Megaoperativo en el caso Vicentin: allanamientos históricos a la cúpula de la agroexportadora

Por Leonardo Rolón

Un operativo judicial sin precedentes en la causa Vicentin.

En horas de la mañana, la Gendarmería Nacional desplegó más de 20 allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a los directivos de la empresa agroexportadora Vicentin, en lo que fiscales y medios calificaron como un megaoperativo histórico por su magnitud​. Los procedimientos se realizaron en distintas localidades de Santa Fe y Buenos Aires, incluyendo las ciudades santafesinas de Rosario, Funes, Reconquista y Avellaneda, así como en Adrogué y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires​.

Según informó la Fiscalía, el operativo fue ordenado por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, en el marco de la investigación penal iniciada en 2020 por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta relacionados con Vicentin​.

El amplio despliegue policial incluyó al menos 20 allanamientos simultáneos, cifra poco habitual para una causa de delitos económicos en la historia judicial argentina reciente​. Fuentes del caso detallaron que se efectuaron cuatro allanamientos en Rosario, nueve en Avellaneda, tres en Reconquista, uno en la provincia de Buenos Aires y tres en la Capital Federal​. Varios de estos objetivos fueron propiedades de miembros de la familia Vicentin, fundadora de la compañía, lo que demuestra el alcance directo de la pesquisa sobre el núcleo accionista de la firma​. De hecho, uno de los procedimientos tuvo lugar en el exclusivo barrio cerrado Funes Hills Cadaqués (en Funes, cerca de Rosario), donde se allanó la residencia de Pedro Vicentin, integrante de la familia y directivo del grupo empresario​.

En el transcurso del operativo, dos ex altos directivos de Vicentin fueron detenidos por orden judicial: se trata de Daniel Buyatti, ex presidente de la compañía, y Roberto Gazze, ex gerente financiero, ambos miembros de las familias accionistas de la firma. Las detenciones se concretaron al descubrirse que estos ejecutivos, pese a haber dejado formalmente sus cargos en el directorio tras el colapso de la empresa, continuaban orquestando maniobras irregulares con los fondos de Vicentin desde las sombras​.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación indicaron que en total se habían librado órdenes de detención para cuatro personas vinculadas al caso​, incluyendo a directivos del círculo íntimo de la familia fundadora, por lo que no se descartan más arrestos en los próximos días. Los dos detenidos, identificados inicialmente por sus iniciales R.G. (Roberto Gazze) y D.B. (Daniel Buyatti), serán imputados en audiencia la semana próxima, donde la Fiscalía adelantó que solicitará medidas cautelares en su contra.

Los allanamientos –llevados a cabo por equipos de Gendarmería Nacional– se extendieron durante varias horas dada la profusión de evidencia a recolectar​. Los efectivos ingresaron en viviendas particulares de ex directivos, en oficinas comerciales e incluso en instalaciones empresarias ligadas al grupo, con el objetivo de secuestrar documentación contable, computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos de interés para la causa​.

Según trascendió, la sede central del Grupo Vicentin, ubicada en Avellaneda, también fue objeto de requisa, continuando la línea de allanamientos masivos que ya se había visto en operativos previos de esta investigación.

La Fiscalía investiga si los exdirectivos cometieron una defraudación millonaria mediante el vaciamiento fraudulento de la empresa, hipótesis que se sustenta en el enorme pasivo dejado tras el default y en una serie de maniobras sospechosas detectadas en la administración de Vicentin​.

La dimensión del procedimiento llevó a calificarlo como uno de los más grandes operativos judiciales económicos de los últimos tiempos en Argentina, equiparándolo por su complejidad a causas penales históricas. “Se trata de un verdadero megaoperativo”, apuntó la prensa regional, subrayando la coordinación simultánea de decenas de agentes en múltiples ciudades​.

Autoridades judiciales de Santa Fe resaltaron que pocas veces se dispuso una redada tan extensa en el marco de una investigación por delitos económicos. Este operativo marca así un hito dentro de la causa Vicentin, coronando tres años de pesquisas con una acción contundente que busca recabar las pruebas finales para llevar a los imputados a juicio​.

