Legislatura santafesina destituyó al fiscal Aldo Gerosa por mal desempeño

La asamblea legislativa de Santa Fe removió por unanimidad de su cargo al fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, tras acusarlo de “mal desempeño funcional e institucional” en su gestión​. Se le reprocha haber frenado investigaciones de abusos sexuales, revictimizado a denunciantes y acordado penas mínimas en juicios abreviados en favor de agresores​. La destitución –que incluye 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos– generó reacciones encontradas en el Ministerio Público, la dirigencia política y la comunidad, reavivando el debate sobre la responsabilidad de los fiscales y los límites a su accionar.

Contexto: trayectoria del fiscal y desempeño bajo la lupa

Aldo Gerosa se desempeñaba desde 2014 como fiscal titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la ciudad de Reconquista, en el norte de Santa Fe​. Con más de 15 años en el Ministerio Público, Gerosa afrontó una elevada carga de trabajo –él mismo señaló haber intervenido en “casi 18.000 casos” durante su carrera​–, pero su gestión quedó marcada por crecientes cuestionamientos en causas sensibles. En 2023 había sido suspendido durante 10 meses luego de un polémico acuerdo en el “Caso Galaz”, un expediente de abuso sexual infantil que generó escándalo a nivel local​. En ese caso, Marcelo Galaz –exfuncionario municipal y hombre de confianza del entonces intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín– admitió haber violado a su sobrina menor de edad, pero obtuvo una condena reducida a 7 años mediante un juicio abreviado impulsado por Gerosa​. Un informe de la Auditoría General del MPA de 87 páginas calificó como “faltas graves” al menos seis conductas de Gerosa en la causa Galaz, incluyendo haber otorgado prisión domiciliaria indebida al acusado, la “revictimización de la joven abusada” y presiones para firmar el abreviado sin consentimiento de la víctima. Estas actuaciones despertaron la alarma de legisladores: “Esta situación evidencia que la justicia santafesina no puede funcionar con interferencias políticas”, advirtió el diputado Fabián Palo Oliver, denunciando la injerencia de un poder local –mencionó al senador Orfilio Marcón– a favor de Galaz​. Ante tales hallazgos, la Procuración General de la provincia llegó a frenar la homologación del acuerdo abreviado: el propio procurador Jorge Barraguirre intervino para revisarlo al considerar que hubo irregularidades, reconociendo el error y evitando convalidar la leve pena pactada​.

Ya reincorporado a mediados de 2024 (con la prohibición de atender nuevos casos de delitos sexuales​), Gerosa continuó bajo la mira. En marzo de 2024 sumó otra denuncia por supuestas irregularidades en otra causa de abuso, lo que llevó a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura a reabrir el proceso disciplinario en su contra​. Mientras tanto, el fiscal intentó defender su trayectoria señalando logros en otras áreas: por ejemplo, citó un caso de cazadores furtivos extranjeros donde logró una condena inédita en la región, recibiendo felicitaciones de la Dirección Provincial de Fauna y de la Asociación Argentina de Fiscales​. “Los fiscales cometen errores… pero no pueden decir que Gerosa sea deshonesto ni que haya favorecido a alguien”, alegó su abogada defensora, Cecilia Goyeneche, resaltando que en ese caso de caza ilegal “la pena lograda fue un ejemplo” según sus colegas​. Sin embargo, estos méritos puntuales no lograron eclipsar las graves acusaciones sobre su desempeño en materia de violencia de género y abuso sexual, ámbito en el que su labor sería finalmente calificada como deficiente.

Las acusaciones que llevaron a su destitución

La Legislatura provincial trató el caso Gerosa en una sesión conjunta de Diputados y Senadores convocada para el 20 de marzo de 2025​. Allí se presentó el dictamen unánime de la Comisión de Acuerdos recomendando la remoción del fiscal por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público​. Las falencias imputadas a Gerosa se centran en su actuación en causas de abusos sexuales contra niños, niñas y mujeres, en las cuales, según la acusación, el fiscal habría incurrido en una sistemática inacción, demoras injustificadas y un trato indebido a las víctimas. La diputada Rosana Bellatti (PS – Unidos para Cambiar Santa Fe), quien ofició como acusadora, afirmó tras la votación: “Tuve acceso a expedientes que mostraron una gestión marcada por la inacción y la revictimización de mujeres y niñas víctimas de abuso sexual”. Gerosa –sostuvo Bellatti– llegó a “garantizar la impunidad de agresores sexuales y homicidas” mediante su accionar negligente: “En más de diez causas analizadas, su accionar fue dilatando procesos o cerrando juicios abreviados con penas irrisorias, siempre desamparando a las víctimas”, enfatizó la legisladora en el recinto​. Uno de esos expedientes fue el ya mencionado caso Galaz, cuyo manejo despertó “conmoción” por las presiones ejercidas sobre la víctima y la indulgencia hacia el abusador. También se citaron otros ejemplos extremos: en un caso de doble abuso intrafamiliar, Gerosa ni siquiera llegó a formular la acusación, y la investigación solo avanzó cuando otro fiscal tomó la causa​.

