El fiscal regional de Reconquista habló en La Grieta sobre la investigación disciplinaria contra el exministro de Seguridad, Marcelo Sain.
Rubén Martínez, quien fue designado como auditor por la Fiscalía General, contó detalles sobre el proceso disciplinario por el que se que investiga a Marcelo Sain, exministro de Seguridad y actual director provincial del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. La resolución fue elevada a la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura.
“Básicamente lo que hizo el fiscal general fue apartar a la auditora que se había declarado incompetente, y designar un auditor ad hoc y me toco a mí, porque el único que quedaba”, explicó. “Cuando se abre el proceso disciplinario consta de dos partes: una investigación preliminar que es la que terminó ayer con una resolución de admisibilidad, donde se dice que hay evidencias suficientes para considerar que hay faltas graves cometidas por la persona que está siendo investigada, o bien, podía terminar con el archivo si era que estas evidencias no existían”.
“A partir de ahora se abren dos caminos: uno es la vía de la Legislatura a través de la Comisión de Acuerdos. En la última ley, la 14016, que en su momento el gobernador vetó y que la Legislatura insistió, incorporaron al Organismo de Investigaciones y al director del Organismo de Investigaciones, como así otros funcionarios del MPA, al régimen disciplinario establecido por ley, de tal manera que el auditor debe notificar a la Comisión de Acuerdos el litigio, y además, la resolución de admisibilidad; es lo que hice ayer”. “Ahora, la Legislatura tiene que considerar el abocamiento, es decir, tomar para si la investigación, y en ese caso, yo terminaría mi función y la Legislatura continúa el proceso disciplinario”, detalló Rubén Martínez.
El fiscal regional aclaró, que si bien se abrió una investigación en contra del exministro de Seguridad, Sain ya volvió a sus funciones en el Organismo de Investigaciones: “Desde el primero de abril está ejerciendo funciones como director del Organismo de Investigaciones, que es otro organismo de apoyo del Ministerio Público de la Acusación, porque el ganó el cargo por concurso, luego pidió licencia para ser ministro de Seguridad, cuando se fue como ministro de Seguridad pidió volver al Organismo, es decir, el cese de la licencia, y el fiscal general admitió la licencia por lo cual él está en funciones”, especificó Martínez.
“Esto significa que la apertura del proceso disciplinario se hace o a través del abocamiento de la Legislatura o a través de la participación mía como auditor en el proceso disciplinario (…) ahora se abre el proceso donde si la Legislatura no se aboca, hay que correr el traslado, tiene derecho a defenderse, como cualquier tipo de proceso, y luego termina en un tribunal de disciplina integrado por un legislador del Senado, un legislador de Diputados, un fiscal regional y el fiscal general como integrante del tribunal sin derecho a voto, y el auditor, en este caso yo, participo como miembro acusador”, precisó. “Estos dos caminos están abiertos si la Legislatura se aboca tomarán las decisiones que correspondan (tiene 30 días para decidir el abocamiento) y si no se aboca vuelvo a inscribir el trámite”.
“Cuando hay un proceso disciplinario se trata de que transite dentro de la normalidad y la transparencia que es necesaria en este tipo de casos. Por lo tanto, normalmente el proceso disciplinario va acompañado de un pedido de suspensión preventiva. Es muy difícil hacer un proceso disciplinario con la persona que está en funciones, entonces, solicité que si la Legislatura se aboca, se proceda a una suspensión preventiva, es decir, que lo suspendan en el ejercicio de sus funciones mientras dure el procedimiento”, aseguró el fiscal. “Si esa suspensión preventiva no proviene de la Legislatura porque no se aboca, la puede hacer el fiscal general como autoridad máxima del MPA, justamente por las mismas razones de otorgar la máxima transparencia a esto”, manifestó.
Entre las faltas graves que aseguran haber encontrado, el fiscal Martínez enumeró las siguientes: “Se trata de una conducta sistemática mantenida por el señor Sain antes de ser ministro, mientras fue ministro y luego de ser ministro, que demuestran una intencionalidad clara de no respetar las incompatibilidades; no respetar las autoridades superiores; no respetar el espíritu de la ley del sistema acusatorio”, entre otros.
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