Del default de 2019 al juicio: cronología de la caída de Vicentin

El espectacular operativo del 21 de marzo es la consecuencia más reciente de un largo derrotero judicial, financiero y político que comenzó a finales de 2019. La crisis de Vicentin se desató públicamente el 4 de diciembre de 2019, cuando la compañía –hasta entonces una de las líderes del sector agroindustrial argentino– incurrió en cesación de pagos, aduciendo “estrés financiero” para no afrontar sus deudas​. En ese momento, Vicentin dejó impagos a cientos de proveedores de granos, cooperativas, bancos y al propio fisco, acumulando un pasivo estimado en más de US$ 1.300 millones​. De ese total, su principal acreedor individual resultó ser el Banco de la Nación Argentina (BNA), banco público que le había otorgado créditos abundantes en la gestión del expresidente Mauricio Macri: la deuda con el Nación rondaba los $18.500 millones de pesos (aprox. USD 300 millones en 2019) al momento del default.

Esta cesación de pagos abrupta –una de las mayores deudas privadas de la historia argentina– sacudió la cadena agroexportadora y generó un efecto dominó en la economía regional del norte santafesino, dada la importancia de Vicentin en la zona.

En los meses siguientes, Vicentin intentó sin éxito encontrar una salida negociada. A mediados de enero de 2020 presentó un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) ofreciendo a sus acreedores una propuesta de pago: abonar un 20% inicial de las deudas (con un piso de US$ 30.000 por acreedor), pesificar el resto al tipo de cambio de diciembre de 2019 y pagar el saldo en un plazo de hasta 8 años, solicitando además a los productores continuar entregando granos para reactivar sus plantas​. Sin embargo, esta oferta no logró la adhesión suficiente de los acreedores y fracasó​. Paralelamente, el 10 de febrero de 2020 la firma se acogió formalmente al concurso preventivo de acreedores, presentando ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista una declaración de deudas por $99.345 millones de pesos, con 2.638 acreedores implicados​.

De ese colosal pasivo, cerca de dos tercios correspondían a financiamiento bancario (local e internacional) por unos $63.960 millones​, además de deudas comerciales con productores agropecuarios, cooperativas, corredores de granos y obligaciones fiscales impagas. Era el comienzo de un complejo proceso judicial comercial, cuyo devenir se extendería por años.

En paralelo a la crisis financiera, se activaron investigaciones penales para dilucidar posibles fraudes vinculados a la caída de Vicentin. Ya en enero de 2020, una denuncia presentada por directivos de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático apuntó a la posible irregularidad en los créditos del Banco Nación otorgados a Vicentin durante 2019, generando una causa en la justicia federal de Buenos Aires sobre presunta defraudación contra el Estado en connivencia con funcionarios bancarios​.

A su vez, en marzo de 2020 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formuló una denuncia por maniobras fiscales fraudulentas de Vicentin. Esa investigación recayó en la Justicia Federal de Reconquista, la cual avanzó sobre un esquema de evasión impositiva mediante facturas truchas: en 2021, el juez federal Aldo Alurralde procesó a 14 ex directivos de Vicentin (y a la propia empresa) por estafa al Estado a través de reintegros fraudulentos de IVA, estimándose un perjuicio fiscal de $143 millones entre 2016 y 2019. En dicha causa, el magistrado ordenó embargos e inhibiciones generales de bienes contra los imputados –incluidos integrantes de la familia Vicentin y altos gerentes– por hasta $100 millones cada uno​.

Las pericias revelaron situaciones insólitas, como la existencia de 54 proveedores “fantasma” usados para emitir comprobantes apócrifos, algunos domiciliados en una escuela rural, en una vivienda sin actividad comercial e incluso ¡en coordenadas del Océano Pacífico!​ También se detectaron camiones en desuso declarados para transportar granos y movimientos bancarios inconsistentes con la facturación, un andamiaje delictivo que evidenció un entramado de evasión montado dentro de la empresa.