Entre los motivos formales esgrimidos se listaron no solo la falta de diligencia y las demoras, sino también el presunto uso abusivo de la figura del juicio abreviado “siempre en beneficio del abusador” –como señaló Palo Oliver​– y hasta posibles conductas de tráfico de influencias. Este último punto alude a acusaciones de que Gerosa habría solicitado o aceptado favores a cambio de actuaciones judiciales en ciertos casos, así como tolerado presiones externas. “Estamos frente a un dispositivo de impunidad que trató de manera lacerante a las víctimas, que postergó audiencias, que solicitó favores a cambio de actuaciones, que cajoneó legajos, que desechó pruebas, que ofreció cobertura a los acusados… postergando la satisfacción de la justicia que exigían las víctimas” denunció Palo Oliver en duros términos durante el debate legislativo. En síntesis, se acusó al fiscal de incumplir su deber de promover la acción penal con seriedad y perspectiva de género, faltando a la debida diligencia que su función exigía.

La gravedad de estos cargos unificó las voluntades políticas en la Legislatura. La votación final, realizada pasada las 13:30 horas del jueves 20, no tuvo disidencias: 62 legisladores presentes votaron afirmativamente y ninguno se opuso ni abstuvo​. La resolución aprobada dispuso la destitución inmediata de Gerosa y la prohibición de ingreso a cualquier sede del MPA por 10 años​. Se trató de una medida excepcional –pocas veces la asamblea legislativa santafesina remueve a un funcionario judicial de esta manera–, lo que fue destacado por sus impulsores. “Es un día trascendente”, llegó a afirmar Palo Oliver en los días previos, anticipando que Gerosa “tenía las horas contadas” para su salida del cargo. En la sesión, algunos pocos parlamentarios optaron por ausentarse: entre ellos, el senador Orfilio Marcón y el propio Dionisio Scarpín (ahora senador nacional), quienes de algún modo habían estado vinculados a las causas investigadas​. Su ausencia no impidió el voto unánime del resto del cuerpo, que consideró probado el mal desempeño del fiscal reconquistense.

Reacciones: respaldo a las víctimas y defensa del acusado

El desplazamiento de Gerosa provocó inmediatas reacciones en los diversos ámbitos institucionales y sociales involucrados. Del lado de las víctimas y sus allegados, la decisión legislativa fue recibida con alivio e incluso con expresiones de victoria. “Gerosa ya no estará más”, celebró en redes la página de una agrupación local de mujeres, enfatizando que esto demuestra a las víctimas que “todavía importan”​. De hecho, familiares de víctimas de abuso venían reclamando su destitución desde tiempo atrás, acompañando las denuncias con testimonios públicos. “Venimos insistiendo en este caso desde el año pasado”, declaró el diputado Palo Oliver, recordando la presión social que se había ejercido para lograr justicia​. Organizaciones feministas y de derechos humanos señalaron que la remoción era “un paso importante hacia una justicia con perspectiva de género”, coincidiendo con Bellatti en que envía un mensaje aleccionador a los funcionarios judiciales​. “El sistema judicial debe estar a la altura de la sociedad y proteger a quienes más lo necesitan”, afirmó la diputada socialista, celebrando la destitución como “un mensaje claro” contra la impunidad en casos de violencia machista​.

