Ley Micaela: El gobierno provincial cesanteó al personal que realizaba las capacitaciones

Denuncian que el gobierno de Pullaro desguazó programas clave en el ex Ministerio de Igualdad y Género, degradado en secretaría, que se dedican a prevenir violencias. En qué consisten y cuál es la pelea del gremio.

El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto en las últimas horas el pase a planta de casi 160 personas que su predecesor Omar Perotti había dispuesto antes de dejar la Casa Gris. Los empleados cubrían tareas en el Ministerio de Educación y en el ex Ministerio de Igualdad y Género, devenido en Secretaría. La decisión provocó malestar e indignación entre los trabajadores, que estaban abocados mayoritariamente en la línea de acción Ley Micaela en Territorio y al programa Masculinidades por la Igualdad.

Este jueves, un grupo de ellos irrumpió mientras el mandatario provincial y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunciaban en conferencia de prensa una serie de intervenciones barriales y exigió su continuidad laboral. Reclaman el cumplimiento del acuerdo paritario y la reincorporación de quienes fueron desafectados.

Florencia Rodríguez trabaja en la implementación de la Ley Micaela desde el año 2020. En diálogo con La Capital mencionó que lo hacía a través de “contratos precarizados” pero que había una conexión con la provincia y se estaba en permanente alianza con las compañeras de planta permanente. El expediente para concretar su ingreso a la masa de trabajadores estatales ingresó en mayo y finalmente fue aprobado el pasado 6 de diciembre, enmarcado en los acuerdos paritarios y presupuestarios.

La mujer asegura que están muy afectados porque están por perder sus puestos de trabajo. “Un trabajo al cual apostamos desde hace cuatro años. Un trabajo en el cual confiamos y elegimos, más allá del ingreso económico. Porque apostamos a políticas públicas que tengan que ver con la inclusión, con generar sociedades más justas e igualitarias”, señaló.

En ese sentido, Florencia aseguró que este recorte implica un desguace del Estado y que le provoca angustia desde lo personal y también desde lo social. “Esto es un retroceso inmenso en materia de derechos para mujeres, diversidades, disidencias sexuales, que no podemos permitir ni como trabajadores ni como sociedad. Así como achicaron nuestro Ministerio, están achicando los recursos, los trabajadores y va a ser muy difícil volver a reconstruir todo el trabajo que se hizo este tiempo”, analizó.

Aun así, advirtió que no van a bajar los brazos y seguirán sosteniendo la lucha porque consideran que “se está manejando un nivel de impunidad y violencia laboral que no podemos permitir”. “Nos queda resistir. Estamos acompañadas por el gremio, estamos unidos como trabajadores y no vamos a soltar la lucha. Estamos convencidos de que esto tiene que salir porque es nuestro derecho laboral y vamos a tener como bandera la frase que siempre dijo “La Negra” Micaela: ¡Hasta que todo sea como lo soñamos!”, subrayó.

Diego Rivera coincide con su compañera Florencia. La situación no sólo los preocupa sino que les genera demasiada incertidumbre. Desde el ingreso del expediente que esperan el pase a planta y aún continuan sin poder definir su futuro laboral. En el medio sufren los aumentos en los precios de los alimentos, los contratos de alquiler y la pérdida de poder adquisitivo, al igual que el resto de los argentinos.

El joven es referente del programa Masculinidades por la Igualdad, que lleva adelante desde su creación una serie de líneas de acción para trabajar con los varones la importancia de la perspectiva de género. Además de las llamadas rondas de varones, que funcionan como espacios de encuentro y reflexión, y la formación de multiplicadores del programa, para que el contenido llegue más lejos, uno de los puntos fuertes fue la creación e implementación de espacios de atención a hombres que ejercieron violencia de género. Actualmente funcionan en Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez.

El ex Ministerio no contaba ni cuenta con personal de planta permanente para llevar adelante estas tareas, fundamentalmente en el programa de Masculinidades, que fue creado en 2022, por lo cual aseguran que diluir estos equipos implica prescindir de estas líneas de trabajo orientadas a la prevención, promoción y formación en los territorios.