Mientras el concurso de acreedores avanzaba lentamente –ralentizado aún más por la pandemia de COVID-19 declarada en marzo de 2020– la situación de Vicentin se agravaba. Sus operaciones industriales quedaron prácticamente paralizadas tras el default: de sus numerosas plantas, solo una volvió a trabajar mínimamente a fasón (maquila) durante 2020​.

Empresas vinculadas al grupo también comenzaron a resentirse; por ejemplo, Algodonera Avellaneda, una textil del holding, suspendió a la mayoría de sus 1.000 empleados y en mayo de 2020 sus trabajadores denunciaban que solo habían cobrado el 35% de sus salarios​. El panorama desolador encendió alarmas en el nuevo gobierno nacional de Alberto Fernández, que decidió intervenir.

El 8 de junio de 2020, el presidente Fernández anunció la intervención estatal de Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto de ley para su expropiación. El Gobierno argumentó razones de utilidad pública para “rescatar” a la cerealera –que estaba en concurso preventivo por unos US$ 1.350 millones​– y proteger así a los acreedores, especialmente al Banco Nación, principal damnificado. Sin embargo, el anuncio desencadenó una reacción política y social furibunda. La sola mención de la palabra “expropiación” reavivó la histórica grieta argentina: sectores de la oposición y parte de la ciudadanía interpretaron la medida como un avance desmedido del Estado sobre la propiedad privada, mientras otros la apoyaron como vía para investigar posibles fraudes empresariales​.

En los días siguientes se registraron protestas masivas en todo el país. La noche del 10 de junio de 2020, miles de personas realizaron un cacerolazo en distintos barrios de Buenos Aires y ciudades del interior, expresando su rechazo a la intervención de Vicentin​. En Avellaneda (Santa Fe) –cuna de la empresa– se vivieron las manifestaciones más emotivas: la comunidad local se volcó a las calles con banderas argentinas y carteles de “Todos somos Vicentin”, rodeando la sede central de la firma en un multitudinario “banderazo”​.

Dos semanas más tarde, el 20 de junio de 2020, la protesta alcanzó su pico con concentraciones en numerosas ciudades y una gran caravana al Obelisco porteño: miles de personas se manifestaron simultáneamente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y otras provincias, dando muestras de la profunda polarización que el caso había suscitado​.

La presión social y política hizo mella; a inicios de julio, el Gobierno suspendió los planes de expropiación y se abrió a buscar una solución negociada con participación de terceros (como YPF Agro y cooperativas), lo que finalmente tampoco prosperó. Vicentin quedó así en tierra de nadie, administrada por sus directivos originales pero bajo la mirada de interventores designados judicialmente, mientras continuaba el proceso concursal en Reconquista.

Con el paso de 2021 y 2022, la empresa –ya reducida en actividad– propuso un acuerdo concursal a sus acreedores quirografarios (comerciales y financieros) para evitar la quiebra. La oferta contemplaba fuertes quitas y pagos a muy largo plazo, pero asegurando un pago inicial uniforme de US$ 30.000 para cada acreedor. En marzo de 2022, el juez civil Fabián Lorenzini (a cargo del concurso) dio por aprobada la propuesta al lograrse las mayorías requeridas de acreedores, y en marzo de 2024 la Cámara de Apelaciones de Reconquista homologó el acuerdo. Sin embargo, algunos acreedores minoritarios impugnaron judicialmente la solución por considerarla abusiva. Finalmente, en febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revocó la homologación del acuerdo preventivo, al declarar que violaba el principio de igualdad entre acreedores​.

