La Cámara de Apelaciones revoca absolución y condena al Ing. César Lebus a 14 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores

En un caso que ha generado gran interés público, la Cámara de Apelaciones en lo Penal revocó la sentencia de primera instancia y condenó al Ing. César Lebus, DNI 28.581.040, a 14 años de prisión por delitos de abuso sexual agravado y promoción de corrupción de menores. Esta decisión, que surge tras un fallo unánime de los jueces Eduardo Alberto Bernacchia, Fabio Mudry y Fernando Gentile Bersano, responde a una apelación presentada por el Ministerio Público de la Acusación y la querella tras la absolución inicial. El caso pone en primer plano la dificultad y el impacto de abordar pruebas complejas en juicios de abuso sexual infantil.

Contexto y antecedentes del caso

El 22 de mayo de 2024, en un juicio oral, un tribunal de primera instancia integrado por los jueces Martín Gauna Chapero, Norma Senn y Santiago Banegas decidió absolver a Lebus, concluyendo que las pruebas no demostraban culpabilidad suficiente. La defensa, encabezada por el abogado Marcelo Venetucci, argumentó que las acusaciones de abuso eran “una construcción imaginaria de la madre”, sugiriendo fallos en los informes psicológicos que fundamentaban la acusación.

Ante la absolución, la fiscal Georgina Díaz y la querella interpusieron un recurso de apelación, solicitando 20 años de prisión efectiva. Ahora, la Cámara de Apelaciones ha encontrado culpable a Lebus de los delitos de abuso sexual con acceso carnal vía oral, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia con la víctima; promoción de la corrupción agravada y amenazas coactivas, conforme a los artículos 119, 125 y 149 del Código Penal, imponiendo una pena de 14 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta por el mismo período.

Análisis jurídico y las figuras agravadas

En la condena, los magistrados subrayan la aplicación de agravantes debido al vínculo de ascendencia, la convivencia y la guarda de la víctima, así como por el grave daño causado a su salud. Según el abogado penalista y autor Dr. Julio Agüero, especializado en delitos sexuales, estos agravantes están destinados a “proteger a los menores de situaciones de abuso donde el agresor ejerce una posición de poder, lo que incrementa la gravedad del hecho.” En sus publicaciones sobre violencia y abuso, Agüero analiza cómo los lazos familiares y de confianza, al ser violados, incrementan la responsabilidad penal en estos casos, conforme a lo establecido en el artículo 119 del Código Penal.

Por su parte, el jurista y criminólogo Dr. Mariano González del Moral ha enfatizado en sus estudios sobre delitos sexuales que “la adecuada valoración de las pruebas psicológicas es esencial para establecer los hechos, especialmente en situaciones donde los menores son las víctimas”. González del Moral destaca la relevancia de técnicas de entrevista apropiadas, que eviten la inducción de respuestas y garanticen una recolección de testimonios confiables, tema de debate en este caso. Según sus investigaciones, cualquier evaluación psicológica debe realizarse con objetividad y siguiendo estándares rigurosos para no influir en los menores ni predisponerlos, evitando así la “inoculación” de recuerdos falsos, teoría que fue discutida en este proceso.

Implicancias procesales: la apelación y los próximos pasos

La sentencia no es aún firme; el caso podría someterse a una revisión por otra Cámara Penal, y más adelante, de ser necesario, se podría recurrir a la Corte Suprema en busca de una inconstitucionalidad. En este marco, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la prisión preventiva de Lebus para asegurar su detención mientras la sentencia adquiere firmeza. La audiencia para resolver esta solicitud se llevará a cabo este sábado, y la fiscalía argumentará el riesgo de fuga, ya que el acusado enfrentaría una pena prolongada de prisión.

El profesor de Derecho Procesal Penal Dr. Ramiro Herrera, autor de varios estudios sobre prisión preventiva, señala que “el riesgo procesal, en casos de condenas altas, es una razón habitual para justificar la prisión preventiva, especialmente si el acusado tiene motivos para eludir la justicia”. Los análisis del Dr. Herrera indican que cuando una condena es revertida en instancias de apelación, el incentivo de fuga se incrementa, haciendo que las medidas preventivas se justifiquen plenamente.

Impacto en la familia y la estabilidad de los menores

Mónica, exesposa de Lebus y madre de los menores, expresó que la condena ha sido una forma de justicia y alivio tras una experiencia sumamente traumática. La resolución, en sus palabras, fue una “sentencia ejemplar” que protegió la integridad de sus hijos, agradeciendo a los jueces por escuchar y evaluar todas las pruebas. La madre, además, expresó su rechazo a las teorías de inoculación de falsas memorias, un punto que había sido fundamental para la defensa en la primera instancia, y cuestionó la objetividad de los informes psicológicos que sustentaron esta hipótesis.

Según estudios de la Dra. Elena Ruiz, psicóloga y experta en violencia infantil, “las víctimas de abuso no solo enfrentan el trauma del hecho, sino también el desafío de hacer frente a la exposición pública y las evaluaciones externas, que pueden convertirse en una fuente adicional de estrés y desprotección”. Ruiz subraya en sus trabajos la importancia de crear un entorno de apoyo y protección para los menores afectados, evitando reacciones o juicios que puedan hacerles sentir menos validados.

Repercusiones en el ámbito judicial y en la sociedad

El caso de César Lebus representa los desafíos de abordar denuncias de abuso infantil en el sistema judicial. Según datos de organizaciones de derechos de la niñez, los índices de condena en América Latina en estos casos suelen ser bajos, en parte debido a la complejidad probatoria y los obstáculos que enfrentan las víctimas. Este contexto hace de la sentencia de la Cámara un precedente importante para la jurisdicción, que busca garantizar una justicia efectiva y protección a las víctimas.

El abogado penalista Dr. Guillermo Rey, en su ensayo sobre agravantes en delitos sexuales, menciona que los vínculos familiares o de dependencia elevan significativamente la responsabilidad penal de los acusados. “En delitos de abuso sexual agravado, la jurisprudencia busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de las acciones en situaciones de abuso de confianza y vulneración de la intimidad de menores de edad”, explica Rey en uno de sus escritos sobre protección infantil.

Reflexión y búsqueda de justicia para las víctimas

La condena del Ing. César Lebus a 14 años de prisión marca un hito en la justicia de la región y plantea una reflexión sobre la protección de los menores y la importancia de una valoración precisa y exhaustiva de la prueba en casos de abuso. La sentencia refuerza la necesidad de atender cuidadosamente el sufrimiento emocional y psicológico de las víctimas, garantizando su protección y el respeto a sus derechos.

En esta etapa, la comunidad sigue de cerca el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, mientras el proceso de apelaciones avanza y la justicia evalúa la implementación de medidas efectivas para asegurar el cumplimiento de la condena impuesta. La historia de Mónica y sus hijos simboliza la lucha por justicia y seguridad en un sistema que continúa buscando formas de proteger a los más vulnerables.