Le vuelven a pasar factura al MPA

Por Rodrigo Corti

El abogado Ricardo Degoumois decidió poner en agenda algo de lo que no se suele hablar, ni en los medios ni en la calle. Claro está que lo primero suele tener una incidencia importante en lo segundo. Alguno dirá que el conocido penalista reconquístense hace esto como contraataque por la causa que pesa en su contra y por la que espera, en breve, el juicio correspondiente. Y puede que tenga razón pero más allá de la discusión sobre el contexto en el que se da, del cual nos venimos ocupando desde el mismo momento en el que surgió la denuncia por abuso sexual, lo que nos interesa analizar aquí es lo que pone de manifiesto el letrado.

Cuando se habla de lo que nos cuesta a todos los santafesinos el sistema de justicia, la lupa siempre se centra en sueldos, alquileres y demás costos fijos. Pero nunca se da a conocer cuánto dinero sale de las arcas estatales para afrontar las costas de los casos desfavorables para los intereses de la fiscalía. En criollo, la que hay que garpar cuando el juicio se pierde. ¿Corresponde analizar el trabajo del Ministerio Público de la Acusación con una lógica estrictamente mercantil? Yo diría que no, ya que el Estado no debe ser medido con la misma vara que a una empresa privada. Pero eso no inhabilita que los ciudadanos se puedan preguntar cuánta plata se va en cada juicio que le toca perder a los fiscales. Y esa información no está, como tantas otras. Resultado de esos soplos de aires de modernización y transparencia que chocan una y otra vez con el histórico adn conservador y opaco del poder judicial. Le sigue molestando, al igual que antes, brindar la información que no lo deja bien parado. Como el timbero que sólo te la cuenta cuando pegó la cabeza de la vespertina.

La Fiscal General de Santa Fe llevó a cabo, la semana pasada, una extensa presentación en el Senado de su primer año de gestión. En el informe, de 129 páginas, María Cecilia Vranicich muestra el presupuesto con el que contó para el año pasado pero no hay datos sobre lo que pagó el Estado (o debe pagar) en honorarios de abogados defensores. Ganar o perder son resultados posibles en todo pleito judicial, eso no está en discusión. Lo llamativo del punto en cuestión, es la decisión del MPA de informar de manera oficial solo los casos en los que sale victorioso. Sin dar a conocer los juicios que pierde, evita consecuentemente informar el dinero público que sale afrontar dichos veredictos. ¿No deberíamos todos los santafesinos contar con esa información? ¿Por qué nos enteramos de ello a partir de la denuncia que realiza en los medios un abogado particular? En diciembre, el fiscal regional Rubén Martínez presentó en sociedad el informe del año anterior. Tampoco dio a conocer los números de los casos perdidos, menos aún de cuanto fue la erogación de dinero para hacer frente a dichas sentencias.

El conocido penalista local manifestó públicamente que el Estado le debe varios millones de pesos en concepto de honorarios. El ejemplo más inmediato es el fallo del 27 de mayo, dictado por la Camara de Apelaciones, en la causa por homicidio contra Silvestre Machuca. Allí, los jueces Sebastian Creus, Eduardo Bernachia y Roberto Prieu Mantaras rechazaron el recurso de inconstitucionalidad que habia interpuesto el fiscal ante el fallo absolutorio que se dictó en favor del peón rural de la chanchería.  Descontento con la absolución, Juan Marichal apeló y nuevamente tuvo el resultado no deseado. En segunda instancia, la sentencia rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal y lo obliga al Estado a pagarle los honorarios al estudio jurídico que representó al acusado. Otro monto millonario que deberá salir del presupuesto del ministerio con destino a la cuenta de Degoumois y Asociados. Días atrás, en una nota brindada en el programa La Grieta (FM 94.5), el abogado señaló que no es al único al que el Estado le debe dinero en concepto de honorarios. Y agregó que la mayoría decide no hacerlo público ni denunciarlo en los medios para no quedar marcado en una lista negra de la Regional.

¿Se repite lo que sucede aquí en las otras circunscripciones? Imposible saberlo ya que no hay información pública referida al presupuesto que se va en pagar las costas de los juicios que pierde el MPA. Tiempo atrás, mantuve una charla informal con un fiscal luego de que el juez le diera a entender que el resultado adverso se debía a la poca preparación que hizo del caso en cuestión. Mientras se le pasaba el enojo, me dijo que estaban abarrotados de causas por el escaso personal que había en la fiscalía. Casi como reconociendo lo sugerido por el juez, agregó luego que la culpa de todo era de Martinez. Según él, el fiscal regional se quejaba de la falta de recursos frente a los micrófonos pero no donde lo debía hacer que era en la fiscalía general. Con sus jefes el nunca defiende a sus fiscales y las otras regionales siempre obtienen más recursos que la nuestra, concluyó.     

 ¿Quién se hace cargo de llevar adelante juicios con insuficiente preparación? ¿Es correcto puntualizar en una sola persona? ¿Se manejarían de la misma manera si los pagos salieran de sus bolsillos? Mientras el gobierno de Maximiliano Pullaro lleva a cabo recortes acompañando la ola de ajustes que se instaló desde las fuerzas del cielo, nuestro MPA combina pagos millonarios a abogados particulares con sueldos de miseria a sus pasantes contratados.

El presupuesto que le aprobó la legislatura a la casa de los fiscales para este año es de casi 2300 millones de pesos. Cuánto de ello se destina a pagar honorarios de juicios perdidos, no lo sabemos. Es dinero que sale de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Debería ser información pública.