El máximo tribunal provincial falló, por mayoría, que el esquema propuesto por Vicentin –pago inmediato de US$30.000 a todos por igual, independientemente del monto adeudado a cada uno– suponía una ventaja desproporcionada para acreedores pequeños (que cobrarían la totalidad o gran parte de su crédito) en detrimento de los acreedores mayores, que enfrentarían quitas de hasta un 85% y 12 años de espera para cobrar el resto​. “No puede aceptarse una lógica binaria de ‘homologación o quiebra’, omitiendo la posibilidad de apertura de un cramdown (rescate por terceros)”, afirmaron los jueces, criticando también la premura por evitar la bancarrota a cualquier costo​. Con esta decisión, el concurso de Vicentin volvió a foja cero, reabriéndose la incertidumbre sobre su futuro. La empresa advirtió entonces que había agotado su liquidez para continuar operando y que carecía de recursos para encarar una eventual alternativa de salvataje externo. Este contexto –Vicentin al borde de la quiebra definitiva– es el telón de fondo sobre el cual la causa penal cobró nuevo impulso a inicios de 2025, derivando en los resonantes allanamientos de marzo.

En efecto, mientras el destino empresarial de Vicentin pendía de un hilo en la justicia comercial, la justicia penal santafesina había avanzado sustancialmente en delimitar las responsabilidades individuales en la debacle. Desde 2020, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja recopilaron una voluminosa investigación de más de 500 páginas que expone un patrón de maniobras ilícitas perpetradas por la conducción de Vicentin​.

En mayo de 2023, trece ex miembros del directorio de Vicentin –incluyendo a los principales accionistas de las familias Vicentin, Padoán, y altos ejecutivos– fueron imputados formalmente por asociación ilícita, estafas y defraudación, quedando la causa elevada a la etapa de requerimiento de apertura a juicio. Según la acusación fiscal, la cúpula de la empresa habría urdido desde 2017 un plan sistemático para simular solvencia financiera ante bancos y proveedores, ocultando el creciente endeudamiento real, con el objetivo de seguir obteniendo crédito y materia prima en condiciones que de otro modo no habrían conseguido​.

Durante la imputación, los fiscales enumeraron conductas delictivas concretas de extrema gravedad: por un lado, al menos 6 hechos de estafa entre 2017 y 2019 contra bancos internacionales, con un perjuicio calculado en US$ 500 millones; por otro, 37 estafas contra productores agropecuarios, acopios, cooperativas y corredores de granos, mediante un ardid para mostrar a Vicentin como empresa sólida y confiable y así lograr que le entregaran granos “a fijar” o en depósito, aún cuando sus directivos ya sabían que era imposible cumplir con esos pagos​. También se les atribuyó una estafa al Banco Macro a través de la presentación de balances falsos para obtener financiamiento​.

Asimismo, la pesquisa describió múltiples actos de administración fraudulenta en perjuicio de los acreedores: por ejemplo, apenas 48 horas antes de comunicar oficialmente la cesación de pagos en diciembre de 2019, el directorio de Vicentin autorizó la venta apresurada de la participación accionaria de la empresa en Renova S.A. –la joya del grupo, una planta de biodiesel y crushing de soja en Timbúes– transfiriendo ese 16,67% a una subsidiaria de Glencore (Renaisco BV) a cambio de liquidez inmediata​. Esa operación se concretó a espaldas de los acreedores y privó a Vicentin de uno de sus activos más valiosos horas antes de anunciar su default, en una negociación marcada por la falta de transparencia según los fiscales​.

Otras maniobras incluyeron el desvío de un millón de dólares del patrimonio de la empresa hacia una sociedad nueva creada por el propio Roberto Gazze en 2019 (“El Liquidámbar” S.A.S.)​, la asunción irregular de deudas ajenas (por ejemplo, incorporar como deuda propia del concurso unos US$ 12,9 millones que en realidad correspondían a obligaciones de Renova)​, y la “fuga” de capital de trabajo mediante una red de compañías vinculadas que facilitaron vaciar a Vicentin en beneficio de terceros. Para la Fiscalía, Daniel Buyatti (presidente del directorio), Alberto Macua (ex vicepresidente), Roberto Gazze (ex gerente financiero) y Omar Scarel (síndico y luego CEO) fueron los cabecillas de la asociación ilícita que pilotearon estas maniobras, contando con la complicidad del resto del directorio​ (todos ellos ahora detenidos). Incluso un auditor externo –Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG que certificó balances de Vicentin– fue imputado como partícipe necesario del fraude, acusado de “dar apariencia de veracidad a balances con información falsa”, facilitando así la estafa a bancos y productores.

