España, una monarquía fuera de control

“Se trata de un escándalo que habría supuesto el cese del jefe de Estado en cualquier país democrático, pero, sin embargo, en España solo supone un capítulo más de una estirpe que, todavía hoy, goza de inviolabilidad jurídica”.

Cuando las luces comenzaban a iluminar el Viejo Continente en la primera mitad del siglo XVIII, Felipe V, el primer Borbón que reinó en España, creía ser una rana, intentaba montar los caballos de los tapices porque los consideraba reales, recibía a diplomáticos completamente desnudo –salvo por una camisa–, huía del sol porque pensaba que le atacaba, tenía una vida sexual extravagante y no se cambiaba de ropa. Murió –y vivió– completamente loco, pero no en una institución mental, sino en el trono de España tras casi cincuenta años de reinado. Y es que a los españoles les va la marcha, en todos los sentidos. No contentos con soportar semejante esperpento, decidieron adornar su vida y desvaríos, por lo que pasó a la historia como ‘el Animoso’ y como el rey que reinó dos veces. Dos por falta de una. Tres siglos después, ni los Borbones han dejado de ser escandalosos; ni España ha dejado de ser sadomasoquista; ni la historia que se escribe en ella ha dejado de ser indulgente.

Hoy, Felipe VI, el último representante de la escandalosa descendencia de Felipe V, continúa la tradición familiar de escandalizar mientras los sirvientes de la Corte –desde intelectuales a políticos, pasando por periodistas que trabajan en medios españoles– se afanan en ignorar y edulcorar las vergüenzas del rey desnudo. Y es que el último escándalo real deja al monarca desnudo como nunca, ya que aparece como beneficiario de una comisión de 100 millones de dólares –unos 65 millones de euros– recibida por el rey emérito Juan Carlos, según la investigación en curso y las revelaciones en medios internacionales –The Telegraph–, tras la contratación del tren de alta velocidad en Arabia Saudí.

Se trata de un escándalo que habría supuesto el cese del jefe de Estado en cualquier país democrático, pero, sin embargo, en España solo supone un capítulo más de una estirpe que, todavía hoy, goza de inviolabilidad jurídica. Es decir, son, constitucionalmente y por derecho, delincuentes irresponsables siempre que se les antoje. Y se les antoja en demasiadas ocasiones. Lo que al final ha terminado por suponer algo peor que otorgar patente a los corsos.

Porque no cabe duda que se comportan como piratas. Por ejemplo, cuando, al comienzo de la pandemia en España, en marzo de 2020, comenzaron a conocerse las irregularidades en la comisión de Juan Carlos I, al que se le supone una fortuna injustificable de unos 2.000 millones de euros –The New York Times–, Felipe VI decidió hacer público un insólito comunicado, pues la Casa Real acostumbra a dar la callada por respuesta a las continuas revelaciones, acusaciones o escándalos de los monarcas o sus familiares. El comunicado no solo no mejoró la situación, sino que la empeoró ostensiblemente, pues, por un lado, aprovechó la terrible situación que se vivía para evitar protestas y minimizar el impacto y, por otro lado, se erigió básicamente sobre un falaz argumento: la renuncia de Felipe VI a la herencia del rey emérito Juan Carlos. Una renuncia legalmente inviable, pues no se puede renunciar a una herencia futura, ya que lo prohíbe taxativamente el Código Civil español. Además, el comunicado afirmaba que se retiraba la asignación real al rey emérito. Una cuantiosa asignación –casi triplicaba el salario del presidente del Gobierno–, por no hacer nada.

Hasta este escándalo, el corto reinado de Felipe VI, seis años, se había visto crónicamente empañado por su manifiesta alineación con los sectores más ultraderechistas en la inestable situación política en España y por la inagotable sangría de vergüenzas de Juan Carlos. Sin olvidar una chusca relación con Javier López Madrid, un empresario yerno de un amigo íntimo de Juan Carlos, relacionado en asuntos turbios –incluido un apuñalamiento a una doctora– e incluso en una supuesta relación más que amigable con la reina Letizia. Lo que no es poco para un lustro, pero nada comparable con protagonizar en primera persona un escándalo de corrupción relacionado con comisiones y Arabia Saudí. Un escándalo que abre, por primera vez, una vía irresoluble de dudas en Felipe VI que bien pudiera terminar en naufragio.

Dudas, porque se sabe a día de hoy con certeza que Felipe VI supo, al menos, hace más de un año que era beneficiario de dicha comisión, sin que informara de ello a la ciudadanía o retirara la asignación real a su padre. Es evidente que no era su voluntad y sería ser muy condescendiente, cuando no ingenuo o estúpido, creer que, de no haberse publicado el escándalo en medios internacionales, Felipe VI hubiera tomado las medidas que ha tomado. Además, cualquier ciudadano perspicaz podrá preguntarse si realmente fue nombrado beneficiario de dicha comisión en 2008 sin su conocimiento, es decir, si sabía por primera vez del asunto hace un año, o si es beneficiario en otras comisiones. Dudas que también surgen sobre el conocimiento de las actividades delictivas y corruptas de su padre, que son ‘presuntas’ por la ya mencionada inviolabilidad medieval de los monarcas en España, lo que impide investigarlas.

La inviolabilidad mediática y política de la Monarquía llega a tal extremo en España que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) no pregunta por ella desde hace años. Y es que, desde el año 2014, el centro de estudios sociológicos español ha dejado de preguntar la opinión a los españoles sobre la Monarquía. Lo cual, indudablemente, se debe a que los resultados de la Monarquía en la encuesta de opinión que se realiza periódicamente a los españoles ratificaron las alarmantes calificaciones de los años precedentes –pasó de superar el 7 sobre 10 puntos en los años noventa a bajar o rondar el 4 sobre 10 después de 2010–.

Así pues, de facto, la Monarquía española está descontrolada: ni tiene control judicial ni tiene control social ni tampoco tiene control político. Una prueba del descontrol político, lo encontramos a raíz de la publicación del último escándalo, momento en el que varios partidos políticos presentaron una solicitud para la investigación del rey emérito, pero se encontraron con las dudas iniciales de Unidas Podemos, que desde que forma parte del Gobierno vive en un mar de dudas, y la tradicional oposición frontal del PSOE. Lo que vuelve a dejar, una vez más, fuera de cualquier escrutinio y control la actuación de los monarcas españolas. Actuación que ni siquiera puede ser reprobada por los parlamentos existentes en el territorio español, porque el Tribunal Constitucional prohibió la reprobación hecha por el Parlamento Catalán a Felipe VI.

Quizás, después de más de trescientos años de reinado, ha llegado el momento, al menos, de controlar política, social y judicialmente a los monarcas españoles, aunque sea para dejar de ensombrecer la Ilustración que Felipe V croaba, Juan Carlos I borboneaba y, ahora, Felipe VI escandaliza.