El desguace de dos de los equipos y programas más importantes de una Secretaría, que ya fue desjerarquizada, no es vista con buenos ojos no sólo por los trabajadores perjudicados sino también por las organizaciones de mujeres y los feminismos.

“Simbólicamente es un mensaje fuerte y preocupante, en la línea con lo que viene haciendo y diciendo también el gobierno nacional. Por un lado el ajuste y el achique del Estado y por el otro empezar a cortar por este tipo de políticas que para ellos no tienen tanta importancia y para nosotros son tan fundamentales, más en este contexto donde se reproduce la violencia y la deshumanización”, argumentó Rivera.

Por último, sostuvo en contacto con este diario: “Sentimos que hay un desmantelamiento de estas políticas públicas y dejan en muy malas condiciones todo el despliegue que pueda llegar a tener la Secretaría de Género. Tanto Micaela Territorios como Masculinidades tenían un importante despliegue a nivel territorial, que apuntaba a la jerarquización e institucionalización de las políticas de género”.

Ley Micaela y programa Masculinidades: dos iniciativas clave

El femicidio de Micaela García, en abril de 2017, puso en evidencia la falta de formación en perspectiva de género por parte de los agentes del Estado. Formación que no sólo logra hacer más efectivas sus intervenciones, sino que incluso puede salvar vidas. La ley que lleva su nombre establece la capacitación obligatoria, permanente y transversal en perspectiva de género para la función pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Además, hay muchas universidades nacionales. organizaciones, empresas y otros espacios que tomaron nota y también dispusieron espacios de formación sobre el tema. En Santa Fe, “Micaela en Territorios” abrió el juego y convocó a diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil para compartir interrogantes y estrategias. Entre ellas clubes y asociaciones deportivas, Colegios Profesionales, Federaciones de Cooperativas y Mutuales, sindicatos y el sector privado.

En tanto, Masculinidades por la Igualdad tiene por objetivo general involucrar a los varones en estrategias de prevención y erradicación de las violencias por razones de género, a través de propuestas de sensibilización, capacitación y formación.

Esta política pública, implementada a través de diversas líneas de acción, parte del reconocimiento de los varones como sujetos de género, atravesados por los estereotipos y mandatos de masculinidad que condicionan sus construcciones y expresiones identitarias, así como sus relaciones interpersonales. De ello se desprende la necesidad de diseñar estrategias de involucramiento de los varones en la promoción de una sociedad libre de desigualdades y violencias en razón de género, a través de la construcción de masculinidades más libres, diversas, justas y saludables.

La pelea del gremio

Marcos Morao, integrante del Consejo Directivo de ATE, explicó a este medio que el gremio estuvo de acuerdo en que el Ejecutivo revisara los pases a planta permanente para evaluar si hubo algunas irregularidades, pero que este último decreto va en otra línea. Por lo pronto, presentaron un recurso de amparo y están a la espera de una respuesta, que creen que será favorable y pondrá en suspenso el decreto de Pullaro.

“Tenemos todos los argumentos. El pase a planta de los compañeros de Género está completamente dentro de los marcos legales, ya que la paritaria es una instancia legal”, indicó. Además, se están pensando una serie de medidas de fuerza. Mientras tanto, están en asamblea permanente y definiendo los próximos pasos.

El dirigente gremial argumentó que, si bien el decreto es del 6 de diciembre, estas personas venían prestando servicios en la órbita provincial desde hacía varias años. “No hay duda de que está gente trabajaba acá y que el empleador era el gobierno provincial”, subrayó. Además, precisó que la fecha del decreto “es el último paso de años de lucha” y que estas personas “prestan servicios en un área terriblemente sensible y necesaria”.

“No se entiende el criterio y creemos que a nivel provincial no están dando los debates gremiales con los sindicatos como deberían darlos y se manejan por decreto de una forma absolutamente autoritaria”, disparó Morao.

La Capital