Con este contundente cúmulo de evidencias, la Fiscalía no solo impulsó la elevación a juicio sino que solicitó penas de prisión ejemplares: hasta 17 años de cárcel para algunos ex directivos en caso de ser hallados culpables, dada la escala del perjuicio causado​.

Este recorrido judicial, económico y político desde 2019 hasta la fecha pinta un panorama completo del Caso Vicentin: una caída vertiginosa desde la cúspide del sector agroexportador hasta el banquillo de los acusados, con derivaciones que van desde los tribunales comerciales porteños hasta las calles de pequeñas ciudades santafesinas. Pero para entender la dimensión del escándalo, resulta necesario repasar también la historia y el entramado empresarial de Vicentin, cuyo ascenso y comportamiento corporativo previo sentaron las bases de este desenlace.

La ascensión y el entramado de Vicentin: de empresa familiar a gigante agroindustrial

Vicentin no era una empresa más, sino un peso pesado de la agroindustria argentina, con nueve décadas de trayectoria. Sus orígenes se remontan a 1929 en Avellaneda (norte de Santa Fe), cuando un emprendedor local, Pedro Vicentin, fundó junto a su familia una pequeña industria dedicada al procesamiento de oleaginosas y algodón​.

Formalmente constituida como sociedad anónima en 1957, la compañía fue creciendo de la mano del auge agrícola del país, diversificándose en distintos rubros vinculados al campo. Un hito temprano ocurrió en 1966, cuando Vicentin incorporó tecnologías de extracción por solvente en la producción de aceites vegetales, aumentando significativamente su capacidad de procesamiento​.

En 1979 inauguró una segunda planta industrial en Ricardone (sur de Santa Fe), y hacia 1987 logró construir y operar su propio puerto sobre el Río Paraná, en la ciudad de San Lorenzo​. Desde ese muelle estratégico empezó a exportar directamente su producción al mundo, lo que potenció su expansión internacional. En la década de 1990 continuó su crecimiento exponencial: amplió su complejo industrial de San Lorenzo con nuevas plantas de crushing de soja, alcanzando a fines de los ’90 una capacidad de molienda de 10.000 toneladas diarias​. Para entonces, Vicentin ya se había consolidado como una de las principales compañías aceiteras y exportadoras de granos de Argentina, y un actor clave en la economía de toda la región litoral.

Durante los 2000 y 2010, Vicentin profundizó su integración vertical y estableció alianzas con corporaciones globales. Junto a la multinacional suiza Glencore conformó Renova S.A., un joint-venture dedicado a la producción de biodiésel, aceites y subproductos de soja en Timbúes (Gran Rosario), donde montaron una de las plantas de crushing más grandes del mundo (30.000 toneladas de soja por día de capacidad)​. También operaba a través de su subsidiaria Oleaginosa San Lorenzo S.A., otra enorme fábrica de aceite en el cordón industrial santafesino, con capacidad para procesar 16.650 toneladas diarias y un terminal portuaria por la que embarcaban hasta 6 millones de toneladas de granos y harinas al año​. En total, hacia 2019 la empresa declaraba una facturación anual superior a los US$ 4.200 millones​, ubicándose entre los seis mayores exportadores de granos y subproductos del país –disputando los primeros puestos con gigantes como Cargill, Dreyfus, Bunge o Cofco– pero siendo la número uno entre las de capitales nacionales.

