El grupo inversor argentino CIMA SA ha adquirido la deuda que la agroexportadora Vicentin mantenía con bancos internacionales, transformándose en el principal acreedor de la empresa y actor clave para definir su futuro. Esta operación, notificada al juzgado que supervisa el concurso preventivo, involucra un monto total de USD 447.194.396,91.
Un proceso judicial extenso y complejo
El caso Vicentin se remonta a diciembre de 2019, cuando la compañía agroexportadora, una de las más importantes de Argentina, sorprendió al mercado al declarar un default de USD 1.500 millones. La caída de Vicentin afectó gravemente a productores agropecuarios, cooperativas, entidades financieras y empresas vinculadas a la cadena de valor del agro, provocando un verdadero terremoto en el sector.
La empresa presentó su concurso preventivo en febrero de 2020 en los Tribunales de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. El proceso, cargado de tensiones y denuncias, ha estado marcado por la disputa entre acreedores, trabajadores y directivos de la firma. Desde entonces, Vicentin ha enfrentado denuncias penales, incluyendo acusaciones de estafa, por falsificación de balances para ocultar su situación financiera y acceder a nuevos créditos.
En 2021, el juez Fabián Lorenzini rechazó la primera propuesta de pago presentada por Vicentin, argumentando que no era equitativa para los acreedores. La Cámara de Apelaciones, en una decisión cuestionada, avaló el acuerdo. Sin embargo, el caso fue elevado a la Corte Suprema de Santa Fe, donde actualmente se analiza la homologación del concurso o la posibilidad de avanzar hacia un cramdown (proceso de salvataje).
La compra de la deuda por CIMA: los detalles
La reciente intervención de CIMA SA marca un giro importante en el caso. La compañía adquirió la acreencia de siete bancos internacionales:
- IFC (USD 205.785.014,45)
- FMO (USD 122.278.129,55)
- ING (USD 46.429.718,73)
- Rabobank (USD 22.781.133,64)
- MUFG (USD 12.381.296,09)
- SMBC (USD 12.381.296,09)
- Natixis (USD 9.934.586,27)
El grupo inversor, liderado por Esteban Nofal, explicó en un comunicado que el objetivo de la operación es “contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial” y buscar una salida sostenible que permita reactivar la empresa. “Nuestra intención es colaborar en una solución que contemple los intereses de todas las partes, en particular, la conservación de las fuentes de trabajo y el valioso capital humano de Vicentin”, afirmaron.
¿Quién es CIMA SA?
Fundada en 1998, CIMA SA es un grupo inversor con amplia trayectoria en mercados financieros internacionales y locales. Especializada en el manejo de fondos y soluciones para escenarios económicos complejos, la compañía ha actuado como intermediaria para inversores que apuestan a la reestructuración de empresas en crisis. Esta experiencia coloca a CIMA en una posición estratégica para intervenir en el conflicto de Vicentin.
CIMA actúa como aglutinador de inversores financieros que decidieron comprar la deuda a los bancos internacionales, con la expectativa de obtener un retorno económico positivo mediante la reactivación de la compañía y una mejora en las condiciones de pago.
El rol del cramdown y los actores involucrados
Si la Corte Suprema de Santa Fe rechaza la homologación del acuerdo de Vicentin, se abrirá el proceso de cramdown, donde otros interesados podrán presentar propuestas para el salvataje de la compañía. En este contexto, CIMA ya inició conversaciones con el Grupo Grassi, uno de los principales acreedores comerciales.
El Grupo Grassi ha manifestado su interés en participar en el cramdown, asegurando que presentará una oferta superadora que mejore las condiciones de pago para los acreedores, especialmente para productores agropecuarios y cooperativas. A diferencia de Vicentin, Grassi se compromete a adquirir todos los activos industriales de la empresa, incluidos aquellos ubicados en el norte de Santa Fe.
La propuesta del Grupo Grassi se perfila como una alternativa viable frente al plan de Vicentin, que contempla una quita del 80% para medianos y grandes acreedores. La existencia de esta oferta competitiva fue clave para que CIMA pudiera convencer a sus inversores de participar en la compra de la deuda.
El impacto socioeconómico del conflicto
La caída de Vicentin tuvo repercusiones devastadoras para la economía regional y nacional. Miles de productores agropecuarios quedaron atrapados en la crisis, perdiendo ingresos y viéndose obligados a buscar otras alternativas. Al mismo tiempo, más de 7.000 trabajadores vinculados a la empresa, directa o indirectamente, enfrentaron incertidumbre laboral.
Los activos industriales de Vicentin, incluidos sus plantas de molienda en San Lorenzo, Ricardone y Timbúes, son piezas clave para la exportación de granos y subproductos. La reactivación de estas instalaciones es fundamental para recuperar el flujo económico en la región.
Organizaciones de trabajadores, como el sindicato Aceiteros, han presionado en reiteradas ocasiones para que se encuentre una solución que garantice la continuidad laboral. En este sentido, la intervención de CIMA y la posibilidad de un salvataje ofrecen un horizonte esperanzador.
La respuesta de Vicentin y el futuro judicial
Tras la noticia de la intervención de CIMA, el directorio de Vicentin emitió un comunicado en el que advierte que no dispone de recursos para sostener un proceso de cramdown. “Hemos agotado nuestra disponibilidad de caja para financiar el giro ordinario de la empresa”, señalaron.
La compañía pidió a la Corte Suprema de Santa Fe que resuelva cuanto antes la homologación del acuerdo presentado en el concurso, advirtiendo que las dilaciones afectan gravemente su capacidad de operación y pago de sueldos.
Mientras tanto, los acreedores y actores involucrados esperan con expectativa la resolución de la Corte Suprema de Santa Fe, que podría conocerse antes de la feria judicial. En caso de que se rechace la homologación, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de la Nación, prolongando aún más el proceso.
El papel de los bancos internacionales
La venta de la deuda por parte de los bancos internacionales marca un hito importante en el proceso. Estas entidades, entre las que se encuentran reconocidos bancos globales como IFC y ING, decidieron salir de la crisis mediante la cesión de sus acreencias a CIMA.
Los bancos llegaron a denunciar penalmente a Vicentin por estafa, acusando a la empresa de falsificar balances para ocultar su verdadera situación financiera mientras seguía recibiendo créditos. Esta situación generó un fuerte impacto reputacional en los mercados financieros y aceleró la necesidad de buscar soluciones.
Con la intervención de CIMA, los bancos logran recuperar parte de sus acreencias y salir del proceso, dejando en manos de los nuevos inversores la responsabilidad de buscar una salida viable.
Conclusión: ¿qué está en juego?
El futuro de Vicentin está en manos de la Corte Suprema de Santa Fe y de los actores económicos que buscan reestructurar la empresa. La compra de la deuda por CIMA no solo cambia el panorama del concurso, sino que también introduce una nueva posibilidad de salvataje que podría definir el destino de la agroexportadora.
La participación del Grupo Grassi y otros interesados en el eventual cramdown promete generar una competencia de ofertas, beneficiando a los acreedores y aumentando las chances de una reactivación sostenible. Al mismo tiempo, la preservación de las fuentes de trabajo y la recuperación económica de la región son objetivos prioritarios para todos los actores involucrados.
La resolución de este proceso será crucial para el sector agroindustrial argentino, dada la relevancia estratégica de Vicentin en la exportación de granos y subproductos. Mientras tanto, productores, trabajadores y acreedores siguen a la espera de una salida que permita dar vuelta la página y cerrar uno de los capítulos más complejos de la historia reciente del agro argentino.
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