Benjamin Netanyahu tiene un proceso judicial por corrupción abierto en su contra, lo que podría alejarlo del poder, pero ahora eso no ocurrirá gracias a la decisión del Legislativo israelí.
La Kneset (Parlamento israelí) aprobó esta madrugada una ley que blinda al primer ministro Benjamin Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo, mientras tiene un juicio abierto por varios cargos de corrupción.
La ley pasó en tercera y última lectura a las 6.00 de la mañana después de una sesión plenaria que duró toda la noche con 61 votos a favor, frente a 47 en contra, tras largas y acaloradas discusiones.
La norma forma parte de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno de Netanyahu que ha provocado una amplia contestación social con protestas masivas en todo el país que se prolongan durante casi tres meses, y que es vista como una amenaza a la democracia al restar independencia al poder Judicial y restar las facultades fiscalizadoras del Supremo.
La oposición presentó numerosas objeciones a esa legislación, que fue tramitada de forma acelerada, y se considera “hecha a medida” para proteger a Netanyahu, que enfrenta serios problemas legales con tres casos abiertos por fraude, soborno y abuso de confianza, cargos que él niega.
La legislación impide explícitamente que el Tribunal Supremo ordene a un primer ministro que tome un “permiso de ausencia”, vista como una reacción ante los temores de que esa corte pueda obligar a dimitir a Netanyahu por conflicto de intereses, al ser el líder de una coalición de gobierno que promueve una drástica reforma judicial mientras enfrenta varios cargos de corrupción.
De acuerdo con la nueva ley de recusación, solo una mayoría de tres cuartos de los votos de los ministros del gobierno, seguido de la ratificación por el mismo porcentaje de diputados (al menos 90 parlamentarios), puede forzar a un primer ministro para que tome una licencia temporal, y solo por razones de salud mental o física.
La reforma busca dar control total al Gobierno sobre el nombramiento de los jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, lo que podría tener un impacto directo en una posible apelación del veredicto de su juicio en curso; además de incluir una polémica “cláusula de anulación” que permitiría al Parlamento revertir fallos del Supremo o incluso blindar leyes para que no puedan ser sometidas a la revisión de constitucionalidad de esa corte.
Los defensores del cambio argumentan que la reforma está diseñada para proteger la voluntad de los votantes de la extralimitación de los tribunales, pero los críticos aducen que elimina las regulaciones destinadas a evitar que los servidores públicos usen su autoridad para beneficio personal.
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