El conglomerado Vicentin abarcaba múltiples emprendimientos: además de los negocios principales de acopio de granos, molienda de oleaginosas y exportación de aceites y harinas, participaba en la producción de biocombustibles (era accionista del complejo de biodiésel de Renova en San Lorenzo al 33%, y de otra planta de biodiésel, Patagonia Bioenergía, también al 33%​), producía etanol a base de maíz y sorgo en una planta propia en Avellaneda, y realizaba trading de cereales (maíz, trigo) complementando la actividad industrial –solo en 2018 exportó granos sin procesar por US$ 104 millones–. Entre sus negocios secundarios figuraban la elaboración de aceites comestibles envasados (mediante la firma Renopack), la producción de lecitina de soja (subsidiaria Emulgrain) e incluso rubros alejados del agro como una bodega de vinos de alta gama (Vicentin Family Wines) y la exportación de miel orgánica (a través de la unidad Promiel)​.

El grupo también controlaba frigoríficos y granjas: poseyó el frigorífico Friar (ubicado en Reconquista, dedicado a carne vacuna para exportación) hasta su venta en 2019, y administraba un feedlot de engorde de ganado (Los Corrales de Nicanor). Por otro lado, Vicentin contaba con filiales en el exterior, como Vicentin Paraguay y una sucursal en Uruguay, utilizadas para sus operaciones regionales de comercio de granos y financieros. Esta compleja estructura corporativa permitió, según la justicia, canalizar fondos entre empresas vinculadas e incluso transferir activos fuera del alcance de acreedores –hechos ahora bajo la lupa en la causa penal​–.

A pesar de ser de propiedad familiar (las familias Vicentin y Padoán controlaban la mayor parte del capital), la gestión de la compañía había alcanzado niveles de profesionalización e influencia extraordinarios. Al frente de Vicentin se destacaba Sergio Nardelli, nieto del fundador, quien ejerció como CEO durante años y fue la cara visible de la firma en negociaciones con gobiernos y bancos (Nardelli falleció en agosto de 2020, en medio de la crisis, a causa de un infarto). También integraban el directorio otros descendientes de la familia fundadora –como Máximo, Nicolás y Gustavo Padoán, y miembros del clan Vicentin– junto a directivos técnicos de confianza (Gazze, Buyatti, Scarel, etc.). Vicentin tejió estrechos vínculos con el poder político y financiero a lo largo del tiempo: fue un importante aportante a campañas electorales y supo obtener líneas de crédito privilegiadas de la banca pública. Según investigaciones periodísticas, en los meses previos al default la empresa incrementó exponencialmente sus deudas con Banco Nación, logrando desembolsos millonarios incluso en los últimos días de gobierno de Macri, lo que luego desencadenó sospechas de tráfico de influencias y motivó pesquisas judiciales específicas​.

La estrategia comercial agresiva de Vicentin –apalancada en endeudamiento bancario, pagos diferidos a proveedores y reinversión mínima de utilidades– le rindió frutos durante años, permitiéndole conquistar mercados internacionales. Sin embargo, también la dejó expuesta cuando las condiciones cambiaron. La empresa enfrentó adversidades en 2018-2019, desde la histórica sequía que redujo la cosecha de soja hasta la devaluación del peso tras las PASO de 2019, que encareció sus pasivos en dólares. Para entonces, la compañía ya arrastraba además contingencias fiscales: adeudaba al Estado argentino unos US$ 37 millones por retenciones a la exportación no liquidadas de años anteriores (2012-2013), y tenía un sumario aduanero con posible multa de $426,5 millones por no ingresar divisas de exportación en ese período​. A pesar de su tamaño, Vicentin operaba financieramente al límite, con elevada apalancamiento y riesgo. En palabras de un informe interno del Banco Nación, “si la firma tiene un revés fiscal importante, su compromiso financiero se agravaría”​. Ese revés llegó con el cambio de ciclo político y la restricción del crédito: a fines de 2019, la falta de liquidez desencadenó el colapso.

La historia de Vicentin es así la de un ascenso meteórico de una empresa familiar que llegó a la cumbre de la agroindustria, pero cuyo estilo de gestión –expansivo, riesgoso y aparentemente desapegado de controles– anticipó un derrumbe estrepitoso. Su caída destapó prácticas cuestionables habituales en ciertos círculos empresariales argentinos: utilización del Estado para apalancar negocios privados (créditos baratos nunca devueltos, subsidios, ventajas fiscales), formación de estructuras societarias opacas para eludir responsabilidades, y socialización de las pérdidas cuando el negocio fracasa. Como señaló un analista, Vicentin se volvió un caso emblemático de “empresa demasiado grande para quebrar”, que intentó transferir el costo de su crisis a la sociedad en su conjunto. La intervención fallida del Estado en 2020, las interminables negociaciones concursales y la causa penal en curso son todas aristas de ese complejo legado.

