En la mañana del miércoles 9 de octubre de 2024, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en el domicilio de la familia Agustini, ubicado en calle 45 al 962 del Barrio Chapero, en el marco de una investigación por una denuncia de “chantaje”. La operación, ordenada por el juez penal de turno, incluyó el secuestro de computadoras, teléfonos celulares y documentación solicitada por el Ministerio Público de la Acusación.
La causa se inició luego de que una mujer denunciara a Pablo Agustini por exigirle una suma de dinero en moneda extranjera (dólares o euros) a cambio de no viralizar fotos comprometedoras que supuestamente tenía en su poder. El fiscal regional Rubén Martínez firmó la solicitud de allanamiento, mientras que Valentín Hereñú, fiscal del caso, ordenó la detención de Agustini más tarde ese mismo día. Se prevé que Agustini sea llevado ante el juez penal de turno para imputarle el delito de “chantaje”, tipificado en el artículo 169 del Código Penal Argentino.
¿Qué dice el Código Penal sobre el delito de chantaje?
El artículo 169 del Código Penal Argentino establece que quien obligue a otro, mediante amenazas o intimidación, a entregar dinero u otros bienes con el fin de obtener una ventaja económica ilícita, incurre en el delito de chantaje. Este tipo de delito es castigado con una pena de entre cinco y diez años de prisión. En este caso, la presentación de pruebas por parte de la denunciante —que incluyen fotos ofensivas al pudor— reforzaría la imputación a Agustini, quien habría utilizado dichas imágenes para extorsionar.
Los pasos que siguen en el proceso
Una vez detenido Agustini, el Código Procesal Penal de Santa Fe establece una serie de pasos a seguir. En primer lugar, el fiscal Valentín Hereñú debe formular la imputación en una audiencia ante el juez penal, donde se detallarán los cargos en su contra, en este caso, por el delito de chantaje. Durante esta audiencia inicial, se decidirán también las medidas cautelares que podrían aplicarse, como la prisión preventiva, si se considera que existe riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Luego de esta audiencia, se inicia la fase de investigación formal, donde la defensa y la fiscalía podrán presentar pruebas. Si las pruebas son suficientes, el caso avanzará a la etapa de juicio, donde un tribunal determinará la culpabilidad o inocencia del acusado. Todo el proceso está supervisado por los principios de celeridad, igualdad de armas y respeto a las garantías constitucionales.
Este caso muestra cómo las leyes de chantaje del Código Penal se implementan mediante las herramientas procesales del sistema judicial santafesino, garantizando el debido proceso tanto para la parte acusadora como para el acusado.
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