En una jugada política audaz, el presidente Javier Milei ha presentado ante el Congreso de la Nación Argentina un ambicioso proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Este megaproyecto, compuesto por más de 350 páginas, busca realizar profundas modificaciones económicas, destacándose entre ellas la posibilidad de que Milei, en su calidad de jefe de Estado, pueda modificar las retenciones a su discreción sin necesidad de pasar por el cuerpo legislativo.
El capítulo más controversial del proyecto, conocido coloquialmente como la “Ley Milei”, aborda las retenciones y plantea cambios significativos en el esquema impositivo a las exportaciones. Aunque en términos generales no difiere sustancialmente de lo anunciado por el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, existen detalles que podrían generar polémica y descontento en ciertos sectores.
Una de las sorpresas más notables es la inclusión del aceite de limón en el grupo de productos beneficiados con una alícuota reducida del 8%, en contraste con la tasa estándar del 15%. Sin embargo, este gesto de alivio fiscal no ha evitado que sectores rurales expresen su descontento, especialmente por la exclusión de la minería y los hidrocarburos del aumento de retenciones.
Quizás la propuesta más controvertida sea la solicitud de Milei para obtener la potestad de modificar las retenciones sin necesidad de la aprobación del Congreso durante todo su mandato. Esta prerrogativa permitiría al presidente ajustar las tasas, tanto a la baja como al alza, para los sectores actualmente excluidos, con un límite máximo del 15%.
Los artículos 200 al 207 del proyecto detallan las intenciones del Ejecutivo en relación con las retenciones. Se destaca el aumento de todas las alícuotas hasta el 15%, con excepciones para productos como la soja, que verá un aumento al 33%, y la exención de los derechos de exportación para los hidrocarburos y la minería.
A pesar de la falta de un cronograma para la reducción o eliminación de las retenciones, el proyecto solicita al Congreso la facultad de “reducir la alícuota de derechos de exportación” hasta el 0%. Sin embargo, también busca la facultad de incrementarlas, estableciendo un límite del 15%, con la condición de que estas decisiones estén respaldadas por un informe técnico del Ministerio de Economía.
Una faceta crucial del proyecto es la duración de estas facultades, solicitando que se extiendan hasta el 9 de diciembre de 2027, abarcando así la totalidad del mandato presidencial de Milei. Este aspecto agrega un elemento adicional de permanencia y estabilidad a las propuestas del presidente en el ámbito económico.
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