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Investigación del Banco Central complica aún más a Vicentin

Hay diferencias millonarias sobre las potenciales consecuencias de un sumario iniciado este año.

La venta de Vicentin encontró un nuevo punto de rispidez, a partir de las consecuencias económicas que reportará un sumario iniciado por el Banco Central por la no liquidación de exportaciones de granos y derivados. El incumplimiento oportunamente generó una suspensión para operar en el mercado de granos y ahora arroja un gran signo de preguntas sobre cuál puede ser la multa a pagar, una cuestión de talla en la evaluación de sus activos en el marco de due dilligence para transferir parte de sus acciones.

No se trata de una cifra menor. Para la agroexportadora, el riesgo máximo de contingencias es u$s60M. Sin embargo para los interventores nombrados por el Juez Fabián Lorenzini la cifra puede ser superada en función del Régimen Penal Cambiario, que establece multas de hasta 10 veces los montos de las operaciones no regularizadas.

En el inicio del sumario, el Central determinó que “se habrían configurado transgresiones” por u$s139 y 2M de euros. En una carta dirigida a los interventores, Vicentin asegura haber regularizado u$s33M y tener encaminados otros u$s66M, por lo que quedarían en litigio u$s41M.

De todas formas, la propia concursada admite problemas en esos u$s66M. “El principal escollo a resolver es el de los bancos internacionales, alguno de los cuales no tenía más representación en el país y la inflexibilidad del Banco Nación, que anteriormente se regía por un paquete de información que ya fue aportada varias veces y ahora requiere confirmaciones que no surgen de la norma”, indicó en una nota el presidente del directorio Omar Scarel.

Amén de la resolución de esos detalles, Scarel planteó que para los abogados de Vicentin, la sanción potencial “puede ubicarse dentro de los mínimos de estilo (entre 0 y 0,5 veces el monto de las operaciones en infracción) o incluso durante el tiempo que continúa la sustanciación puede cambiar el Régimen Cambiario y todas las infracciones tornarse extinguidas”.

El caso es que entre la posición de la concursada y la de los interventores habrá que encontrar un punto medio, que es lo que negocian Vicentín con los tres potenciales compradores (ACA, Molinos y Glencore). En una nota que trascendió un par de meses atrás, la agroexportadora reconoía que los inversores habían encontrado “contingencias de relevancia” que habían complicado las conversaciones.

La compañía santafesina tiene hasta el próximo 16 de diciembre para lograr los acuerdos dentro del expediente concursal. Sin embargo, en la resolución que prorrogó los plazos, Lorenzini fijó para el 20 de noviembre la fecha máxima para que explicite una “propuesta de reorganización empresaria”, esto es lisa y llanamente un plan para reestructurar la compañía. La misma debe tener información respecto a posibles consecuencias en los recursos humanos de la empresa, flujos financieros estimados, qué nuevos capitales podrían ingresar y una explicación sobre qué pasará con las empresas del grupo.

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