En el ámbito político e institucional, autoridades provinciales también respaldaron la medida. La ministra de Gobierno, Celia Arena, anunció la decisión en sus redes subrayando la contundencia del caso: “Destituimos hoy por unanimidad al fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa. Durmió causas por abuso sexual, incurrió en omisiones intolerables… vulneró el derecho de las víctimas. Él también fue victimario. Su expulsión fue un acto de estricta Justicia”​. Las duras palabras de Arena –reflejando la posición del Poder Ejecutivo santafesino– remarcan que, a ojos del gobierno, el fiscal removido no solo falló en su rol sino que pasó a convertirse en cómplice de la violencia mediante su inacción. Por su parte, la conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) evitó pronunciamientos estridentes tras el fallo legislativo, pero internamente avaló el proceso: cabe recordar que la propia Auditoría General del MPA (a cargo de Leandro Mai) colaboró en documentar las irregularidades de Gerosa​, y que la Fiscalía General había dado prioridad a muchas de esas causas luego desatendidas​. Incluso antes de la votación, altos funcionarios del MPA habían reconocido problemas en Reconquista; la fiscal regional reemplazó a Gerosa de las investigaciones sensibles tras su suspensión en 2024, y el Fiscal General Jorge Baclini –según trascendidos– apoyó las medidas correctivas tomadas en el caso Galaz. En suma, la institucionalidad del MPA no defendió corporativamente al funcionario acusado, sino que permitió que avanzaran los mecanismos de control previstos en la ley para estos supuestos.

Del lado del destituido, en cambio, primó la indignación y el rechazo. Hasta el momento de esta publicación, Aldo Gerosa no ha realizado declaraciones públicas tras su remoción; sin embargo, en la audiencia de defensa ante la Comisión de Acuerdos y en entrevistas previas dejó clara su postura. El fiscal negó rotundamente haber incurrido en mal desempeño y atribuyó las acusaciones a “un pase de facturas” orquestado por personas con intereses contrariados por su labor​. “Hay grupos de poder del juego clandestino interesados en que no moleste”, afirmó días antes de la votación, sugiriendo que su lucha contra las mafias del norte provincial le granjeó enemigos internos y externos​. Gerosa señaló directamente a dos individuos detrás de su caída: un exfiscal condenado por connivencia con el juego ilegal –a quien él investigó años atrás– y un poderoso abogado de Reconquista, imputado por abuso sexual, que lo denunció luego de que Gerosa avanzara en su contra​. Según su relato, este abogado “de enorme poder económico” lo acusó falsamente como represalia, llegando a denunciar también a otros fiscales que continuaron el caso y hasta al Fiscal Regional por detenerlo a él y a su hijo​. En tal contexto, Gerosa sostiene que se montó una campaña para desprestigiarlo y sacarlo del medio. “Tienen que elegir entre la credibilidad de un corrupto condenado y un abusador… y la mía”, resumió, insistiendo en su inocencia​.

La defensa técnica de Gerosa, encabezada por la ex fiscal anticorrupción entrerriana Cecilia Goyeneche, también criticó con dureza el procedimiento. Goyeneche calificó el proceso en la Legislatura como “una suerte de juicio político con pocas posibilidades de defensa” para su cliente​. Denunció que la Comisión de Acuerdos amplió las acusaciones a último momento sin dar tiempo material a refutarlas, y que la sesión conjunta iba a votar “sin haber escuchado lo que dijo hoy Gerosa” en su descargo​. La abogada incluso presentó un recurso de amparo judicial para frenar la destitución, alegando violación al debido proceso, aunque ello no detuvo la votación prevista​. Tras la decisión, Goyeneche defendió la integridad de Gerosa: “Gerosa es un fiscal honesto… Podemos criticar si no se apuró en un caso u otorgó una pena condicional, pero no pueden decir que haya favorecido a alguien ni que destrató a las víctimas”. Según la defensora, las testimoniales en el sumario disciplinario –inclusive de psicólogas que trabajaban con las víctimas– desmintieron que Gerosa hubiese maltratado o desoído a las denunciantes​. En su visión, las decisiones cuestionadas (como pactar abreviados) respondieron más a las carencias estructurales del sistema que a mala fe: “Los fiscales necesitan de juicios abreviados porque el número de causas es tal que de otro modo es imposible trabajar”, explicó, señalando que alternativas como el juicio oral en todos los casos simplemente llevarían a la impunidad por prescripción​. Estas argumentaciones, no obstante, no lograron torcer la opinión unánime de los legisladores en contra de Gerosa.

