Haydee Vargas advirtió que el recorte de fondos nacionales dejó sin obras y sin trabajo a cientos de familias en Reconquista

La concejal repasó el trabajo que se había logrado en el barrio El Arenal y otros sectores populares, y denunció que la decisión del gobierno nacional de suspender los fondos del RENABAP dejó truncadas las mejoras y agravó la situación social en la ciudad.

La concejal de Reconquista, Haydee Vargas, dialogó con La Grieta sobre el impacto de la paralización de las obras públicas en barrios populares de la ciudad tras la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de suspender el envío de fondos destinados al RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). Vargas advirtió que esta medida no solo interrumpió proyectos de urbanización, sino que además dejó sin trabajo a cientos de familias que dependían de estas obras.

Durante la entrevista, Vargas explicó que desde el año 2017, cuando se dictó el Decreto Nacional 358 que creó el RENABAP, el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales realizaron los primeros relevamientos en Reconquista, incorporando inicialmente 13 barrios, entre ellos El Arenal. Gracias a esos relevamientos, las familias obtuvieron un “certificado familiar de vivienda”, un documento que acredita su residencia y les permite solicitar servicios esenciales como agua y electricidad, aún sin tener la titularidad dominial del lote.

“Ese certificado no es una escritura, pero es un documento muy valioso: acredita la existencia de la familia en ese lugar y otorga derechos, como la posibilidad de pedir servicios públicos y participar de programas de mejoramiento de viviendas”, detalló Vargas.

La concejal señaló que la regularización dominial de barrios populares, la urbanización y la mejora de servicios eran trabajos que se venían desarrollando de manera progresiva en Reconquista. Como ejemplos, mencionó los avances en Guadalupe Oeste, Guadalupe Sur, Barrio Nuevo y San Francisco, donde se lograron obras de infraestructura como calles, veredas y conexiones de agua.

Sin embargo, según denunció, el cambio de gobierno nacional truncó todos esos procesos. “Con el recorte de fondos para los barrios populares, se frenaron los proyectos que estábamos ejecutando o por iniciar. Incluso en El Arenal, donde ya habíamos realizado relevamientos y gestionado la llegada de algunas viviendas prefabricadas con fondos provinciales”, lamentó.

Actualmente, unas 132 familias viven en El Arenal en condiciones irregulares, según los registros del RENABAP. Vargas aclaró que ese número puede no coincidir exactamente con la cantidad actual de habitantes, dado que algunos hogares nuevos no pudieron ser relevados tras la interrupción del programa.

Un impacto profundo en la economía local

Más allá de la situación habitacional, Vargas subrayó que la suspensión de los fondos nacionales tuvo un efecto devastador en la economía de Reconquista. No solo se paralizaron obras que mejoraban la calidad de vida en los barrios, sino que cientos de trabajadores perdieron sus fuentes de ingreso.

“Había cientos de familias que vivían del trabajo generado por las obras del RENABAP. Ese dinero se gastaba acá, en los negocios de la ciudad: en el supermercado del barrio, en la tienda de ropa, en la ferretería. Hoy todo eso se perdió”, describió.

La concejal recordó que programas como “Mi Pieza”, que permitió a mujeres de sectores populares ampliar o mejorar sus viviendas, también desaparecieron. “Más de 400 mujeres en Reconquista habían accedido a esos programas, y muchas mejoraron sustancialmente sus casas. Hoy ni siquiera tienen acceso a una bolsa de cemento”, se lamentó.

Según Vargas, la situación actual es crítica: muchas familias apenas pueden garantizar una comida al día. “El gobierno nacional no solo dejó de financiar la obra pública en los barrios populares; también le quitó a la gente su oportunidad de progresar con trabajo digno.”

El futuro de El Arenal y otros barrios populares

Consultada sobre las perspectivas de solución para las familias de El Arenal y otros asentamientos, Vargas fue pesimista: “Hoy no hay una salida clara. No hay fondos, no hay programas nuevos, y las familias siguen viviendo en condiciones muy precarias.”

Sin embargo, insistió en la necesidad de mantener la organización comunitaria y la lucha por los derechos adquiridos. “La Ley 27.453 sigue vigente. Esa ley protege a las familias de los desalojos sin solución habitacional y reconoce sus derechos. Tenemos que defender esos derechos y seguir trabajando para que, aunque hoy no tengamos el apoyo nacional, podamos avanzar como podamos desde lo local.”

Finalmente, destacó que, a pesar de las adversidades, el esfuerzo de años pasados dejó un precedente importante: “El trabajo de relevamiento y los certificados de vivienda son herramientas que siguen vigentes. Nos permiten seguir reclamando obras, servicios y derechos para quienes más lo necesitan.”