En una muestra más del doble estándar que indigna a la ciudadanía, la Cooperativa de Servicios Públicos de Reconquista admite ahora —tras la presión pública generada por la publicación de ReconquistaSF.com.ar— que Vicentin acumula una deuda superior a los 400 millones de pesos en concepto de energía eléctrica. Recién luego del fuerte impacto que generó la noticia, comenzaron a moverse: enviaron cartas documento e intimaron al pago. Prometen cortar el suministro el próximo viernes si no hay pago. Pero hasta entonces, siguen priorizando la contemplación y el diálogo.
La empresa Vicentin, cuyo historial de escándalos financieros y protección política es de público conocimiento, volvió a recibir un trato preferencial en detrimento del ciudadano común. Cualquier vecino con una deuda considerablemente menor recibe intimaciones y cortes inmediatos del servicio. Pero con Vicentin, la actitud fue otra: “Se puede aguantar y se va charlando continuamente”, reconoció sin tapujos el gerente de la Cooperativa, Carlos Franzoi.
“Habrá que ver qué pasa con la planta de bioetanol, que es el principal consumidor de energía dentro del complejo”, agregó Franzoi, revelando que la preocupación no pasa por cobrar la deuda, sino por no afectar el funcionamiento de la planta y, en su versión, “preservar la fuente de trabajo”.
Lo cierto es que la deuda millonaria fue tolerada sin que se ejecutaran acciones concretas, y recién ahora, con la presión mediática y la indignación social acumulada, se tomaron medidas formales como el envío de cartas documento y la advertencia de corte para la próxima semana.
Franzoi confirmó que el presidente de la Cooperativa “estuvo reunido con algunos de ellos” —refiriéndose a directivos de Vicentin—, buscando alternativas para evitar lo que él mismo considera “lo que uno no quiere hacer”: el corte del suministro.
Un discurso de optimismo que encubre privilegios
Franzoi afirmó que desde la Cooperativa mantienen “el optimismo por excelencia” para asegurar que Vicentin siga produciendo y evitar el corte. Pero el optimismo no es el mismo cuando se trata de usuarios residenciales o pequeños comerciantes: ahí no hay tiempo para esperanzas, sólo notificaciones y cortes fulminantes.
Mientras tanto, la Cooperativa sigue adelante con su plan de inversiones, como la ejecución de una línea compacta sobre calle 20. Según su gerente, “económicamente la Cooperativa está sólida”, lo que refuerza el interrogante social: ¿por qué entonces se permite semejante deuda sin ejecutar los mecanismos que sí aplican a otros usuarios?
Silencio político, connivencia empresarial
A todo esto, llama la atención el silencio de la dirigencia política local, muchos de cuyos miembros han tenido relaciones directas o indirectas con la empresa Vicentin. Mientras se realizan gestiones “a través de la Provincia” para conseguir un alivio financiero para la Cooperativa —otro beneficio indirecto para no afectar a Vicentin—, miles de vecinos sufren aumentos, cortes y una política implacable en el cobro de servicios.
La situación deja al descubierto una verdad incómoda: en Avellaneda hay dos varas para medir las deudas y las responsabilidades. Una, para las grandes empresas con vínculos políticos. Otra, para los ciudadanos de a pie, que si no pagan la boleta en término se quedan sin luz sin contemplaciones.
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