Los exdirectivos de Vicentin llevaron su reclamo a la Corte Suprema de la Nación

En un nuevo capítulo de la extensa saga judicial de Vicentin S.A.I.C., los exdirectivos de la empresa presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), solicitando que el máximo tribunal intervenga en el conflicto concursal que amenaza con llevar a la histórica agroexportadora a la quiebra.

La presentación, realizada por los abogados Gabriel H. Fissore, Pablo A. Buey Fernández y Javier Alegría, con el patrocinio de los destacados letrados Ricardo Gil Lavedra, Maximiliano Toricelli y Leonardo Lucas, busca revertir la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que anuló la homologación del acuerdo preventivo alcanzado en el concurso de acreedores.

Los representantes de Vicentin argumentan que se encuentran plenamente legitimados para actuar a pesar de la reciente intervención judicial que desplazó a las autoridades societarias, y advirtieron que la situación judicial actual no solo afecta a la empresa, sino que también pone en riesgo a toda la comunidad productiva de Santa Fe y del país.

Los puntos centrales del reclamo

El escrito de apenas 11 páginas presentado ante la CSJN sostiene que la Corte santafesina cometió “arbitrariedades manifiestas” que vulneran el debido proceso y la defensa en juicio, entre ellas:

• Prejuzgamiento: Los exdirectivos denuncian que dos ministros de la Corte Provincial, Gutiérrez y Erbetta, prejuzgaron el caso al emitir opiniones anticipadas durante el tratamiento de un pedido de avocamiento solicitado por el acreedor Commodities S.A., que había planteado supuestas irregularidades en el concurso.

• Interpretación errónea del principio de igualdad entre acreedores: Según los abogados, la propuesta de pago aprobada por más del 60% de los acreedores, representando el 72% del capital, no vulneraba el principio de igualdad porque ofrecía las mismas condiciones a todos los acreedores.

• Falsa acusación de propuesta abusiva: La Corte Provincial consideró que convertir deudas en pesos a dólares sin otorgar intereses perjudicaba a algunos acreedores, una conclusión que, según Vicentin, carece de sustento legal.

• Arbitrariedad en el cuestionamiento de la Cámara de Apelaciones: Critican que la Corte Provincial anuló la homologación basándose en una supuesta falta de fundamentación de la sentencia de la Cámara, lo que sería incorrecto porque, afirman, la Cámara realizó un análisis detallado.

• Gravedad institucional: El recurso destaca que la caída de Vicentin tendría un enorme impacto económico y social, afectando trabajadores, proveedores, clientes y el tejido productivo de toda la región.

El pedido a la Corte Suprema de la Nación

Los exdirectivos solicitan a la CSJN que:

1. Admita el recurso de queja, considerando que la sentencia de la Corte Provincial debe ser equiparada a definitiva debido a que genera un gravamen irreparable.

2. Suspenda la ejecución de la sentencia de la Corte santafesina mientras se resuelve el planteo federal, para evitar mayores daños a la empresa y su entorno.

3. Revoque la resolución provincial, confirme la homologación del acuerdo preventivo, y ordene la continuación del proceso concursal en los términos aprobados por la mayoría de los acreedores.

Un conflicto que trasciende la empresa

El escrito también describe cómo la crisis judicial ya comenzó a impactar en la operatividad de Vicentin. La empresa sufrió cortes de servicios esenciales, como el de electricidad, situación que obligó a medidas judiciales de urgencia para evitar desastres industriales. Incluso se menciona que los problemas derivados de la falta de homologación paralizaron la actividad comercial de la empresa, agravando la crisis económica en Reconquista, Ricardone y San Lorenzo, donde operan sus principales plantas.

“La gravedad institucional es patente”, afirman los abogados. “El accionar judicial no solo afecta los derechos de Vicentin sino también la estabilidad de toda una comunidad que depende de la actividad de la concursada”.

El trasfondo del caso

El conflicto se originó en 2020, cuando Vicentin pidió su concurso preventivo tras declararse en cesación de pagos. Pese a lograr las mayorías necesarias para homologar su propuesta de pago a acreedores, la empresa enfrentó múltiples obstáculos judiciales, incluyendo la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe, que en febrero de 2025 anuló la homologación obtenida.

Desde entonces, la concursada lucha por revertir esta situación en un proceso que cada vez más se convierte en un caso testigo sobre la inseguridad jurídica, la intervención de los poderes del Estado en los procesos económicos, y la crisis del sistema concursal argentino.

Ahora, todo está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá decidir si acepta o no intervenir en este complejo y emblemático caso.