En una extensa entrevista con La Grieta, la concejala y presidenta de la Comisión de Hacienda de Reconquista, Katia Passarino, expuso fuertes críticas hacia el accionar del Ejecutivo Municipal en relación al aumento del Derecho de Registro e Inspección (DREI) que afectó especialmente a las guarderías náuticas.
Según explicó, el Concejo había aprobado un aumento general del 100% para todas las actividades, pero el Ejecutivo, tras recibir el dictamen, habría desdoblado un ítem de manera unilateral, aplicando un incremento de casi 600% en el rubro guarderías sin la autorización legislativa.
“Hubo mala fe y abuso de poder”, acusó Passarino. La edil detalló que el Concejo trabajó en la actualización de la tributaria a finales de 2024, bajando la alícuota del 0,7% al 0,6% y autorizando un aumento general de solo el 100%, luego de analizar comparativas provinciales e índices oficiales de inflación. “La voluntad del legislador fue clara y quedó registrada en los dictámenes y las reuniones grabadas”, enfatizó.
Sin embargo, cuando se oficializó la nueva ordenanza, el Ejecutivo Municipal separó el ítem de “guarderías y estacionamientos”, asignándole a las guarderías un aumento específico que disparó el tributo de unos 600 pesos a cerca de 5.800 pesos por cama o lancha.
Un conflicto de fondo: respeto a las instituciones
Passarino lamentó que, pese a los reiterados intentos de diálogo para coordinar políticas públicas entre Ejecutivo y Legislativo, este tipo de prácticas deterioran la confianza. “No estamos discutiendo un gran ingreso para el municipio; estamos discutiendo el respeto a los poderes y a la democracia”, reclamó.
Además, recordó que había solicitado numerosas reuniones para coordinar temas como el FOPIN y el FOCOM (fondos de obras públicas), buscando avanzar en políticas de consenso. “En vez de respetar la voluntad del Concejo, hicieron una maniobra para aplicar aumentos que no se habían votado”, insistió.
Consultada sobre por qué no se detectó este cambio en el momento de la sanción, la edil explicó que el material tributario llegó escaneado y de urgencia: “Debimos haberlo revisado más detenidamente, pero confiamos en que se respetaría lo acordado. Ese fue nuestro error”.
El trasfondo económico y político
Respecto a los argumentos del Ejecutivo, que señalaron que las guarderías cobraban cifras elevadas a sus usuarios y que el aumento no era desmedido en comparación a sus ingresos, Passarino fue tajante: “Nosotros no legislamos en base a cuánto factura una empresa. Legislamos en base al principio de contraprestación de servicios. Si no hay un servicio municipal directo y concreto, no corresponde aumentar indiscriminadamente un tributo”.
Recordó que la Constitución y las leyes prohíben a los municipios cobrar impuestos encubiertos: “El tributo tiene que estar vinculado a un servicio prestado. No se puede usar el tributo para hacer caja sin prestar nada a cambio”, advirtió.
Además, aprovechó para denunciar falta de transparencia por parte del Ejecutivo: “En abril de 2025 seguimos sin recibir balances mensuales, ejecución presupuestaria trimestral ni listado de personal, que por ley deben enviar al Concejo. Trabajamos a ciegas”, sostuvo.
Una situación que se podría haber evitado
Según Passarino, si hubiera existido voluntad política, el error se habría subsanado en una simple sesión: “Ellos saben perfectamente que con buena fe se podría corregir. Pero prefieren dilatar, esquivar las reuniones y contestar en los medios en lugar de sentarse a resolverlo”.
Además, criticó que los funcionarios “eligen el camino de la chicana política” en lugar de gestionar con seriedad: “No podemos seguir discutiendo pequeñas maniobras mientras los problemas de los vecinos, como la iluminación o la recolección de residuos, se agravan día a día”, afirmó.
En ese sentido, recordó que el bloque opositor logró archivar un proyecto del Ejecutivo que pretendía cobrar nuevamente a los vecinos una contribución especial para el recambio de farolas, a pesar de que ya abonan por ese servicio a través de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y de fondos que el municipio recibe de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El impacto en las guarderías
Aunque Passarino evitó defender directamente a las guarderías náuticas —”No me meto en cuánto factura cada empresa”—, sí insistió en que la discusión debía centrarse en el principio jurídico de legalidad tributaria: “El problema no es cuánto ganan las guarderías; el problema es que se vulneró el procedimiento de actualización tributaria que exige respeto a la voluntad del Concejo”.
Actualmente, el nuevo valor del DREI para las guarderías estaría rondando los 5.800 pesos por cama, aunque Passarino aclaró que la situación sigue en discusión y que el Concejo insistirá en regularizar el tema conforme a la normativa.
Un llamado a la responsabilidad
Finalmente, Katia Passarino ratificó su compromiso de seguir buscando el diálogo y el consenso, pero advirtió: “No vamos a ser cómplices de maniobras que lesionen la institucionalidad. Vamos a defender a los vecinos y a la autonomía del Concejo frente a cualquier abuso”.
Cerró con una reflexión que apunta a la madurez política: “La gente ya nos dio un mensaje claro en las urnas. No quieren políticos peleando por sus egos, quieren dirigentes responsables y respetuosos de las reglas. De nuestra parte, vamos a honrar ese mandato”.
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