En una entrevista exclusiva con La Grieta, el Fiscal Regional Rubén Martínez se refirió al caso del ex fiscal Rodrigo González, quien fue condenado en un juicio abreviado por irregularidades en la gestión de fondos judiciales y la desaparición de legajos de investigación. “Que él haya reconocido su inacción frente a estas actividades delictivas es gravísimo”, afirmó Martínez.
Martínez explicó que la denuncia surgió cuando se descubrió que González, además de hacer desaparecer documentos clave, “cobraba dinero relacionado con causas judiciales y lo manejaba irregularmente”. Según el fiscal, la situación era preocupante desde el principio: “Ya estaba mal que él fuera el cobrador. Tenía que cobrar y depositarlo en la cuenta judicial, pero no lo hacía correctamente”.
El fiscal regional también habló sobre la gravedad de la desaparición de expedientes: “Nos dimos cuenta de que algunos expedientes no estaban en el MPA, lo que levantó sospechas sobre su vinculación con redes de corrupción”. Este hallazgo condujo a una investigación que reveló la participación de González en redes de juego clandestino. “Era prácticamente un topo dentro del MPA, facilitando a quienes manejaban el juego clandestino”, denunció Martínez.
Además, el fiscal hizo hincapié en la necesidad de “una autodepuración” dentro del Ministerio Público de la Acusación y del Poder Judicial. “El sistema está construido de esta forma para que la gente confíe. Si la gente no confía en su autoridad, estamos ante problemas serios”, expresó Martínez, señalando que el caso de González dañó la imagen de la institución.
“Que el tipo haya reconocido todo lo que se merecía está bien, pero ya lo tuvo porque no es más fiscal y no lo será nunca más”, comentó Martínez, mostrando su satisfacción por la condena, aunque advirtió que el daño estaba hecho. “La autodepuración es clave para garantizar que la justicia funcione correctamente y que la gente confíe en nosotros”, concluyó.
El caso de González ha generado un fuerte impacto en la región, ya que su conducta había generado desconfianza tanto en la sociedad como dentro del mismo sistema judicial. “No denunciaba ni investigaba el accionar delictivo de gente conectada con el juego clandestino”, afirmó Martínez, agregando que esta falta de acción “es lo que más indigna”.
Con la condena, el Ministerio Público de la Acusación busca restaurar la confianza de la sociedad en su capacidad para ejercer justicia de manera independiente y transparente.
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