En una medida sin precedentes, el Gobierno argentino prepara un decreto de necesidad y urgencia que será publicado este lunes en el Boletín Oficial. La emergencia se centrará en el sector energético, abarcando la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
La decisión incluye la intervención de los entes reguladores clave en el ámbito, como el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), a partir del 1° de enero de 2024. Esta intervención se extenderá hasta la designación de los nuevos miembros del Directorio, resultado de un proceso de selección establecido en el decreto.
El objetivo principal del decreto es que la Secretaría de Energía de la Nación establezca mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso. Esto se hace con el fin de mantener niveles de ingresos en términos reales, cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios de todas las categorías.
El texto del decreto instruye también el inicio de la revisión tarifaria conforme a la legislación vigente, determinando que los nuevos cuadros tarifarios resultantes no podrán entrar en vigencia más allá del 31 de diciembre de 2024. Hasta tanto concluya este proceso, se podrán aprobar “adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos” con el objetivo de garantizar la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados.
Uno de los aspectos más destacados es la inclusión de mecanismos que permitan la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria. Este proceso se llevará a cabo conforme a las disposiciones del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” aprobado por el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y sus modificatorios, o según el régimen propio de participación que el Ente Regulador disponga de acuerdo con su normativa vigente.
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