Análisis jurídico: independencia fiscal y control legislativo en debate

El caso Gerosa abre un importante debate sobre la responsabilidad de los fiscales y los mecanismos institucionales para controlarla, sin menoscabar la independencia judicial. La provincia de Santa Fe, a diferencia de la Justicia nacional u otras provincias, confiere a su Poder Legislativo la facultad de juzgar el desempeño de fiscales y defensores públicos mediante la Comisión Bicameral de Acuerdos, en un proceso análogo a un jury de enjuiciamiento. Este diseño –establecido en la reforma judicial provincial de 2014– busca dotar de contrapesos democráticos al Ministerio Público, permitiendo remover a sus miembros por mal desempeño. En el caso de Gerosa, tanto la legalidad del proceso como su legitimidad social quedaron de manifiesto en la votación unánime y en el amplio respaldo a la sanción. “Su expulsión fue un acto de estricta Justicia”, afirmó la ministra Arena, resumiendo el sentir mayoritario de que la remoción era no solo procedente sino necesaria​.

Con todo, voces del ámbito jurídico invitan a un análisis crítico. La abogada Goyeneche –también profesora de Derecho– advirtió que se deben revisar las garantías en estos procesos disciplinarios: “Aun dejando de lado el debate sobre las facultades de la Legislatura para sancionar… hoy existe una especie de juicio político con escasas posibilidades de defensa”​, observó, subrayando que la celeridad del proceso Gerosa pudo haber comprometido su derecho a defensa. Otros juristas señalan el riesgo de que, si estos procedimientos no se conducen con equilibrio, pudieran politizar el control de los fiscales. ¿Cabe la posibilidad de que la destitución de un fiscal siente un precedente que intimide a otros o erosione la autonomía del Ministerio Público? En principio, la normativa santafesina prevé salvaguardas: las decisiones requieren mayorías especiales y una base probatoria sólida –como ocurrió en este caso, sustentado en expedientes y auditorías oficiales–. No se trató de una sanción por criterios políticos o ideológicos, sino por incumplimientos objetivos en casos gravísimos, lo que robustece su legitimidad. Para el ex juez de Cámara y académico Víctor M. Fleitas, la actuación estatal aquí se encuadra en el principio de tutela judicial efectiva: “El Estado tiene la obligación de garantizar a las víctimas una investigación seria y eficaz; si un funcionario obstaculiza ese deber, su separación es consecuencia lógica y jurídica”, sostuvo en un debate radial posterior (según reprodujeron medios locales).

Desde la doctrina, abundan fundamentos que explican medidas como la adoptada. El principio de debida diligencia impone a los fiscales llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y completas para esclarecer los hechos objetivamente​. Cuando un fiscal incumple ese deber básico, se resiente la eficacia del sistema de justicia y se vulneran derechos fundamentales. La jurista internacional Cecilia Sepúlveda señala que “la falta de rigor investigativo desemboca en impunidad y prolonga el sufrimiento de las víctimas, lo cual erosiona la confianza en la Justicia” (Las penas y las víctimas, Ed. Contexto, 2019). En sintonía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado en casos de violencia de género que los Estados (y sus agentes, como los fiscales) deben actuar con máxima seriedad para evitar la revictimización y garantizar justicia pronta –de lo contrario, incurren en responsabilidad internacional por denegación de justicia. La situación expuesta en Reconquista ejemplificaría el quebrantamiento de esos estándares: “La falta de impulso procesal propició la impunidad, prolongando el sufrimiento de las víctimas”, tal como señaló Bellatti en el recinto. En definitiva, el consenso de especialistas es que la independencia judicial no puede ser sinónimo de impunidad o negligencia: debe haber controles que aseguren que los fiscales cumplan su rol de garantes de la legalidad.

Implicancias y perspectivas tras el caso Gerosa

Consumada la destitución de Aldo Gerosa, las miradas se posan ahora en sus implicancias a futuro. Por un lado, la decisión ha sido interpretada como una reivindicación para las víctimas de delitos sexuales en la región. “Hoy dimos un paso importante hacia una justicia más justa y con perspectiva de género”, declaró la diputada Bellatti, confiando en que este precedente alentará a otros fiscales a actuar con mayor compromiso​. Desde organizaciones sociales de Reconquista señalan que durante años las denunciantes de abuso “sentían que sus casos no avanzaban o eran minimizados”; la remoción del fiscal al que identificaban como responsable de ese letargo supone, para ellas, una señal de esperanza de que sus reclamos serán atendidos debidamente en adelante. De hecho, ya se exige la pronta designación de un nuevo fiscal o fiscala para la Unidad de Violencia de Género de Reconquista que retome las causas dormidas y las impulse con celeridad y empatía hacia las víctimas.