El impacto social y laboral: trabajadores en la incertidumbre y fortunas fugadas

Detrás de las cifras astronómicas y las intrincadas maniobras financieras, el caso Vicentin tiene un rostro profundamente humano y social. El derrumbe de la firma golpeó de lleno a sus empleados, proveedores y a las comunidades del norte santafesino que dependían en gran medida de su actividad. Cinco años después del default, cientos de familias de trabajadores todavía padecen las consecuencias: salarios adeudados, puestos de trabajo en suspenso y una incertidumbre angustiante sobre el futuro. Mientras los directivos de Vicentin afrontan acusaciones por haberse enriquecido y preservado sus patrimonios personales, muchos obreros de la empresa han tenido que recurrir a protestas y reclamos para cobrar su sustento, generando un profundo resentimiento en la región.

Ya en 2020, los obreros de Algodonera Avellaneda acamparon durante meses reclamando pago de sueldos completos, convirtiéndose en símbolo de la otra cara de la crisis. Más recientemente, en los primeros meses de 2025, volvió a estallar el conflicto laboral: Vicentin dejó de pagar en tiempo y forma los salarios de sus empleados aceiteros. A principios de marzo, la compañía solo abonó el 30% del sueldo de febrero a sus trabajadores, alegando que la “crítica situación financiera” le impedía afrontar el total de los haberes​. Los gremios denunciaron inmediatamente la situación –“los directivos de Vicentin pusieron en duda los salarios de febrero”, alertó el sindicato aceitero– y declararon el estado de alerta y movilización, con amenazas de paro nacional en todas las plantas si no se regularizaban los pagos​. Bajo esta presión, la empresa difundió un comunicado de emergencia el 19 de marzo anunciando un plan para saldar la deuda salarial pendiente: prometió depositar un 25% adicional del sueldo en los días siguientes y otro 25% a fines de mes, para así “completar el sueldo de febrero”​. En otras palabras, hacia casi fines de marzo los empleados recién terminarían de cobrar el mes trabajado en enero-febrero. Vicentin se excusó enfatizando la “imperiosa necesidad de normalizar actividades” y vinculó los pagos a la entrada de fondos frescos por trabajos a fasón (maquila) comprometidos​. Pero para los trabajadores, esta explicación sonó a más promesas atadas con alambre, en una empresa que alguna vez fue próspera y hoy ni siquiera garantiza los sueldos mínimos.

El contraste que indigna a obreros y acreedores es que, mientras ellos sufren penurias económicas, los ex directivos de Vicentin mantienen importantes fortunas personales. La investigación penal sostiene que la cúpula empresarial habría desviado y apropiado enormes sumas de dinero durante los años previos al default​. Parte de esos fondos –que legítimamente debieron ir a pagar a productores, empleados o impuestos– habrían sido transferidos al exterior o ocultados mediante testaferros, dificultando su recuperación​.

De hecho, uno de los objetivos de los allanamientos recientes fue incautar bienes y documentos que permitan rastrear el destino del dinero faltante. Las autoridades buscan congelar activos, cuentas bancarias y propiedades vinculadas a los imputados para eventualmente resarcir a los damnificados. Se sabe que las familias propietarias de Vicentin poseen lujosas propiedades –como la mansión allanada en Funes Hills–, vehículos de alta gama e inversiones diversificadas, un patrimonio construido al calor de las décadas de bonanza de la agroexportadora. Esos indicios alimentan la percepción de una injusticia flagrante: mientras la empresa dejó de pagar salarios y deudas, sus dueños conservaron un nivel de vida acomodado. “No pueden pagar los sueldos, pero miren dónde viven”, se escucha en voz baja entre trabajadores, señalando las casas y estancias de los Vicentin en Avellaneda y otras localidades.

