió la intervención de la empresa y el desplazamiento de su directorio”, ahora acepte “un cargo de subinterventor”, que sería el segundo de Shocron.

“Los interrogantes fundamentales siguen sin respuesta. La decisión del juez no marca un camino para que los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo, el Banco Nación recupere el dinero de todos los argentinos y los productores no terminen estafados”, alertó el legislador.

Del Frade se sumó al consenso político del oficialismo y el arco opositor que Perotti debe rechazar el intento de Lorenzini de involucrar a Santa Fe en la intervención de Vicentin. “La provincia no debería participar. Esto se hace seis meses después y apunta más a consolidar la estrategia de Vicentin que la búsqueda de justicia y recuperación del dinero del pueblo”.

Palo Oliver le pidió a Perotti que llame “a todos los actores políticos a discutir el tema. Si yo fuera asesor del gobernador le diría que no hay que nominar un subinterventor. Primero: porque la intervención es extemporánea. Y segundo: porque la provincia la pidió hace seis meses y reclamó el desplazamiento del directorio”.

“Lorenzini pretende que el Estado sea corresponsable de lo que algunos venimos sosteniendo hace tiempo, que indefectiblemente el concurso terminará en la quiebra” de la empresa. Tienen que saldar una deuda de 1.350 millones de dólares y sus activos apenas alcanzarían para cubrir un tercio de la deuda. Están imposibilitados de comercializar en el mercado de granos y de divisas. No tienen un plan de negocios, no tienen acceso al crédito y hasta la fecha no hay inversores ni financiamiento posible.

“No hay más margen. Ni para el juez Lorenzini, ni para la empresa. En diez meses de concurso no han resuelto la situación económica y financiera gravosa, al contrario. Ingresar a la supuesta nueva administración sería un error muy grande. Es increíble leer los fundamentos de Lorenzini y que haya demorado tanto tiempo en resolver el incidente. El juez Lorenzini fue y sigue siendo funcional a los directores de Vicentin”, concluyó Palo Oliver.

Fuente: Página 12