Por otro lado, el caso genera un efecto aleccionador puertas adentro del Ministerio Público. “Es un mensaje contundente para la Justicia” –en palabras de Bellatti–: a partir de ahora, los fiscales saben que un desempeño por debajo de los estándares puede conllevar consecuencias severas​. En términos institucionales, ello podría fortalecer la idea de accountability (rendición de cuentas) en el Poder Judicial provincial. No obstante, algunos advierten que deberá actuarse con prudencia para que este precedente no derive en un “uso político” de la potestad sancionatoria. Los fiscales, si bien deben responder por sus actos, gozan de garantía de inamovilidad para preservar su independencia. Encontrar el justo medio entre independencia y control será clave: este caso muestra que existen herramientas para remover a quienes incumplen gravemente sus deberes, pero dichas herramientas deben aplicarse solo en situaciones excepcionales y con el debido sustento probatorio, como sucedió con Gerosa.

En la prensa regional, el desenlace se cubrió extensamente, dada la notoriedad que el tema adquirió en el norte santafesino. Medios locales como ReconquistaSF siguieron de cerca las alternativas del proceso, recopilando las voces de víctimas y familiares que impulsaban la denuncia. En tanto, la noticia también tuvo eco en medios nacionales: el diario Página/12 tituló “Una destitución para poder reconquistar la justicia”, jugando con el nombre de la ciudad y subrayando el valor simbólico de la medida​. La comparación de enfoques revela que, mientras la prensa local enfatizó los detalles crudos de las causas y el clamor ciudadano, la cobertura nacional puso el acento en las implicancias político-institucionales y en el mensaje de fondo contra la impunidad. Ambos niveles coinciden, sin embargo, en retratar el caso Gerosa como parteaguas para la Justicia santafesina.

Al final del día, la destitución de Aldo Gerosa deja varias lecciones. La primera es que los fiscales, como actores fundamentales del proceso penal, deben estar a la altura de la confianza pública depositada en ellos. “El fiscal es el acusador público de la sociedad, encargado de hacer valer la pretensión penal”, explica un manual de Derecho Procesal​, y de su diligencia depende en gran medida que las víctimas obtengan justicia. Cuando ese rol se desvirtúa –ya sea por negligencia, desidia o presiones externas–, todo el sistema sufre: “La falta de objetividad puede derivar en la impunidad de culpables por falta de rigor en la investigación”, advierten los especialistas​. La segunda lección es que deben existir canales efectivos para corregir esas fallas sin demoler la institucionalidad. En Santa Fe, esos canales funcionaron a través de un proceso previsto en la Constitución provincial, activado por legisladores de distintos bloques y nutrido de pruebas concretas. Aunque será debatible si el mecanismo podría mejorarse –por ejemplo, otorgando mayor participación a instancias técnicas o garantizando más equilibrio en la defensa–, el resultado puntual ha sido ponderado como legítimo y necesario por la gran mayoría.

Finalmente, quedan pendientes las consecuencias prácticas: ¿se reabrirán investigaciones cerradas precipitadamente?, ¿se revisarán condenas consideradas “irrisorias”?, ¿se avanzará contra otros posibles responsables de las falencias (como superiores jerárquicos que no supervisaron a tiempo)? De hecho, ya se anticipa que podría investigarse también el accionar del fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, por la eventual falta de control sobre Gerosa​. El propio Palo Oliver anunció que pedirá extender la investigación a Martínez y a cualquier otro funcionario que haya fallado en proteger a las víctimas. Es decir, el caso Gerosa podría no ser el capítulo final, sino el comienzo de una revisión más amplia en pos de una Justicia santafesina más eficiente y con rostro humano. Por lo pronto, la comunidad de Reconquista observa con atención los próximos pasos, con la expectativa de que este episodio marque un antes y un después: “Solo con una actuación fiscal diligente se puede garantizar el derecho de las víctimas a la justicia… contribuyendo así a la eficacia y legitimidad del sistema de justicia penal”, reza un análisis doctrinario reciente​. Esa aspiración –que los fiscales cumplan su papel con celo y empatía, y que quienes no lo hagan rindan cuentas– es, en definitiva, la principal enseñanza e implicancia que deja la destitución histórica del fiscal Gerosa.

Aldo Gerosa, ya exfiscal de Reconquista, durante su defensa ante la Legislatura provincial. Fue separado del cargo por unanimidad de diputados y senadores santafesinos​, tras un proceso que analizó más de diez causas de abuso manejadas irregularmente.