El impacto social de la caída de Vicentin trasciende a sus empleados directos. En el tejido económico de Santa Fe, la empresa era un engranaje clave: su parálisis afectó a productores agropecuarios que no cobraron sus cosechas entregadas, a transportistas que perdieron contratos, a comerciantes locales que vieron disminuir sus ventas, e incluso a pequeños ahorristas que invirtieron en la firma a través de obligaciones negociables. En ciudades como Avellaneda y Reconquista, durante años Vicentin fue sinónimo de prosperidad y empleo. Tras el default, esas comunidades experimentaron un aumento del desempleo y la incertidumbre. Hubo también una herida psicológica y cultural: el orgullo local por “la empresa del pueblo” se transformó en perplejidad y bronca. Muchos habitantes que defendieron a Vicentin frente a la expropiación hoy se sienten defraudados al ver las revelaciones de desmanejos internos. “Nosotros salimos con la bandera a apoyar, y ellos resultaron estar vaciando todo”, lamenta en off un comerciante de Avellaneda.

No obstante, la tragedia de Vicentin unió a distintos sectores en pos de buscar justicia y soluciones. Los sindicatos aceiteros y algodoneros se articularon con organizaciones de productores y cooperativas para exigir tanto el pago de deudas como el esclarecimiento penal. Hubo marchas conjuntas de trabajadores y acreedores, como la caravana de tractores y autos que en agosto de 2020 unió Avellaneda con Reconquista hasta la puerta del juzgado, reclamando respuestas​.

La sociedad civil de la región, que inicialmente se dividió entre pro y anti intervención, confluyó luego en el reclamo de que “paguen los que tienen que pagar”. En este sentido, las últimas novedades judiciales –las imputaciones penales y las detenciones de ex directivos– fueron recibidas con una mezcla de alivio y expectativa. Alivio, porque indican que la impunidad no prevalecerá; expectativa, porque aún falta que el proceso llegue a juicio oral y se confirme una condena. Los trabajadores, en especial, anhelan que de comprobarse los delitos, se obligue a los responsables a resarcir los daños, que incluyen los salarios atrasados, las indemnizaciones adeudadas a quienes fueron desvinculados y la reactivación –aunque sea parcial– de las fuentes laborales.

A nivel nacional, el caso Vicentin dejó lecciones y preguntas abiertas. Demostró los riesgos de concentración y falta de controles en el sector agroexportador, donde un gigante puede caer arrastrando a miles de terceros. Reavivó el debate sobre el rol del Estado: ¿debió haberse avanzado con la estatización para salvar la empresa, o hubiera sido premiar la irresponsabilidad privada con dinero público? Por otro lado, visibilizó prácticas de “capitalismo de amigos” –como la facilidad con que obtuvo créditos oficiales– que reclaman mayor transparencia. Y expuso la necesidad de proteger a eslabones más débiles de la cadena (pequeños productores, obreros) frente a defaults empresariales.

Vicentin, emblema del auge sojero argentino, es hoy también emblema de una caída que nadie imaginaba y de una causa judicial sin precedentes. Los allanamientos masivos del 21 de marzo de 2025, con gendarmes irrumpiendo en mansiones y oficinas desde Buenos Aires hasta el norte santafesino, simbolizan la culminación de un largo proceso para develar la verdad detrás del derrumbe. La investigación aún en curso busca cerrar el círculo: recuperar los activos perdidos, castigar a quienes cometieron fraude y, en la medida de lo posible, mitigar el daño colectivo. La historia se sigue escribiendo en los tribunales.

En palabras de un fiscal del caso, “esto recién termina cuando logremos justicia para todos los estafados”. Mientras tanto, en Avellaneda y Reconquista, los obreros de guardia en las plantas vacías de Vicentin y los productores que aún guardan cheques sin fondo esperan que esa justicia, por fin, se concrete.