Los “ñoquis” de Vicentin

En un duro informe presentado ante el juez Fabián Lorenzini, los interventores advirtieron sobre una estructura de personal inflada, donde muchos empleados —algunos accionistas y otros familiares de ex directivos— cobran sueldos sin prestar servicio alguno. La auditoría continúa y podrían avanzar con suspensiones y desvinculaciones.

Los interventores de Vicentin S.A.I.C. presentaron un nuevo escrito ante el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, en el que denuncian la existencia de trabajadores registrados que cobran salarios sin cumplir funciones reales dentro de la compañía. Lo más alarmante: una parte significativa de estos empleados son accionistas o familiares de los ex directivos de la firma, lo que agrava la situación y revela prácticas que exceden el plano laboral.

“Se han detectado situaciones –dentro y fuera de convenio– en las que no existe la prestación del débito laboral, a pesar de que se sigue percibiendo el salario”, señala el informe elevado al magistrado.

Los interventores no solo identificaron casos de “ñoquis” clásicos, es decir, empleados que no trabajan pero cobran, sino también trabajadores que figuran en nómina de Vicentin mientras prestan servicios en otras empresas del mismo grupo o vinculadas, duplicando así su inserción en el circuito económico sin justificación laboral aparente.

El documento judicial enfatiza que este tipo de estructuras “impacta en la caja de la compañía”, generando un daño económico directo a una firma que actualmente atraviesa un proceso concursal y que acumula millonarias deudas con bancos, proveedores, el fisco y hasta con CAMMESA, el organismo encargado del mercado eléctrico.

Lo más preocupante es que, según los interventores, “mucho del personal en cuestión es accionista de Vicentin, o familiar de accionistas y/o de ex directivos”, lo que no solo torna la situación más grave desde lo ético y financiero, sino que abre la puerta a la existencia de mecanismos organizados de desvío de fondos y maniobras que podrían configurar responsabilidades penales o civiles.

Aunque el detalle de cada caso se encuentra bajo análisis y auditoría, los interventores anticiparon que en los próximos informes se presentarán acciones concretas que podrían incluir suspensiones, desvinculaciones y reclamos de recupero patrimonial, en línea con la legislación vigente y en el marco del control de activos que llevan adelante.

Este nuevo hallazgo se suma a la larga lista de irregularidades detectadas desde el inicio del concurso de la agroexportadora, cuya caída dejó un tendal de perjuicios en productores, acreedores y el sistema financiero nacional e internacional. La firma aún se encuentra en el centro de una fuerte disputa judicial, tanto en el fuero civil como en el penal, donde varios ex directivos están imputados por estafa, fraude y vaciamiento.

Un paso más hacia la verdad

Con cada informe judicial, los interventores avanzan en desentrañar el entramado societario que llevó a una de las empresas más importantes del país a una de las crisis económicas y reputacionales más graves de su historia. Este nuevo capítulo deja al descubierto una cultura organizacional basada en el nepotismo, la falta de control y el uso indebido de los recursos de la firma.

El próximo paso será conocer las medidas concretas que adopte el equipo interventor en relación con este personal sospechado de ser parte del esquema irregular. Mientras tanto, el juez Lorenzini deberá decidir si avala las futuras decisiones de desvinculación o si convoca nuevas instancias para dilucidar responsabilidades internas.