La diputada socialista consideró inédita la destitularización de docentes realizada por la actual administración. Afirmó que se vulneraron derechos paritarios y que hubo macartismo.
“¿La pandemia es la justificación para que desde marzo no se hayan respondido las tres observaciones del Tribunal de Cuentas, observaciones totalmente contestables?. ¿Por qué no se respondieron esas observaciones?. ¿Existía una voluntad expresa de destitularizar docentes?”. Los interrogantes fueron planteados por la diputada socialista Claudia Balagué -ex ministra de Educación- en la propia Cámara en respuesta a la decisión de su sucesora, Adriana Cantero, de dar marcha atrás con tres decretos de titularización de docentes que tuvieron observaciones del Tribunal de Cuentas.
Balagué había respondido mediante un comunicado a comienzos de semana cuestionando la decisión de Cantero, pero usó la banca -desde la virtualidad- para exponer sobre el tema, invitando a sus pares a recorrer las tareas que en talleres realizan docentes cuestionados y destitularizados. Pero también habló de macartismo señalando que se les pregunta a los docentes la filiación política y no dejó de cuestionar la política educativa de la gestión Perotti ante la pandemia.
Durante la última sesión no solo Balagué habló de Educación. Antes se habían votado dos proyectos, uno de ley, para crear un programa de financiamiento para garantizar el traslado a núcleos rurales secundarios de la provincia y una declaración exhortando a la vuelva a clases presenciales el año próximo.
Balagué calificó de “pésima noticia” la decisión del gobierno de dar marcha atrás con los concursos. “La destitularización es un proceso inédito, nunca ocurrió en la provincia donde en 12 años hubo más de 55.000 titularización en un proceso sistemático, paritario y transparente” definió. Acotó que los decretos del Poder Ejecutivo “quieren echar un manto de sospecha sobre ese proceso. Espero que no sea el inicio de un proceso de quitar beneficios, de ajuste, de persecución a los docentes”.
Comparó el hecho con la desjerarquización del ministerio de Ciencia y Tecnología, con el abandono del Acuario de Rosario donde denunció la muerte de más de cien especies autóctonas, con el cierre de la Casa de la Cultura y de otros espacios como la Redonda.
Sobre el sistema educativo actual y la pandemia advirtió que Flacso menciona que en Santa Fe 120.000 alumnos están fuera del sistema pero que los docentes duplican esa cifra por la desvinculación de chicos, y que Cippec informa que apenas el 0,1% de los alumnos santafesinos volvieron a la presencialidad.
“No hay ni hubo acompañamiento a los docentes en la pandemia en la virtualidad y hoy son agraviados. Son agraviados algunos grupos en particular: Los docentes de formación profesional, Nueva Oportunidad. Los que pusieron el cuerpo todos los días para que miles de jóvenes que estaban en la calle, en situación de violencia, en conflicto con la ley pudieran adquirir un oficio y tener otra perspectiva de vida”, aseguró. “Los docentes atacados son los innovadores, los preparados en la universidad, premiados en América y atacados en Santa Fe”, subrayó.
“Cuanto más necesitamos a estos docentes comprometidos, más se vulneran sus derechos a ser titulares. No entraron por la ventana, hace años que están trabajando con esta modalidad en el sistema educativa” y pasó luego a responder las objeciones del Tribunal de Cuentas, esas que -destacó- estaban desde marzo en cajones de Educación y la cartera resolvió no contestar.
Garantizar el 2021
Diputados aprobó un proyecto impulsado por el demoprogresista Gabriel Real pidiendo al Poder Ejecutivo arbitre los medios pertinentes “para que se establezcan, con debida anticipación, todas las medidas tendientes para garantizar mediante los protocolos correspondientes, el retorno a la modalidad presencial en todos los niveles para el ciclo lectivo 2021, con el claro objetivo de otorgar continuidad pedagógica y revinculación aúlica a toda la población educativa”.
El legislador afirmó que “sin excusas y con la debida previsibilidad debemos garantizar que no se produzca un episodio de catástrofe educativa en el territorio de la provincia. Las clases deben ser presenciales, todo este proceso vivido ha evidenciado una situación de enorme desigualdad, que los chicos no vayan a la escuela por un tiempo tan prolongado, en particular los más vulnerables, es una catástrofe”.
La comisión de Asuntos Constitucionales unificó varios proyectos sobre la materia donde se pide que Educación defina las pautas a considerar para una convivencia de la presencialidad aúlica con el Covid-19: un sistema de escolaridad que combine clases presenciales y virtuales sólo en aquellos casos que tengan acceso permanente; atender prioritariamente a la población estudiantil que no ha podido acceder a las propuestas de educación a distancia durante el aislamiento por no contar con conectividad a Internet, dispositivos tecnológicos y demás condiciones necesarias y considerar especialmente a los estudiantes con mayores dificultades para sostener sus trayectorias educativas. También incorpora la necesidad de evaluar acciones aplicables a los grupos de estudiantes que asisten a los últimos niveles educativos, a fin de articular el paso al nivel siguiente superior en mejores condiciones; la realización de actos de fin de ciclo de forma presencial en espacios abiertos y con grupos reducidos; organizar el modo de socialización en los espacios de recreos y comedores escolares y generar espacios de diálogo y reflexión intraescolar para ofrecer a los estudiantes contención, apoyo emocional y la posibilidad de compartir la experiencia vivida, producto del impacto que tendrá esta pandemia en sus vidas.
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